Una nueva querella pide al Supremo que investigue a fondo la Operación Cataluña del Gobierno de Rajoy

La Operación Cataluña ―el plan urdido supuestamente por cargos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para desacreditar, incluso con denuncias falsas, a dirigentes independentistas catalanes― ha sumado una nueva iniciativa penal contra ex responsables políticos y policiales. Miembros de la familia Sumarroca, a la que la policía atribuyó estrechas relaciones con el ámbito independentista durante el procés, han presentado una querella ante el Tribunal Supremo.

La querella se apoya, entre otras cosas, en las grabaciones hechas a lo largo de los años por el excomisario José Manuel Villarejo que EL PAÍS ha publicado en los últimos meses. En uno de estos audios, el ministro de Interior en el primer Gobierno de Rajoy (2012-2016), Jorge Fernández Díaz, le dice al entonces jefe de la policía, Eugenio Pino, y al comisario Villarejo: “Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido”. En la conversación se aborda la presentación de denuncias contra el expresidente catalán Jordi Pujol.

La iniciativa, cuyo contenido fue adelantado por La Vanguardia, se ha formalizado ante el Supremo porque entre los querellados se encuentra la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, que está aforada por su condición de senadora autonómica.

Según la querella, presentada ante la Sala Penal del Supremo por el letrado Jordi Pina, “a partir del año 2012 y en años posteriores, coincidiendo con el importante auge del movimiento independentista catalán, varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, incluso determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de Operación Cataluña”. A partir de las anteriores noticias, así como de las pruebas gráficas y sonoras que las acompañan, añaden, “se ha podido reconstruir una relación de hechos penalmente relevantes”.

El escrito argumenta que, aunque existen “lagunas fácticas” que deberán aclararse con la investigación judicial, “los hechos ya acreditados y las pruebas fehacientes que los avalan son más que suficientes” para considerarse indicios relevantes de “hechos delictivos muy graves”, lo que obliga a una exhaustiva investigación judicial “para su pleno esclarecimiento”.

Entre las personas que se consideran implicadas figuran la exlíder del PP catalán y actual senadora autonómica Alicia Sánchez-Camacho, el excomisario Villarejo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, así como el excomisario Eugenio Pino y el inspector Álvaro Ibáñez.

Los presuntos delitos que se les imputan son los de organización criminal, falsedad en documento oficial, detenciones ilegales, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Los señalados pusieron en marcha, según los querellantes, una estrategia consistente “en obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al (…) movimiento independentista”. Los querellantes explican que, entre estas personas afectadas por la operación, se encontrarían miembros de la familia Sumarroca, “una conocida familia del tejido empresarial catalán que, según los querellados, se encontraba fuertemente vinculada con la familia Pujol, cuyo patriarca se consideraba el factótum del movimiento independentista”.

Manuel García-Castellón, juez instructor del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, comunicó precisamente este martes la apertura de una pieza separada de la causa para investigar los audios publicados por EL PAÍS y el diario Fuentes Informadas, entre los que se encuentran las grabaciones sobre la Operación Cataluña.