Una juez andorrana comunica a Rajoy que le investiga por la Operación Cataluña

Una juez andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según han informado las entidades denunciantes.

La Batlle de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, ha expedido ahora comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da 15 días para que designen representación letrada, advirtiéndoles de que, de no hacerlo, se les nombrará uno de oficio, han explicado el Institut y Drets en un comunicado. También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al ex inspector jefe Bonifacio Díez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron.

La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada policía patriótica, se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol. Presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, en ella se acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la Policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras y la familia Pujol.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid (ambos ya clausurados) si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano y a sus ministros durante una visita oficial al Principado en enero de 2015 para precipitar el cierre de la entidad.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal