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Los últimos audios de la Operación Cataluña quedaron fuera del ‘caso Villarejo’

El juez y la Fiscalía han rechazado hasta ahora investigar las maniobras realizadas por un grupo de policías contra el independentismo al considerar que no encajan en ningún artículo del Código Penal

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada el 8 de febrero a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada el 8 de febrero a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).Jesús Hellín (Europa Press)
Óscar López-Fonseca

Los últimos audios conocidos que revelan que el comisario jubilado José Manuel Villarejo planificó, en 2012, con un alto cargo del Ministerio del Interior la publicación en un periódico de un informe policial con datos falsos sobre corrupción de dirigentes independentistas abundan en la tesis de una Operación Cataluña contra el secesionismo impulsada por ese ministerio bajo Gobierno del PP. Pero tanto el juez de la Audiencia Manuel García-Castellón como la Fiscalía Anticorrupción decidieron en su día no investigar esta cuestión. El criterio esgrimido fue que esas maniobras no encajan en ningún artículo del Código Penal, según explicaron fuentes de Anticorrupción. En las conversaciones ahora desveladas por EL PAÍS, el comisario y su interlocutor ―Francisco Martínez, entonces jefe de Gabinete del ministro Jorge Fernández Díaz― hablan de la elaboración de un documento policial apócrifo sobre unas supuestas fortunas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas en bancos suizos, que nunca se demostraron ciertas, y su filtración a un medio de comunicación antes de las elecciones catalanas de aquel año, en las que Mas revalidó su mayoría, pero perdió 12 escaños.

La Operación Cataluña ha planeado desde el inicio de la investigación sobre el caso Villarejo. El 3 de noviembre de 2017, el día en el que agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detenían al comisario jubilado y a varias personas de su entorno, ya se localizaron documentos que apuntaban a la existencia de estas maniobras contra el independentismo catalán y a la participación en las mismas del policía. Un documento judicial de 121 páginas, denominado “diligencia índice” e incorporado al sumario a finales de 2018 con una enumeración de toda la documentación intervenida en los registros de 14 viviendas y oficinas, entre ellos varios vinculados a Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, confirmaba el hallazgo de, al menos, seis informes sobre este operativo clandestino. Entre ellos, uno de 34 páginas “relativo a diversas personas”, entre las que aparecía Mas. Tres de esos documentos, incluido el referido al expresidente catalán, fueron clasificados por el juez, en abril de 2020, como confidenciales al considerar que podían contener “secretos oficiales”.

Posteriormente, en enero de 2021, el juez ordenó precintar y custodiar “en condiciones de máxima seguridad” en el juzgado otra veintena de documentos intervenidos al comisario, en este caso en soporte digital, entre ellos 1 hora y 55 minutos de audios referidos a la Operación Cataluña. Estos últimos eran, en concreto, cinco archivos grabados entre el 23 de noviembre y el 10 de diciembre de 2012, justo cuando se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña, relacionadas “con las funciones encomendadas a Villarejo de captación de información de interés policial”. Cuatro de ellas, que tienen en su título las iniciales “JR”, recogen conversaciones del comisario con el empresario Javier de la Rosa, pieza clave en la apertura del caso Pujol porque fue él quien denunció ante la Policía la existencia de cuentas en el extranjero de la familia (aunque después se desdijo ante el juez y negó en el Parlament haber cobrado de los fondos reservados) y al que se menciona en los audios ahora conocidos. Parte de esas grabaciones sirvieron para que Villarejo elaborase distintas “notas informativas” (documentos de uso interno dentro del cuerpo) que remitía a sus superiores.

En una de estas grabaciones, de 1 hora y 23 minutos de duración, De la Rosa asegura que él había llevado “maletas de la Generalitat por una puerta que había detrás del despacho [de Jordi Pujol] y se las bajaba a su hijo, que las metía en su coche”. En otro momento, el policía pregunta a su interlocutor “si sabe de las cuentas que pudiesen tener en el extranjero para ver si se puede hacer un rastreo”, y el empresario le comenta, según el informe policial incorporado al caso Villarejo, “diversos detalles”. El comisario pide entonces “máxima discreción”.

En otra conversación, esta del 23 de noviembre de 2012 y de poco más de 15 minutos, Villarejo anticipa a De la Rosa que un sindicato policial va a hacer públicos en rueda de prensa varios informes apócrifos sobre las finanzas de Convergència, el partido de Pujol y Mas, para denunciar que los agentes que los elaboraron “han recibido presiones del Gobierno para no investigar a los de CiU”. Esa rueda de prensa se produjo finalmente en esos términos como un elemento más de la llamada Operación Cataluña.

En el sumario del caso Villarejo intentó personarse como acusación Jordi Pujol Ferrusola, el primogético del expresidente de la Generalitat e investigado por el supuesto orígen ilícito de su patrimonio, tras conocerse que el comisario tenía a los miembros del clan familiar entre sus objetivos. El juez García-Castellón lo rechazó con el argumento de que los Pujol eran un objetivo de interés policial y no constaba que se hubieran usado medios ilegales para investigarles.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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