El viaje a Andorra que arrastra a Rajoy en la causa contra la “policia patriótica”

A Mariano Rajoy le esperan de nuevo en Andorra. Fue el primer presidente español en visita oficial al país de los Pirineos. Llegó el 7 de enero de 2015. Al día siguiente, se reunió con su homólogo, Antoni Martí, y con tres de sus ministros, y voló de vuelta a Madrid. El futuro judicial de Rajoy está ahora en manos, en parte, de Martí y de sus ministros, que previsiblemente declararán como testigos ante la jueza que investiga el chantaje de la llamada policía patriótica a los responsables de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) para que entregaran información bancaria sobre los líderes independentistas.

Rajoy permanece investigado allí desde hace dos años, cuando el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) elevó la dimensión de un proceso que lleva abierto desde 2016. Si la justicia española tiene fama de lenta, la andorrana no le anda a la zaga. Esta semana, la jueza especializada Stephanie Garcia ha enviado una comisión rogatoria internacional dirigida a España para que notifique al expresidente Rajoy su condición de “querellado”, la misma que comparte con otros miembros de su gabinete como los exministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y Jorge Fernández Díaz (Interior).

La reunión del 8 de enero de 2015 es la base sobre la que pivota la investigación contra el exlíder del PP. Según el comunicado conjunto difundido aquel día, la visita pretendía “consolidar las buenas relaciones” y aplaudir las reformas “fiscales y de transparencia” en el Principado. Los querellantes, sin embargo, sospechan que Rajoy presionó a los dirigentes andorranos para que facilitaran información sobre supuestos depósitos en ese país del entonces presidente del Govern, Artur Mas, y del líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

A Rajoy y Montoro —que le acompañaba en el viaje— se les atribuye un delito de “coacciones de órganos constitucionales”, que castiga a quienes mediante “intimidación” traten de “influir” en el Govern andorrano para que “adopte una decisión” determinada. La pena prevista es de dos a cinco años de cárcel. También están investigados por falsedad documental. Según la denuncia, el Gobierno español envió “información financiera falsa” sobre la Banca Privada de Andorra (BPA) al Fincen, el organismo de control de crimen financiero de Estados Unidos, para que la castigara por blanqueo de capitales. En la visita, ambos usaron presuntamente esa información para “hacer creer” a Martí y el resto que debían “intervenir y liquidar el BPA”, según la denuncia.

No hay fecha prevista todavía para la declaración de Rajoy, que según los denunciantes no puede acogerse a la inmunidad diplomática porque esta solo protege, en Andorra, a los jefes de Estado. El IDHA recoge en su denuncia una frase que el expresidente pronunció aquel día para que, llegado el momento, no se le pase por la cabeza eludir la llamada de los tribunales. “Respetaré siempre las decisiones que tome la justicia andorrana y de cualquier país, como demócrata que soy”, dijo. Lo de acudir es un decir, porque el procedimiento habitual en casos de envergadura es que la jueza andorrana se desplace a Madrid con un interrogatorio preparado y que un juez de la Audiencia Nacional formule las preguntas. Tampoco se ha puesto fecha a las declaraciones de Martí y sus ministros, que pueden ser importantes para determinar si Rajoy y Montoro solo hablaron de lo buenas que eran las relaciones entre los dos Estados o se interesaron, también, por el dinero de los independentistas.

“De lo contrario, el banco morirá”

El momento escogido por Rajoy para viajar a Andorra no podía ser más incómodo para ambas partes, ni al mismo tiempo más oportuno. El Gobierno se hallaba inmerso en un conflicto —que el tiempo solo intensificaría— con la Generalitat, que el 9 de noviembre de 2014 había organizado una consulta no vinculante sobre la independencia. La llegada al poder del PP tres años antes había supuesto la activación de una serie de mandos policiales que, bajo el amparo del Ministerio del Interior, se prestaron a combatir al independentismo con operaciones presuntamente fuera de la ley. Es lo que se ha bautizado como Operación Cataluña.

Una de las obsesiones de la “policía patriótica” —con el excomisario jubilado José Manuel Villarejo a la cabeza— para erosionar al secesionismo fue descubrir los trapos sucios de sus líderes. Como el expresidente Jordi Pujol, a quien se consideraba aún con capacidad para detener el auge del secesionismo. En la primavera de 2014, el presidente del banco, Higini Cierco, y el consejero delegado, Joan Pau Miquel, recibieron mensajes y visitas de mandos policiales en las que se les hizo ver que debían entregar información sobre Pujol, Mas y Junqueras o, de lo contrario, no habría futuro para el BPA. Esas supuestas amenazas y coacciones ocurrieron en Andorra y fueron el origen de la querella que hoy arrastra a Rajoy.

“Sería conveniente que hablases con unas personas de Madrid para el tema del banco. De lo contrario, el banco morirá y los americanos están al corriente de cómo hacerlo”, le dijo Celestino Barroso, agregado de Interior en la embajada española en Andorra, a Cierco. Unas palabras que repitió en una reunión en persona, el 2 de junio de 2014, con el consejero delegado de BPA. Miquel tuvo la prudencia de grabar la conversación, que consta en la causa andorrana, a la que ha accedido EL PAÍS. Más tarde, se reunió con otro mando policial —el exjefe de asuntos internos de la Policía, Marcelino Martín Blas— en el hotel Villa Magna de Madrid. Allí, este mando le dijo: “El Estado español está en guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo catalán”.

Esas interacciones fueron, con toda probabilidad, el origen del pantallazo publicado por El Mundo el 7 de julio de 2014, en el que aparecía un extracto de las cuentas corrientes de la familia Pujol en Andorra. Unos días después, el expresidente catalán confesó públicamente que su familia había mantenido depósitos ocultos durante más de tres décadas; la justicia española sospecha que el origen de esos fondos es ilícito y ha dejado a los Pujol a las puertas del banquillo.

Cuando Rajoy llegó a Andorra para la visita, el escándalo Pujol acababa de estallar. Dos meses después, tal como habían amenazado los mandos policiales, el Fincen lanzó una nota en la que vertía sus sospechas sobre el blanqueo de fondos en BPA —que luego no se probó— y el banco fue intervenido, lo mismo que su filial Banco Madrid. “Nadie puede negar el nexo causal entre la visita de Rajoy y la tormenta bancaria del 10 de marzo de 2015″, afirma la entidad que promueve el respeto por los derechos humanos. La sospecha de los querellantes -IDHA, pero también la asociación catalanista Drets, la familia Pujol e Higini Cierco- es que el Gobierno español aprovechó ese momento para acceder a los datos de los Pujol y para rastrear cuentas de Mas y Junqueras, que nunca aparecieron porque no tenían depósitos allí.

En 2016, la investigación judicial de Andorra se centró solo en los dos policías que coaccionaron a BPA “en nombre del Estado” y que, según lo ve el IDHA, “extorsionaron a ciudadanos andorranos”. Un año después, la jueza admitió que la querella se dirigiera también contra el antiguo DAO Eugenio Pino —condenado en España por la obtención ilegal de un pendrive con información de los Pujol—, y contra otro mando policial, Bonifacio Díaz. La declaración, como testigo, de Villarejo, permitió elevar el tiro. El comisario jubilado afirmó, desde la prisión de Estremera, que la inspección del servicio de blanqueo de capitales español (Sepblac) a Banco Madrid en 2014) “fue una operación política”; que Martín Blas quería que el consejero delegado de BPA “le facilitara datos de cuentas de la familia Pujol”, y que Pino “no tenía capacidad para dar una orden de tal envergadura”.

Sobre ese apoyo, los denunciantes elevaron pidieron, con éxito, la imputación de los responsables políticos de Interior (el exministro, pero también el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, y el exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó) y de miembros del Gobierno el PP. Con estos movimientos, Andorra toma la delantera a España en la investigación de la “policía patriótica”: la Audiencia Nacional rechazó investigar las maniobras de Villarejo contra los Pujol con el argumento de que ya había una causa abierta en Andorra.

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