Eduardo Zaplana, a prisión sin fianza

La juez de Valencia Isabel Rodríguez ha enviado este jueves a prisión provisional comunicada y sin fianza al exministro del PP Eduardo Zaplana, detenido este martes en Valencia dentro de la Operación Erial. Zaplana está acusado de blanquear 10,5 millones de euros procedentes de comisiones presuntamente cobradas en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y ocultados durante más de una década en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la medida alegando que existía riesgo de fuga.

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La magistrada también ha enviado a prisión a Francisco Grau y Joaquín Barceló, personas de estrecha confianza de Zaplana desde hace más de 20 años. El primero, ex secretario general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), está considerado su asesor fiscal, mientras que Barceló, que fue director del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, habría actuado como su testaferro inmobiliario en España.

Los investigadores consideran acreditado que Zaplana recibió comisiones por la adjudicación de contratos del Plan Eólico Valenciano y por las concesiones de las ITV en la Comunidad Valenciana, y que había empezado a reintroducir el dinero en España. Pero estiman que durante su carrera como cargo público obtuvo de forma ilegal, en total, "decenas de millones" de euros, parte de los cuales continúan ocultos en el extranjero a través de una compleja red de despachos de abogados y testaferros, detallada en cuatro folios manuscritos que figuran en el sumario, lo que eleva el riesgo de que pueda intentar sustraerse a la acción de la justicia.

Zaplana se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada. La instructora ha decretado su ingreso en la cárcel de Picassent (Valencia) tras ser detenido el martes junto a su domicilio en Valencia y pasar una noche en la Comandancia de la Guardia Civil de esta ciudad y otra en dependencias del Instituto armado en Madrid. La defensa del exministro de Trabajo solicitó el miércoles su puesta en libertad debido a los problemas de salud que padece, que se habrían agravado tras pasar dos días asistiendo a registros en las mencionadas ciudades, además, de en Benidorm, municipio del que fue alcalde entre 1991 y 1994, una petición que fue rechazada por la magistrada. Este periódico ha intentado sin éxito obtener la versión del equipo jurídico que defiende a Zaplana.

La magistrada ha dejado en libertad con la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada semana en el juzgado a otros dos de los principales detenidos el martes, los hermanos José y Vicente Cotino. La juez cree que sus empresas, la más conocida de las cuales es Sedesa, pagaron comisiones a Zaplana a cambio de obtener contratos del plan eólico y las ITV.

El tío de ambos, Juan Cotino, que fue director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y presidente de las Cortes Valencianas, entre otros cargos, ha comparecido como investigado ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y será citado por la magistrada en los próximos días. Los tres miembros de la familia Cotino también se han negado a declarar.

Los otros dos detenidos en la operación del martes, el que fuera antiguo jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat valencina y presidente de Estudiantes Juan Francisco García, así como Felisa López, exdirectiva del parque temático de Benidorm Terra Mítica y esposa de Joaquín Barceló, han quedado en libertad con prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

En la causa hay, en total, una decena de imputados, pero solo siete fueron detenidos. Los tres que no lo fueron serán citados a declarar por la juez en los próximos días. Además de Juan Cotino, se encuentran en esta situación la esposa de Zaplana Rosa Barceló, que también ha guardado silencio este jueves en su comparecencia ante la Guardia Civil, y Mitsuko Henríquez, la secretaria personal del exministro tanto en su etapa como cargo públic