Zaplana describió su red de blanqueo en cuatro folios manuscritos

La caída del exministro Eduardo Zaplana, detenido el martes en Valencia, empezó con la incautación en 2015 por parte de la Guardia Civil de cuatro folios, manuscritos presumiblemente por el propio exdirigente del PP. El documento detallaba el circuito internacional de blanqueo que supuestamente utilizó para lavar las comisiones cobradas por el Plan Eólico Valenciano, un proyecto que puso en marcha en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana.

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Las hojas recogían detalles de los contratos amañados, las empresas beneficiarias, cifras de las mordidas presuntamente pagadas y los nombres de cerca de una decena de bufetes radicados en el extranjero, principalmente Latinoamérica, que ayudaron a crear el entramado societario con el que ocultar el dinero. Los investigadores de la Operación Erial arrestaron a Zaplana tras detectar que había reintroducido en España 10,5 millones de euros, pero estiman que los fondos que obtuvo de forma ilegal durante su etapa de cargo público, parte de los cuales aún mantiene en el extranjero, ascienden a “decenas de millones”.

Los cuatro folios fueron entregados en 2012 por el imán sirio de una mezquita de Valencia a Marcos Benavent, el ex alto cargo del PP que se describió a sí mismo como un “yonqui del dinero”. Benavent confesó en 2015 su participación en la red del 3% desmantelada en el caso Taula, y desde entonces colabora con la Fiscalía. Ese año, Benavent reconoció tener los documentos que ahora incriminan a Zaplana y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los intervinieron con una orden judicial en el despacho de su abogado.

El arrepentido declaró sobre su contenido ante la Guardia Civil en 2015 y 2016. Ante la magistrada Isabel Rodríguez, que dirige la causa desde el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, lo hizo este martes, mientras Zaplana asistía al registro de su piso en el centro de Valencia. En las tres declaraciones, Benavent aseguró que el imán, aquel conoció en los años en que él era gerente de la empresa pública Imelsa, le contó que había encontrado los papeles al instalarse en una vivienda de la ciudad en la que previamente había residido Zaplana.

En las anotaciones figuraban adjudicaciones de Sedesa, la empresa vinculada a la familia Cotino, dos de cuyos miembros, los hermanos José y Vicente, fueron detenidos el martes. Su tío Juan, ex director general de la Policía con José María Aznar y exvicepresidente de la Generalitat, ha sido citado para declarar como investigado hoy ante la UCO. En los documentos también aparecían otras empresas beneficiadas por el Plan Eólico Valenciano junto a anotaciones de cantidades presuntamente entregadas como sobornos.

Adjudicación de las ITV

Además del Plan Eólico, los investigadores consideran sólidos los indicios del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de las ITV de la Comunidad Valenciana, en 1997, unos contratos que también beneficiaron a los Cotino. Fuentes del caso señalan que no se descartan otras vías de investigación, pero que de momento las pesquisas están centradas en aquello que consideran acreditado tras dos años y medio de trabajo.

Aunque los supuestos delitos de malversación y cohecho —sobornos— por las adjudicaciones habrían prescrito, no lo estaría, en cambio, el delito de blanqueo cometido al intentar reintroducir los fondos en el circuito legal español. En esa maniobra, que según fuentes de la causa se ejecutó de forma apresurada en los últimos meses, Zaplana y sus colaboradores utilizaron sociedades vinculadas a distintas actividades económicas, entre ellas la inmobiliaria. En este terreno, La Guardia Civil adjudica un papel relevante el exdirector del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, Joaquín Barceló, y su esposa Felisa López, exdirectiva de Tierra Mítica, también detenidos el martes.

Está previsto que cuando terminen los registros, que este miércoles prosiguieron en Madrid, Zaplana sea interrogado, primero, por la Guardia Civil y, después, por la juez. En situaciones similares, en los que a los investigados se les atribuye fondos ocultos en el extranjero, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional sin fianza. Ayer su defensa pidió su puesta en libertad por su estado de salud.