Juicio a Zaplana: El interventor del concurso de las ITV fue separado de su puesto dos horas antes de adjudicar el amaño

La Audiencia de Valencia juzga, desde mediados del pasado mes de marzo, al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo por el presunto amaño de los contratos de los servicios de ITV y de los parques eólicos y el cobro de mordidas a los adjudicatarios. Los empresarios José y Vicente Cotino admitieron hace unas semanas haber pagado por llevarse parte de esos contratos, el jefe de gabinete de Zaplana reconoció haber beneficiado a las empresas de estos en la redacción de las condiciones para las concesiones y este miércoles el interventor de la mesa de contratación ha relatado su intervención en el procedimiento y cómo le separaron del mismo después de poner algunas pegas. Los tres testimonios apuntalan la acusación de prevaricación.

En su declaración ante el tribunal, el interventor ha explicado que, como funcionario de la Generalitat Valenciana, participó en el proceso de adjudicación de los servicios de las ITV hasta dos horas antes de que la mesa de contratación resolviera las concesiones, que fue apartado de su cargo. El interventor ha relatado cómo presentó tres observaciones a los pliegos: dos de ellas sobre legislación europea, fueron atendidas. La tercera, que hacía referencia a la valoración económica, fue obviada y por ello, según ha indicado, la administración fue perjudicada y limitó el beneficio que podía haber sacado de los contratos. Como técnico requirió además a que cada criterio puntuado debía ser valorado con un informe técnico, observación que tampoco fue atendida. El día en el que la mesa de contratación debía adjudicar las ITV fue llamado por el interventor general de la Generalitat que le comunicó que no tenía que acudir a la reunión porque había sido relegado de su puesto: “Dio la casualidad que fue ese día”, ha manifestado ante el tribunal.

No ha sido este el único testimonio que ha apuntalado las acusaciones contra Eduardo Zaplana. El caso tuvo su origen en el hallazgo de unos papeles, la llamada la “hoja de ruta” de la trama diseñada para cobrar y repatriar a España las mordidas. Los documentos fueron entregados a Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, por parte de un ciudadano sirio. Este encontró los papeles en un piso que había sido propiedad de Zaplana y que alquiló poco después que el entonces presidente de la Generalitat lo abandonara. “En la casa, cuando se entra a habitación principal, en la esquina abajo hay una puerta pequeña, que se abre y ahí hay una caja fuerte. En un pequeño hueco en la pared, como un lateral, es donde estaban los papeles”, ha explicado. Imad Al Naddaf Yaloud, que ha negado tener ningún tipo de relación con el CNI, tal como dijo el excomisario José Manuel Villarejo, ha manifestado que entregó los escrito a Benavent porque era a él a quien conocía por coincidir en diversos actos públicos, a los que acudía en representación de la comunidad árabe.

Tampoco ha beneficiado al dirigente del PP el testimonio de Joaquín Torres, el llamado arquitecto de los famosos, que ha contado cómo Eduardo Zaplana compró una casa en La Finca, una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, pese a que él no aparecía como comprador. Torres aseguró en su día que fue el “testaferro de Zaplana”. Hoy, ante el tribunal ha asegurado que supo que la había comprado Zaplana porque así se lo dijo el promotor Luis García Cereceda. La venta de esta propiedad, dos años y medio después, supuso una plusvalía de cerca de 3,5 millones de euros.