La condena a Zaplana pone fin a una era de poder impune

“Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”. Así de claro lo tenía Eduardo Zaplana (Cartagena, 68 años) en 1990. “Siempre ha necesitado dinero”, advirtió el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce el pasado mes de mayo como una de las conclusiones del llamado caso Erial, que ha acabado con una condena de más de 10 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat valenciana y exministro del PP.

A Zaplana se le pilló en aquella grabación del 90, pero ya no se le volvió a pillar en su larga carrera como “político profesional”, tal como le define la sentencia. Con la suya, ya son dos los expresidentes condenados de los cuatro que ha tenido el PP en la Comunidad Valenciana, sin contar con el actual, Carlos Mazón, discípulo directo de quien ocupó no solo el puesto más alto en la administración autonómica sino también la cartera del Ministerio de Trabajo y la portavocía del Gobierno de José María Aznar, así como la del grupo popular en el Congreso. En apenas 10 años pasó de la alcaldía de Benidorm a ser cara visible y la voz del Gobierno del PP.

Fue una década en la que Zaplana se convirtió en un político hábil y embaucador. Se hizo con la presidencia de la Generalitat gracias al apoyo de los regionalistas de Unión Valenciana, a quienes acabó fagocitando políticamente. Comenzó con él la era de los grandes proyectos como Terra Mítica y los grandes eventos como la contratación de Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El caso del parque acabó con la condena a dos de sus exdirectivos después de 10 años de instrucción. El contrato al artista por el que se investigó al director del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) por el pago de seis millones de euros al cantante que se habrían realizado en negro y a través de paraísos fiscales, se archivó después de 18 años de instrucción por prescripción.

Pese a que fueron dos actuaciones impulsadas directamente desde la presidencia de la Generalitat que ocupaba Zaplana, el dirigente del PP permaneció jurídicamente lejos de estos casos mientras engordaba la deuda autonómica con otros proyectos y con privatizaciones como las de las ITV. Fueron años en los que lo controlaba todo. Era intocable. Fue en esa época en la que pactó las mordidas con el entonces director general de la Policía, Juan Cotino, cuya familia tenía un grupo empresarial, Sedesa, que se convirtió en una gran receptora de contratos públicos millonarios. Pagaron por ello. También judicialmente, ya que uno de los actuales responsables, sobrino del fallecido Juan Cotino, ya confesó en el juicio de Gürtel haber financiado a través de la trama las campañas del PP local y autonómica de 2007 y general de 2008 en la Comunidad Valenciana.

Pero todo eso no se sabía entonces y, en ese momento de auge, Aznar llamó a Zaplana a más altas responsabilidades en Madrid. No cambió allí su vida de vividor, su siempre tostado color de piel, sus quedadas con un círculo selecto de encandilados. Fue a la vez que, según la sentencia que le ha condenado por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, participaba en esa trama societaria para ocultar primero y reingresar después en España el dinero de las mordidas.

En esa carrera política permaneció hasta 2008 cuando, tras cuatro años en la oposición, se fue de directivo a Telefónica con un sueldo de 700.000 euros anuales, según recordó el fiscal anticorrupción durante el juicio.

Aunque a casi nadie le extrañó la detención de Zaplana en 2018, a casi todo el mundo le sorprendió. Su entrada en prisión provisional acabó ya con el halo de impunidad que, mientras, apenas se había resquebrajado con la condena de cuatro consejeros de su sucesor, Francisco Camps. La condena, seis años y medio después del arresto, revela que pese al extremo cuidado que tuvo en no aparecer en las sociedades desde las que se blanquearon las mordidas, no pudo ocultar el disfrute de estas, con la compra de un piso de 240 metros cuadrados y 1,6 millones en el barrio de Salamanca de Madrid, un barco y un tren de vida difícil de mantener con un sueldo de político.

Lo que tampoco se esperaba Eduardo Zaplana era ser abandonado por sus amigos y por quienes le han guardado lealtad durante muchos años. De hecho, la contundencia de las acusaciones se ha basado en la confesión de su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, de su mano derecha, Juan Francisco García, que negoció el amaño de los contratos, y de los empresarios Cotino, que admitieron el pago de los sobornos. Para Zaplana, la condena está basada “en acuerdos opacos” y “sin evidencias”.