El excargo regional investigado en el ‘caso FP’ señala la responsabilidad de la mano derecha de Ayuso, Enrique Ossorio

El exsubdirector general regional de centros educativos de Formación Profesional (FP), Alfonso Mateos, investigado en el caso FP, ha declarado este miércoles en el juzgado número 39 de la plaza de Castilla que no tenía competencias para autorizar las obras realizadas en 2021, 2022 y 2023 que se investigan en la causa, y ha señalado a los altos cargos de la Consejería de Educación, que entonces dirigía Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid. Así lo transmiten a este diario dos fuentes conocedoras de la investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa a través del supuesto fraccionamiento ilegal en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos. En la época investigada, Ossorio actuaba como número dos de la presidenta, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, era viceconsejera de Educación.

“Los directores [de dos centros en los que se hicieron obras, que también han declarado este miércoles] y el exsubdirector general han manifestado que no tenían competencia para recibir el dinero ni para ejecutar ningún gasto en obras, que ejecutaban órdenes”, ha dicho a las puertas de los juzgados la letrada María Eugenia Alcántara, que representa a la Federación de Enseñanza del sindicato CC OO, personada como acusación popular.

“Sobre la autorización de gastos de obras se ha señalado al director general de infraestructuras, la directora de área territorial , los interventores tanto de la Consejería como la general, y el consejero, que son los que firman las autorizaciones de los expedientes”, ha seguido. “Para proseguir la investigación es necesario que comparezcan porque a ellos apuntan las declaraciones y el organigrama”.

Comisiones Obreras, por lo tanto, avanza su interés en solicitar la comparecencia como testigo de Ossorio, a la que podrían sumarse otras partes de un caso en el que están personados Podemos, Más Madrid y PSOE. El sindicato se ha implicado en esta causa bajo la tesis de que los directores de los centros ejecutaron órdenes de la Consejería de Educación y que, por tanto, no son responsables de la comisión del presunto delito de prevaricación administrativa que se investiga.

En ese sentido, Mateos ha declarado que la contratación se venía haciendo de esa forma “desde siempre” porque desde la Consejería le decían que no querían que los centros tuvieran un presupuesto ordinario demasiado grande, y que por tanto se trabajaba de esta manera.

Por su parte, los dos directores de centros de FP que han declarado este miércoles han sostenido que ellos no tenían nada que ver con las obras, porque todos esos asuntos les venían “de arriba”, según detallan dos fuentes conocedoras del caso.

La magistrada encargada de dilucidar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” y la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023.

En lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec).

Todo ocurrió así: el 18 de septiembre de 2023, dos centros educativos de la Comunidad de Madrid en el complejo ciudad escolar de San Fernando reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones enviadas por orden de Navarro, al que la jueza no ha llamado a declarar, y por lo tanto no forma parte en estos momentos de la causa.

Con esas comunicaciones acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, los mismos que han declarado este miércoles en la plaza de Castilla. “Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.