Dos años y medio de mentiras sobre los “protocolos de la vergüenza” de Ayuso

Dos años y medio después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a negar que su Gobierno elaboró los protocolos que impidieron la hospitalización de miles de mayores que vivían en las residencias de la región en la primavera de 2020, durante la primera ola de la pandemia. Esta vez lo ha hecho en la Asamblea durante una respuesta en la sesión de control de este jueves a la líder de la oposición. Mónica García (Más Madrid) le dijo que se cumplían 939 días desde que el Ejecutivo regional firmó “los protocolos de la vergüenza” que supusieron la muerte de 7.291 mayores. Ayuso respondió: “No dejaré de recordar cada día de mi vida mientras sea presidenta y la tenga a usted enfrente que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera”. De esa forma, Ayuso se oponía descaradamente a una verdad probada por múltiples vías: investigaciones periodísticas, declaraciones de médicos de residencias y representantes de la patronal, el vídeo del jefe médico de un hospital que instruye al personal o incluso la admisión del propio alto cargo madrileño que firmó los protocolos en una comparecencia en la Asamblea.

Los “protocolos de la vergüenza” se han convertido en la expresión más usada para nombrar el episodio probablemente más oscuro de la presidencia de Ayuso, las miles de muertes en circunstancias indignas en las residencias. El tema había caído en el olvido tras la aplastante victoria electoral de la presidenta en mayo de 2021, cuando Vox secundó la petición del PP de poner fin a la comisión de investigación parlamentaria. Pero este mes los protocolos han vuelto a la agenda pública, después de que Vox retomase la propuesta de examinar lo sucedido, una idea que coincidió con la salida a la venta de un libro del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), donde cuenta con detalle lo sucedido y desmonta falsedades que emplearon sus entonces compañeros de Gobierno. Además, la semana pasada se conoció otro giro importante, ya que la Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales que pongan más empeño en las investigaciones judiciales pendientes y no archiven los casos sin entrevistar a las familias, como ha sucedido hasta ahora.

Mientras el asunto estuvo candente en 2020, la Comunidad de Madrid trató de eludir responsabilidades con el argumento falso de que los protocolos eran borradores (Ayuso en mayo) o que se enviaron por error (el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en junio). Era parte de una estrategia de ruido y confusión en la que también se acusó al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de haber asumido la competencia sobre las residencias de todo el país, otra falsedad que se basa en una rueda de prensa del 19 de marzo en la que Iglesias anunció ayudas millonarias para el sector y el apoyo de los militares para fumigar centros. Pero no, la competencia de regulación y vigilancia de las residencias nunca dejó de ser autonómica, al estar transferida. La Comunidad también ha tratado de rebajar la gravedad de la tragedia, al repetir una y otra vez que lo mismo sucedió en todas partes. La realidad es que, aunque hospitales de otras regiones de Europa como Italia, el Reino Unido o Bélgica rechazaron a mayores de residencias, el caso de Madrid sobresale junto a Cataluña por haber puesto ese rechazo por escrito, según Amnistía Internacional. En el caso de Madrid, los términos de los protocolos eran más severos y el sistema de filtrado en la admisión hospitalaria más elaborado.

El origen de los protocolos es una situación de pánico. Como ha contado este periódico, la cúpula del Gobierno Ayuso trató de reaccionar en la semana del lunes 9 de marzo de 2020 a un inminente colapso del sistema hospitalario por el avance de la covid-19. El fin de semana anterior se había producido un elevado número de ingresos en varios hospitales, entre ellos el de Torrejón de Ardoz. La presidenta convocó a la sede de su Gobierno, la Real Casa de Correos, al médico Antonio Burgueño para que le asesorara en una respuesta y este elaboró un plan de 270 puntos que nunca ha sido publicado. El jueves 12, el consejero Escudero anunció, entre otras medidas, la medicalización de las residencias, es decir, que los mayores de estos centros iban a ser atendidos en esos centros gracias a un supuesto refuerzo sanitario. No precisó más sobre ese plan, en el que no participó el consejero que tenía la supervisión de las residencias, Alberto Reyero, quien luego criticaría que esa medicalización no fue real.

Escudero evitó mencionar que un grupo de geriatras iba a elaborar un protocolo para restringir las hospitalizaciones. El viernes 13, diez geriatras se reunieron con el director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, con el fin de poner por escrito un nuevo protocolo para la hospitalización de enfermos de residencias. El grupo fue ampliado a 22 geriatras el 16 de marzo. Trabajaron sobre un borrador online y elaboraron cuatro versiones que fueron distribuidas y firmadas por Mur con fecha de 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Hasta la pandemia, las residencias que necesitaban hospitalizar a un enfermo simplemente llamaban al número de urgencias y esperaban una ambulancia. Con el sistema creado por los protocolos, los geriatras iban a actuar de filtro, siguiendo unas reglas que desaconsejaban la hospitalización de personas con dependencias de acuerdo a un índice conocido como Barthel, una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100. En la última versión, la escala Barthel fue sustituida por una escala de fragilidad del 1 al 9, acompañada de dibujos, según se ve en un documento que recibieron los geriatras de enlace y al que tuvo acceso EL PAÍS. Eran descartados quienes tuvieran una fragilidad de 7 o mayor, es decir, que fueran dependientes para su cuidado personal. El dibujo que acompaña a ese nivel es el de una persona mayor empujada en silla de ruedas. En los hogares de mayores, la mayoría de los residentes son personas con dependencias, de modo que en la práctica se hacía muy difícil que un mayor pudiera ser admitido por un hospital.

Pinche aquí si no puede leer el documento sobre estas líneas: el protocolo de triaje del 25 de marzo.

Hay evidencias de que ya antes del primer protocolo del 18 de marzo se estaban denegando hospitalizaciones. El mejor ejemplo es Monte Hermoso, la residencia de la capital donde estalló la crisis al saberse el 17 de marzo que un foco de covid había supuesto la muerte de 19 personas en la semana anterior sin un traslado al hospital Clínico, del que dependían. El abogado Carlos Sardinero, de la Asociación Defensor del Paciente, ha defendido a los familiares de un enfermo al que el hospital denegó el traslado tan pronto como el domingo 8 de marzo.

También hay pruebas de que a la hora de la verdad, cuando recibían una llamada de la residencia, los hospitales no siguieron los protocolos, sino que fueron aún más estrictos. Este periódico ha contado cómo en algunos casos se usó un criterio de edad (75 años) y cómo en una residencia de Alcorcón se produjo un bloqueo total a las derivaciones durante 27 días. En otro caso, María Dolores Agenjo, de 87 años, fue rechazada por el hospital Rey Juan Carlos a pesar de ser plenamente autónoma, según denunció su hija.

Los protocolos fueron enviados a las residencias y a los hospitales, de modo que no pasó mucho tiempo hasta que fueron filtrados a la prensa. Esto ocurrió por primera vez el 25 de marzo, cuando El Español reveló la existencia de una de las versiones, la segunda. Un día después, EL PAÍS publicó la versión definitiva, en la que no se excluye a personas con discapacidad.

La alarma por la situación de las residencias fue en aumento en los días siguientes cuando la Consejería de Políticas Sociales de Reyero fue publicando los datos de mortalidad que recopilaban sus funcionarios en comunicaciones diarias con las residencias. Al final de la primavera, ese conteo llegó a 5.954 muertes dentro de las residencias. Al principio de la crisis vivían unos 50.000 mayores en 474 residencias de la región. Más tarde, la Consejería de Sanidad dio una cifra algo menor a 5.000 muertos sobre la base de otro método de conteo: los certificados de defunción. Pero ese sistema infravaloraba las muertes, ya que muchas veces estos documentos calificaron como “parada cardíaca” lo que en realidad era una muerte causada por la covid-19.

El dato de 7.921 muertos al que se refirió Mónica García este jueves procede del diario InfoLibre, que analizó las muertes por cualquier causa dentro de residencias madrileñas en los meses de marzo y abril. Fue en esos meses cuando los protocolos hicieron mayores estragos. Este medio publicó datos de derivaciones a hospitales de la Consejería de Sanidad que muestran que las exclusiones fueron más intensas entre el 9 de marzo y el 5 de abril. Y con especial intensidad entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Según un análisis que publicó EL PAÍS, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.

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