La Fiscalía ordena que los familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia sean escuchados en los procesos judiciales

La Fiscalía General del Estado ha emitido un oficio en el que llama a tomar las medidas oportunas para que los familiares de fallecidos en residencias a raíz de la pandemia sean escuchados, tanto en las diligencias de investigación como en los procedimientos judiciales. El escrito, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, ha sido enviado este viernes a los fiscales superiores de las comunidades autónomas, y en él se recuerda que el ministerio público debe tener una “posición particularmente proactiva” en estos casos y se les insta a que se pida la toma de declaración de los familiares en los procedimientos judiciales, si esta no ha sido acordada de oficio por el órgano judicial. Además, los fiscales deben asistir a dicha declaración, a la de las personas investigadas y a “todas aquellas” que resulten de relevancia en el proceso. Las asociaciones de familiares han criticado repetidamente la inacción de la fiscalía, y su indignación ha ido en aumento a medida que han ido archivándose denuncias. Incluso Amnistía Internacional criticó en un informe a principios de año, tras analizar casos en Madrid y Cataluña, que el ministerio público no está actuando de acuerdo a los estándares internacionales. En el oficio se solicita, además, información sobre el estado actual de las investigaciones y procedimientos penales en estos centros.

Las residencias fueron el gran foco durante la primera oleada del coronavirus, y su población altamente vulnerable ha sufrido especialmente la pandemia. En las comunidades más saturadas se restringió su derivación al hospital, lo han denunciado familiares e incluso patronales, y las asociaciones de familiares critican que la atención que se da en muchos centros no es la adecuada, que hace falta más personal. Hasta el pasado 25 de septiembre, 34.298 personas que vivían en residencias de mayores han muerto tras haberse contagiado de covid, 10.492 de ellas sin que se les pudiera realizar un test que confirmara que los síntomas que presentaban eran realmente debidos a este virus, en los primeros meses de la pandemia, cuando escaseaba el material.

A medida que se han ido conociendo archivos, la indignación de los familiares ha ido en aumento. Un enfado que ha alcanzado un punto álgido al escuchar las recientes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien explicó su rechazo a que se abra una comisión de estudio sobre las residencias de la región (donde en la primera ola de la pandemia se emitieron protocolos de triaje que cerraron las puertas de los hospitales a miles de residentes enfermos debido al virus) al decir que así se recrudece el dolor de los familiares, que “ya han superado” lo ocurrido. Asociaciones como Marea de Residencias y la Plataforma Estatal de Organizaciones de Usuarias y Residentes han reiterado una y otra vez que se sienten solas, que no consideran que ni políticamente ni judicialmente se ha analizado lo que sucedió, que hay casos que se han archivado sin que se les haya tomado declaración.

En su oficio, la Fiscalía recuerda ahora que es “de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela” que el ministerio público debe dispensarles. Por ello, “se ha de velar por que sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos”. Se recuerda, de hecho, una instrucción de la propia Fiscalía en 2005 en la que se establece que en los delitos de especial gravedad, antes de solicitarse por el fiscal el sobreseimiento provisional por falta de pruebas, los fiscales procurarán contactar previamente con la víctima, si no estuviera personada en la causa, “a fin de asegurar la inexistencia de medios o diligencias de prueba que no hubieran aflorado en la instrucción y la víctima pudiera proporcionar”.

La Fiscalía advierte, citando una directiva europea de 2012, de que no se puede hacer justicia “si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas de forma comprensible para las autoridades competentes” y recuerda que en casos de fallecimiento o desaparición, los familiares son considerados víctimas indirectas. De ahí que pida que los fiscales de las comunidades autónomas remitan instrucciones u órdenes en su ámbito territorial para que se garantice que los “familiares víctimas indirectas” sean oídos en las diligencias de investigación, y que en los procedimientos judiciales los fiscales pidan que se les tome declaración cuando esta no haya sido acordada de oficio. Además, en los procedimientos judiciales los fiscales deben asistir a la toma de declaración de los familiares y de las personas investigadas, “así como a todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia”.

Información de “mayor calidad”

Según cifras de la Fiscalía General del Estado facilitadas a este diario, a final de 2021 había 70 procedimientos judicializados con intervención o control del Ministerio Público, bien después de una denuncia de los propios fiscales ante el juzgado por considerar que había delito en algún hecho que habían investigado, o en casos que se iniciaron en los juzgados y requirieron de su actuación. De las 441 diligencias de investigación abiertas entre 2020 y el año pasado por los fiscales, 414 de ellas fueron archivadas (algunas porque un juzgado ya investigaba los mismos hechos). Son el 94%.

Pero estas cifras han quedado desactualizadas. “Se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad acerca de los “procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado”, se lee en el oficio, que “por su indudable importancia y trascendencia” deben ser puestos en conocimiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el escrito se recuerda que en marzo de 2020 se pidió a los fiscales superiores que realizaran seguimiento de la situación en estos centros, tanto de número de fallecidos y contagiados como de medidas de confinamiento adoptadas por la Administración o que limitaran algún otro derecho fundamental, y sobre las resoluciones judiciales sobre esta materia.

El pasado febrero, en un escrito dirigido a los fiscales de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha, la Fiscalía General del Estado ya pidió información sobre las causas por las muertes en residencias. Ahora, se lee en el oficio, el objetivo de pedir nueva información es “analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados”. Los fiscales disponen de 30 días para remitir el número de diligencias de investigación en tramitación, a fecha 30 de septiembre de 2022; el número de denuncias interpuestas por las fiscalías entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año (y una copia de las mismas si no se han remitido anteriormente), y el número de procedimientos judiciales que se están tramitando en los juzgados y tribunales de cada comunidad.