Los familiares de residencias se manifiestan para exigir un nuevo modelo: “¡Basta ya!”

La bulliciosa plaza de Callao, en Madrid, ha enmudecido este sábado durante un minuto. Esos 60 segundos de silencio, en los que solo se escuchaba la melodía de El Cant dels ocells (El canto de los pájaros), han sido un homenaje para las cerca de 35.000 personas que vivían en residencias, de mayores o discapacidad, y han fallecido desde el inicio de la pandemia, contagiadas de covid o con síntomas de la enfermedad. Así ha culminado una protesta fruto de la indignación y el hartazgo, convocada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que agrupa a 19 asociaciones de 11 comunidades autónomas. Han asistido 5.200 personas según los organizadores de la protesta, 1.500 según la Delegación del Gobierno en Madrid. La marcha ha transcurrido al grito de “¡Basta ya!”, en contra de la “reiterada vulneración de los derechos humanos y fundamentales” de los usuarios y para exigir otro modelo de cuidados. Uno en el que haya más personal e inspecciones, con centros más pequeños y en el que “se combata” la “obscena privatización del sector”.

“Más personal y menos negocio”, han gritado los asistentes durante la marcha a lo largo de la Gran Vía. “Juzgado y Fiscalía, seréis viejos un día”, se oía. “Verdad, justicia y reparación”. Entre los participantes, Sagrario Mancebo (61 años) cuenta que su madre vive en una residencia privada de la Comunidad de Madrid, en una plaza concertada porque es gran dependiente, tiene deterioro cognitivo y va en silla de ruedas. Allí también vivía su padre, pero falleció. “Él siempre protestaba por la falta de personal, por las comidas”. Cinta Martín lleva un cartel con la foto de una señora en el que se lee “Sí importa”. “Era mi madre”, explica. Murió en una residencia de Sevilla, al principio de la pandemia. “Cuando no había test, no sabemos de qué”, añade. “Estoy aquí por los que estuvieron y ya no están, y por los que estaremos. Hay que cambiar el modelo”.

Esta es la primera manifestación con vocación estatal desde 2019 y los organizadores la han tildado de “histórica”. La anunciaron el pasado junio, cuando el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas (las competentes en la materia) aprobaran un acuerdo para cambiar el modelo de cuidados que los convocantes, si bien reconocen un avance, consideran muy insuficiente. Los sindicatos CC OO y UGT han apoyado la protesta, y también la ha secundado Marea de Residencias, el otro gran movimiento que agrupa a familiares. “Aquí está hoy despierto el pueblo, el pueblo dolido, herido, advirtiendo a la sociedad y a las Administraciones que no dejaremos que la historia vuelva a arrinconar, a abandonar a las personas más vulnerables e indefensas”, sentenciaba el manifiesto que la periodista Rosa María Artal ha leído al final de la manifestación.

En él se enumeraba una larga lista de razones por las que dicen “basta”. Entre ellos, “la conculcación de derechos humanos” de los usuarios y “de los derechos laborales de las trabajadoras”, “la inexistencia de personal suficiente”, “la deficiente atención médica”, “la alimentación escasa, pobre, mezquina”, “la ausencia de servicios de inspección” y las “continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras”. Por ello, los manifestantes llamaron a la sociedad a exigir “a las comunidades autónomas un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un nuevo modelo de residencias”, que se aleje del actual “caduco e impropio de una sociedad avanzada”.

Cantantes como Joan Manel Serrat y Miguel Ríos habían llamado a unirse a la manifestación, y durante el recorrido, y al final, se han escuchado sus canciones. Una mujer proveniente de Galicia, que prefería no dar su apellido, reclamaba que el “cuarto pilar del Estado de bienestar” se haga efectivo.

Las organizaciones de familiares y usuarios de residencias han proliferado en los últimos años, pero con la pandemia el movimiento ha ganado fuerza. Estos centros fueron el gran foco en los primeros meses de crisis sanitaria. Entonces, la cifra de muertos iba escalando día tras día, entre noticias de mayores que morían sin recibir la atención médica adecuada. En la Comunidad de Madrid hubo un protocolo que restringía la derivación hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad. Durante la manifestación, uno de los gritos fue “Ayuso dimisión”. En otras autonomías, como Cataluña, son múltiples los testimonios de trabajadores, directores de centros y familiares que corroboran que también se denegaron traslados.

Paulino Campos, de la asociación gallega Rede, integrante de la plataforma convocante, reclama que se investigue lo sucedido. “Ni la justicia ni los Parlamentos [autonómicos] han levantado todavía el culo del sillón”, critica. Habla de que los intentos de que hubiera comisiones de investigación se han visto frustrados y de la cantidad de casos que han acabado archivados. No hay un único dato sobre cuántas denuncias se han presentado, porque los familiares podían acudir directamente a los juzgados o también a la Fiscalía. Según cifras facilitadas por la Fiscalía General del Estado, a final de 2021 había 70 procedimientos judicializados con intervención o control del Ministerio Público, bien después de una denuncia de los propios fiscales ante el juzgado por considerar que había delito en algún hecho que habían investigado, o en casos que se iniciaron en los juzgados y requirieron de su actuación. De las 441 diligencias de investigación abiertas entre 2020 y 2021 por los fiscales, 414 terminaron en archivo (algunas de ellas porque un juzgado ya investigaba los mismos hechos).

“Los casos que continúan son una gota en el océano”, critica Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación madrileña también integrante de la plataforma convocante. “Después de esta hecatombe parece que no se hubiera aprendido nada. Lo ocurrido ha sido consecuencia de una pandemia, pero también de un modelo de residencias que ha hecho aguas por todos lados, también antes de la covid, solo que no era tan visible”, defiende. “Hay mucha indignación, desasosiego. Había muchas esperanzas de que las cosas pudieran cambiar y estamos haciendo un esfuerzo por valorar positivamente los pasos que se hayan dado, aunque sean tímidos, pero quedan muy lejos de lo que se debería haber hecho”, dice.

Se refiere al acuerdo de junio, aprobado por 10 votos a favor y 9 en contra. En ese pacto se acordaron los requisitos mínimos que se exigirán a los servicios de dependencia en el país, entre ellos las residencias. Se decidió que ya no puedan construirse centros con más de 120 plazas (el tamaño máximo será de entre 75 y 120, en función de donde se ubiquen) y que estos funcionen de manera más parecida a un hogar, con planes personales de atención para cada usuario. También deberá haber protocolos contra el maltrato, y de aquí a tres años tendrá que acabarse con las sujeciones físicas o farmacológicas. Se da hasta finales de 2029 para que cambie todo el modelo.

Lo acordado es un mínimo común. Suscitó el rechazo de las patronales del sector, que lo consideraron insostenible económicamente si no hay un gran desembolso de financiación extra, y de los sindicatos, por verlo insuficiente. La plataforma de familiares tilda el momento de “crucial” porque las comunidades tienen hasta finales de febrero para adaptar sus normativas. Pero nueve regiones votaron en contra (Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha). Algunas, como Cataluña y País Vasco, por motivos competenciales, y aseguran que ya aplican o superan los estándares pactados. Otras adujeron que el modelo es inviable económicamente, como la Comunidad de Madrid, que aplicará su propia hoja de ruta para cambiar los centros, según dijo la presidenta de la Comunidad, como también lo afirman Galicia y Murcia. Fuentes de Derechos Sociales explicaron en junio que quienes no cumplan se exponen a recibir menos financiación. Los manifestantes piden que las comunidades autónomas vayan más allá, que cada una cuente con un plan para construir residencias públicas.

“La sociedad no puede seguir mirando para otro lado”, sostiene María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora 5+1, asociación catalana integrante de la Plataforma. “El acuerdo no resuelve el tema de las ratios de personal”, señala. Es decir, la exigencia mínima de trabajadores. En su opinión lo planteado en el acuerdo en absoluto garantiza un cambio de modelo en la atención y debe más que doblarse para que esta sea adecuada. “Tampoco se exige un determinado número de inspectores, ni se crean en los centros órganos donde los familiares tengan capacidad de decisión, y las macrorresidencias van a seguir existiendo porque las ya operativas van a seguir”, critica. “Tenemos un problema: poco personal, falta de control y privatización terrible. Es la tormenta perfecta”. Por ello, piden a las Administraciones que actúen. En el manifiesto leído al final de la marcha, los convocantes lanzaban un “mensaje inequívoco”, “ya no tenemos fuerzas para rendirnos”. Desde el escenario, Carcelén insistía: “Este es el comienzo. No nos vamos a cansar. Rendirse no es una opción”.