Evaluación al sistema de dependencia: la calidad de los servicios es “mejorable” y no hay suficiente inspección

El acceso al sistema de la dependencia es “manifiestamente mejorable”, también es “mejorable” la calidad de los servicios, “tanto en el domicilio como en el entorno residencial”, y “existe un consenso generalizado” en la “necesidad de reorientar y reforzar los servicios” de inspección, que las comunidades autónomas han desarrollado “de forma desigual e insuficiente”. Estas son algunas de las conclusiones del informe de evaluación del sistema de la dependencia que el Ministerio de Derechos Sociales ha encargado a un grupo de expertos y ha publicado este jueves. El documento, que realiza un duro diagnóstico del funcionamiento de un sistema del que a mediados de este año se beneficiaban casi un millón y medio de personas, indica que los servicios y prestaciones “no se ajustan suficientemente” a sus necesidades, debido tanto a su “escasa intensidad” (la medida en que se ofrecen, por ejemplo número de horas) “como a sus limitaciones en términos de calidad”, además de a la propia limitación de la oferta de prestaciones y servicios, que fue diseñada hace ya años. El 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar la atención que reciben a través de este sistema con cuidados informales o servicios que contratan de forma particular.

El informe, coordinado por Gregorio Rodríguez Cabrero y Vicente Marbán Gallego, ha contado con la participación de otros nueve autores y se enmarca dentro del plan de choque en dependencia aprobado en enero de 2021 por el ministerio con el objetivo de relanzar este sistema, lastrado durante años por los recortes tras la anterior crisis económica. El documento está financiado con fondos europeos y tiene el objetivo, transcurridos más de 15 años desde que se aplica la ley, de determinar en qué medida el sistema se guía por criterios de “accesibilidad, asequibilidad y calidad”. Así, tras recabar datos de comunidades autónomas y realizar 29 entrevistas en profundidad, y después de analizar literatura científica y los últimos datos disponibles, las páginas del documento van deslizando las características, fortalezas, carencias y puntos débiles, para después realizar recomendaciones de mejora.

Los expertos parten de que la atención centrada en la persona (que sean los centros y servicios los que se adapten a sus necesidades y no al revés, como ahora ocurre en muchas ocasiones) debe ser el “paradigma” que oriente la planificación de los cuidados de larga duración. El pasado junio, el ministerio y las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo, por 10 votos a favor y 9 en contra, para modificar los criterios mínimos comunes a exigir a los servicios de dependencia, desde la ayuda a domicilio hasta las residencias, precisamente bajo esta óptica de personalización de los cuidados. Los expertos señalan en su informe que “la adecuación y calidad” de los servicios de dependencia son “un reto permanente” y se concluye que “la cartera de servicios actual”, es decir, qué opciones se dan a los usuarios para ser atendidos (por ejemplo un centro de día o ayuda a domicilio) “no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales”. Por lo que es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y “fomentar fórmulas más flexibles” para permitir prestar apoyos en la comunidad (en el propio entorno).

Revisar en profundidad el modelo de residencias

“Es necesario promover los multiservicios para zonas rurales y los servicios de urgencia y, sobre todo, los servicios que favorecen el derecho de permanencia en el domicilio. A su vez, es necesario revisar en profundidad el modelo de residencias, contempladas para cuando no hay otras alternativas, y diseñar y promover” centros del tipo “como en casa”, afirman los expertos. En este punto, el informe vuelve a citar el acuerdo alcanzado en junio y lo cita como “un paso adelante”. Un acuerdo que no consiguió el respaldo de las patronales, por considerarlo excesivo, ni de los sindicatos, por creerlo insuficiente.

Existe un “consenso generalizado” a la hora de subrayar “la necesidad de reorientar y reforzar los servicios y procedimientos establecidos para la inspección”, se señala en el texto. Los expertos consideran que el modelo de gestión de la calidad que se aplica en España “sigue anclado” en una concepción atada a si los centros y servicios cumplen determinados requisitos materiales, funcionales y de personal, y se orienta muy poco a evaluar los resultados en términos de cómo es la calidad de vida de las personas atendidas. En el acuerdo alcanzado el pasado junio se contempla precisamente que se cree una ponencia técnica para elaborar un sistema común en todo el país que permita evaluar los servicios de esta forma.

Los expertos señalan que las horas que se prestan de media en el servicio de ayuda a domicilio y las cuantías medias de las prestaciones que se dan por cuidados familiares, así como las prestaciones vinculadas al servicio (un dinero que se da a la persona dependiente para que pague parte de un centro de día o una residencia, por ejemplo, y el resto debe aportarlo de su bolsillo) son “insuficientes”. La calidad de la atención tanto en las casas como en residencias es mejorable y los expertos señalan que las “limitaciones detectadas son previas a la covid y se refieren, fundamentalmente, a las dificultades para ofrecer una atención suficientemente intensa y personalizada”. De hecho, en el documento se constata el enorme peso de los cuidados familiares, “que siguen siendo la columna vertebral de los cuidados de larga duración”, puesto que el 69,8% de las personas en situación de dependencia son atendidas “única y exclusivamente por la familia”. Recaen especialmente en las mujeres.

En el informe también se aportan cifras sobre el peso del sistema de dependencia. El gasto de las prestaciones el año pasado alcanzó casi 10.000 millones de euros, un 0,82% del PIB, “lejos de los estándares de los países más desarrollados de la Unión Europea”. Se constata el crecimiento de este sector: ha sido del 65,49% entre 2008 (con 273.000 empleos) y 2021 (452.000). Y se prevé, si las proyecciones de población del INE se cumplen, que en 2040 se necesiten 648.000 profesionales. “Mejorar los salarios y reducir las diferencias salariales por género es una exigencia inaplazable para la mejora de la calidad en el empleo”, se lee en el documento, algo que reclaman los sindicatos insistentemente (el salario fue de 17.407 euros brutos anuales durante el periodo 2009-2020).

En su análisis, los expertos critican “la opacidad de las comunidades autónomas sobre las aportaciones de los usuarios” a través del copago. Existen 17 modelos, de tal forma que personas con los mismos ingresos y patrimonio pueden pagar cuotas diferentes en función de la autonomía. Afean además que “el crecimiento del sistema de la dependencia se está realizando con prestaciones de bajo coste o baja intensidad”. Por ejemplo, en ayuda a domicilio se prestan un máximo de 2,3 horas diarias a una persona con el mayor grado de dependencia.

Además, en el informe se llama a “reducir la complejidad normativa” y a mejorar la gobernanza del sistema, “clave para la eficiencia”. Asimismo, constatan “diferencias y desigualdades territoriales [en el acceso a los servicios] que afectan a la igualdad”. El acceso al sistema, “en sus diferentes fases y procesos”, es mejorable. De sobra son conocidas las largas listas de espera para acceder a una ayuda. Demasiada burocracia. En el texto se afirma también que, en cuanto a coordinación sociosanitaria —que fue uno de los grandes problemas durante la pandemia, cuando en las comunidades autónomas más saturadas se dejó sin atención médica adecuada a los mayores que vivían en residencias—, la ley de dependencia “solo contiene unas pocas referencias genéricas”, por lo que sería bueno modificar la legislación.

Entre las recomendaciones de los expertos constan: mejorar los mecanismos de inspección; incrementar el número de trabajadoras y la calidad en el empleo; simplificar la normativa; ampliar, flexibilizar y diversificar el catálogo de servicios y prestaciones de dependencia con el fin de reforzar los apoyos que se prestan en el domicilio; así como favorecer fórmulas alternativas de alojamiento con apoyos y reorientar el actual modelo de atención residencial —del que citan “constatables limitaciones”—, “garantizando el mayor grado posible de personalización de la atención”.