España dejó sin gastar 76 millones en dependencia en 2021, con casi 397.000 personas a la espera de la ley

El plan de choque en dependencia aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas, que inyectó dinero al sistema y revirtió los recortes que se arrastraban desde 2012, cambió la tendencia tras el parón ocasionado por la pandemia. El aumento de personas atendidas fue de 97.912, 10 veces más que en 2020. Así consta en el informe presentado este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza las últimas cifras oficiales e información obtenida a través del portal de transparencia, y que destaca que “desde hace una década no se obtenían datos tan positivos”. Pero también critica que la burocracia y el retraso de algunas comunidades autónomas lastran la evolución del conjunto del sistema. Así, no se logró el objetivo marcado de reducir la lista de espera en 60.000 personas (la bajada fue de 38.807) y quedaron sin gastar 75,78 millones de euros que estaban presupuestados. Todo ello mientras, según el estudio, cerca de 397.000 personas aguardaban por algún procedimiento de la ley. El tiempo medio de espera es de 421 días.

La asociación reclama en el informe “medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”. Un sentimiento que conoce bien Isabella Vidal, que vive en Tenerife y lleva cerca de dos años sumida en un embrollo burocrático para lograr una prestación de dependencia para su padre, que sufre demencia. No entiende que los procedimientos tarden tanto y sean tan complicados.

José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, habla de un “sabor agridulce” porque, por un lado, “el plan de choque ha supuesto una importante inyección económica y ha logrado iniciar la recuperación del sistema”, de hecho el conjunto del país aprueba (5,1) la escala que la asociación elabora anualmente y donde se ven grandes diferencias territoriales. Pero a la vez le parece “tremendamente preocupante” que no se ejecutara todo el presupuesto, “no ocurría desde 2017″.

Al presentarse las cuentas se anunció un aumento de más de 600 millones de euros en la financiación, en el marco del plan de choque. En ellos se incluyó una subida de lo que se conoce como el nivel mínimo garantizado, a través del cual el ministerio transfiere una cantidad a las comunidades autónomas, a medida que estas van atendiendo a personas en situación de dependencia. Se ha ejecutado el 96% del nivel mínimo. En 2021 había unos 1.746 millones de euros presupuestados para este concepto, según el informe, y se ejecutaron unos 1.670. Es decir, que no todas las autonomías avanzaron al ritmo suficiente. “Pensemos que las tres comunidades con mayor lista de espera, Cataluña, Canarias y La Rioja, la han aumentado este año”, afirma Ramírez. En Cataluña, prácticamente una de cada tres personas con derecho reconocido está en lista de espera.

Fuentes de Derechos Sociales explican que hay múltiples factores que explican este dato. La ejecución depende de la gestión de las comunidades. Además, la financiación es conjunta, y según el informe el 27% del gasto público lo aporta el Gobierno y el resto, las autonomías. Es decir, que por cada aportación que hace el ministerio, las autonomías deben invertir más. “Dependemos de 17 comunidades y no todas han acelerado a la vez, ya que cada una aborda sus problemas particulares con sus propias medidas”, apuntan estas fuentes. “Las medidas sobre la mesa son buenas, pero no todas pueden ser inmediatas. Lo no avanzado en 2021 se avanzará en 2022″, añaden.

46.300 muertes

El presidente de la asociación recuerda que el año pasado fallecieron, por cualquier causa, 46.300 personas que estaban aguardando a recibir una prestación o un servicio o a ser valoradas para saber si tenían derecho a ello. Son, de media, 127 al día. Menos que en 2020, pero aún se notó el efecto de la pandemia: murieron 212.799 personas que habían presentado una solicitud de dependencia, una cifra que incluye no solo a quienes esperan, también a personas que están siendo atendidas y a quienes no se les reconoció ningún grado de dependencia. Son 20.976 más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 10,3%. “Con ese dinero se hubiera podido atender a 13.000 nuevos beneficiarios. Es algo que hay que recriminar a las comunidades que no han sabido gestionar el incremento presupuestario y al ministerio, a quien le corresponde el seguimiento y la evaluación del plan de choque”, añade. “Tampoco se ejecutaron 70 millones previstos para la Seguridad Social de cuidadoras no profesionales”, apunta. Casi tres años después de recuperarse el derecho de los cuidadores familiares a darse de alta en el convenio especial de la Seguridad Social, solo 67.225 lo están, son el 13,93% de los cuidadores, según la asociación.

En España había a finales del año pasado 1,4 millones de personas con algún grado de dependencia reconocido, es decir, que necesitaban algún tipo de ayuda en su vida diaria. La asociación cifra en 44.658 las personas que tienen un programa individualizado de atención, a través del cual se asigna una prestación o un servicio, pero, pese a ello, no están atendidas. Detrás puede haber “imponderables como un cambio de domicilio o una persona hospitalizada”, explica Ramírez, pero también ayudas que la comunidad reconoce y no se están prestando, por ejemplo porque los ayuntamientos deban proveer el servicio y no lo estén haciendo. Canarias, Castilla y León y Andalucía son las autonomías con más prestaciones no efectivas.

Además, se estima en 34.189 las solicitudes de dependencia que las comunidades autónomas no habían grabado en el sistema a final de 2021. Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía son las que tienen más solicitudes sin registrar. “Son datos oficiales, de personas que están pendientes de valorar y no aparecen en las estadísticas”. Por ello, Ramírez cifra en cerca de 397.000 las personas que están a la espera de algún procedimiento de la ley: suma estos datos a las 193.436 que, teniendo el derecho reconocido, no reciben un servicio (lo que se reconoce como lista de espera), y a las 124.596 que están aguardando a ser valoradas para saber si pueden entrar en el sistema. Fuentes de Derechos Sociales precisan que tanto los datos de prestaciones no efectivas, “por las que las comunidades autónomas no perciben dinero”, como las estimaciones sobre solicitudes no grabadas se publican mensualmente en los informes de seguimiento del plan de choque.

“Te sientes desamparada”

Isabella Vidal no entiende “cómo una cosa prioritaria, de urgencia, puede tardar tanto”. Ni cómo los trámites son tan complicados. Tiene 28 años y su padre, de 72, tiene una demencia avanzada. “No sabe quiénes somos. Él, que era una persona superaseada, no mantiene su aseo. No puede estar solo”. Así resume su hija que este hombre nacido en Galicia y emigrado a Venezuela, afincado con su familia en Tenerife desde 2002, ya no la conoce a ella, ni a sus hermanos, ni a su mujer, que tiene 65 años y es su cuidadora principal. Según el informe, tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres. Casi la mitad tiene entre 50 y 66 años.

Las primeras sospechas de que algo pasaba llegaron en 2019, y en apenas tres años el avance de la enfermedad ha sido imparable. Registraron la solicitud para recibir una ayuda a través de la ley de dependencia en julio de 2020. “Presenté los papeles por la sede electrónica el día 6. Me di cuenta de que me faltaba un informe, así que los volví a presentar el 8, con todo. En abril de 2021 me dijeron que había que subsanar documentación en la solicitud del día 6, faltaba el formulario de solicitud. Como había presentado otra el día 8, con el formulario de la sede electrónica, no hice nada, porque supuse que la tendrían también”, explica.

Pero no lo estaba. “En agosto nos comunicaron que el procedimiento desistía porque no habíamos subsanado documentación. Recurrimos y lo volvieron a denegar, nos dijeron que cerraban el expediente. En una cita presencial, nos contaron que el problema era el formulario. ¡En este tiempo nos hemos enfrentado a cuatro diferentes!”, se queja. Afirma que en enero presentaron un recurso extraordinario de revisión del caso y no han obtenido respuesta. Este miércoles tiene una cita para presentar una nueva solicitud, esta vez presencialmente. En la consejería canaria de Derechos Sociales confirman las fechas, y alegan que el expediente “no se subsanó”. Vuelta a la casilla de salida, solo que en estos cerca de dos años su padre ha empeorado. Y ellos —que rechazaron la ayuda a domicilio municipal, de una hora al día, porque “cada día llegaba una empleada diferente”, el padre se desorientaba y “no quitaba trabajo” a su madre— siguen sin ayuda. “No podemos afrontar los gastos que supone contratar a alguien o recurrir a una residencia privada”, afirma. “Te sientes desamparada”.

La asociación asegura en su informe que las personas en situación de dependencia viven una “auténtica emergencia humanitaria”. Ramírez se muestra preocupado, además, porque “cada vez se ven más desigualdades en la atención, en función del territorio”. La escala de la asociación, que valora 16 indicadores y puntúa a las comunidades autónomas del 1 al 10, muestra a Canarias a la cola, con un 1,6, seguida de Cataluña (2,8); en cabeza, Castilla y León, con un 8,4, y detrás Castilla-La Mancha (8,1). 10 comunidades aumentan su puntuación respecto al año pasado, pero las diferencias son enormes. Ramírez ha destacado que por primera vez en 15 años aprueba la Comunidad Valenciana (5).

Entre las cosas que tienen en cuenta en su escala está el tiempo medio desde que se presenta una solicitud hasta que se resuelve la prestación o el servicio, que para todo el país se ha reducido en nueve días respecto al 2020 (421). 13 comunidades superan los seis meses que fija la ley. Hay gran disparidad, desde los 49 días de Ceuta a los 943 de Canarias. Hay comunidades como Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía que han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera recogido en el plan de choque. “El dinero no lo es todo, la gestión es muy importante”, zanja Ramírez.