La lista de espera en dependencia se reduce en 26.278 personas hasta noviembre, la mitad de lo acordado para 2021

España no logrará reducir la lista de espera en dependencia en 60.000 personas en 2021, el objetivo que se habían marcado las comunidades autónomas y el Gobierno. Es la conclusión de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, tras analizar los últimos datos oficiales. Hasta noviembre, el número de personas que tenían reconocido el derecho a una prestación y aguardaban para recibirla había caído en 26.278 y, por mucho que se avance en diciembre, será imposible alcanzar la meta prevista, opina José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Expone que, pese al incremento de unos 600 millones de euros para financiar el sistema, la complejidad burocrática en los trámites y el hecho de que “en cuatro autonomías [Canarias, Murcia, La Rioja y Cataluña] no solo no haya bajado la lista de espera, sino que ha aumentado” es lo que impedirá cumplir lo comprometido. En lo que va de año, 43.381 personas han muerto esperando por algún procedimiento de la ley. Son 130 al día. Una cada 11 minutos.

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas acordaron en enero un plan de choque en dependencia, con una duración hasta 2023, que supuso este año una inyección de unos 600 millones que consiguió acabar con los recortes que lastraban la aplicación de la ley desde 2012. Entre los objetivos de ese pacto destaca la reducción de la lista de espera y las autonomías han firmado acuerdos bilaterales con el departamento que dirige Ione Belarra en los que fijaron los pasos a seguir y las metas a alcanzar. Sin embargo, la reducción de la lista de espera va más lenta de lo previsto.

Fuentes de Derechos Sociales exponen que en general los indicadores del sistema son buenos este año. Han aumentado las solicitudes, las resoluciones y también las personas atendidas, y muchas comunidades han dado un impulso a las valoraciones que tenían pendientes, con lo que aumentan los casos en el sistema. De noviembre de 2020 hasta el mes pasado, por ejemplo, son 92.000 personas más atendidas, y la previsión es acabar 2021 superando las 100.000. Estas fuentes explican que aún es preciso esperar a los datos de diciembre y se muestran convencidas de que el umbral de 60.000 se rebasará en los primeros meses de 2022. “Nos hemos reunido con todas las comunidades para analizar la marcha de las actuaciones y en líneas generales todas van cumpliendo”, apuntan. Pero especifican que, cuando hay que acometer cambios estructurales y normativos como los que están impulsando las autonomías, estos tardan un tiempo en tener impacto.

Ramírez urge a las Administraciones a adoptar cambios. “A este ritmo se necesitarían ocho años para tener atención plena en el sistema de atención a la dependencia en España”, afirma. Ni sumando a la reducción de 26.278 personas en la lista de espera la bajada de 13.996 entre quienes aguardaban a ser valoradas se alcanzan las 60.000 previstas.

El concepto de lista de espera en dependencia es complejo. La lista oficial incluye a todas las personas que esperan para recibir una prestación, ya reconocidas como dependientes. Con datos hasta noviembre, son 205.965. Pero también hay 127.560 personas que deben ser valoradas para saber si tienen derecho a atención. Además, el Imserso, dependiente de Derechos Sociales, estima que hay unas 40.000 solicitudes que aún no han sido registradas y añade cerca de 50.000 personas que tienen un servicio ya concedido, pero no lo están disfrutando. Con todo ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales habla de “423.265 personas que están a la espera de algún procedimiento de la ley”, a las que se está “abandonando sin atenciones”. Ramírez pide más transparencia en los datos, para conocer exactamente cuál es la situación en cada comunidad. De media, cada persona espera 430 días hasta que recibe una prestación.

“Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”, expone la asociación en una nota publicada este miércoles, cuando se cumplen 15 años de la aprobación de la ley. “El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites”, prosigue. Ramírez explica que es necesario simplificar los procedimientos, por ejemplo que la valoración y la elaboración del programa de atención a cada persona constituyan un solo trámite y no dos, como ocurre en algunas comunidades. También pide que se flexibilice el sistema, de tal manera que se pueda cambiar un servicio sin necesidad de iniciar un nuevo trámite administrativo, por ejemplo si alguien con ayuda a domicilio pide ir a una residencia.

Las comunidades con mayor lista de espera, entendida como quienes aguardan a recibir la prestación sobre el total de los que tienen reconocido este derecho, son Cataluña (31,8%), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%). Son precisamente estas tres autonomías, junto a Murcia (12,7%), las que han aumentado la lista en 2021, “pese al incremento presupuestario”, critica Ramírez. Fuentes de Derechos Sociales puntualizan que los cambios que se están acometiendo en las autonomías que estaban más rezagadas tardarán más tiempo en mostrar su impacto.

Por otro lado, Ramírez destaca que el sistema se reactiva en general. En lo que va de año han aumentado en 87.701 (un 7,2%) las personas atendidas. Son 1,2 millones en España. Las autonomías en cabeza en incremento son Comunidad Valenciana (14,4%), Asturias (14,2%) y Madrid (13,6%). Por contra, “País Vasco ni siquiera mantiene la tasa de reposición y disminuye los beneficiarios y en Cantabria el número de personas con derecho [a ser atendidas] se redujo en un 11,5%”, se expone en la nota.

El presidente de la asociación apunta que el avance se debe fundamentalmente a las comunidades que más tiran del resto y “en gran medida” debido a “servicios de bajo coste dirigidos a dependientes con grado uno”, el más leve en una escala del uno al tres. Ramírez asegura que los servicios que más aumentan son las prestaciones económicas por cuidados familiares y la ayuda a domicilio, que se presta “en intensidades muy bajas”, con una media de 17 a 57 horas al mes, en función del grado de dependencia. Algo que considera insuficiente. “Ya se han recuperado los recortes y se han incrementado los presupuestos, hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención”, afirma la asociación en su nota. “Desgraciadamente, a las 43.381 personas que han fallecido este año el plan de choque no les llegó a tiempo”.