Gobierno de España

El Gobierno quiere reducir la lista de espera de la dependencia en 60.000 personas en 2021

La ministra de Derechos Sociales anuncia que el Ejecutivo quiere prohibir los desnudos en las pruebas para determinar la edad de los menores migrantes a través de una enmienda a la ley de infancia en el Senado

Ione Belarra, este miércoles durante su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales del Congreso.
Ione Belarra, este miércoles durante su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales del Congreso.Sergio R Moreno / GTRES

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles en la comisión de Derechos Sociales del Congreso que el Gobierno quiere que la lista de espera de la dependencia se reduzca en 60.000 personas en 2021 respecto a las 232.000 que, teniendo el derecho reconocido, se encontraban a la espera de un servicio o prestación a final del año pasado. Según ha dicho Belarra en esta comparecencia a petición propia, se trata de un objetivo “trabajado con las comunidades autónomas” —competentes en la gestión de la dependencia—, por lo que confía en que este viernes se apruebe en el consejo territorial que reúne al ministerio con las autonomías.

Belarra ha desgranado además las principales líneas de actuación en su ministerio, entre las que destaca un impulso al cambio del modelo de cuidados de larga duración o la promesa de aprobar a principios del año que viene una ley de diversidad familiar. La ministra también ha asegurado que están trabajando “para prohibir por ley” que se desnude integralmente y se realicen exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los menores que migran solos. En España se han seguido produciendo casos de esta práctica, pese a las constantes advertencias del Defensor del Pueblo y el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Fuentes del ministerio explican que la prohibición se recoge en una enmienda que presentará el PSOE, en nombre de los socios de gobierno, a la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que está tramitándose en el Senado actualmente.

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Dependencia y fondos europeos. El pasado enero se aprobó un plan de choque que revierte los recortes del Gobierno del PP en dependencia, dotado con unos 600 millones de euros este año. La ministra ha reiterado su compromiso de que la inyección total sea de “3.600 millones de euros” de 2021 a 2023 para asegurar “condiciones dignas” a las personas que trabajan en el sistema, mayoritariamente mujeres, mejorar las prestaciones y servicios y para reducir la lista de espera. Sobre esto último, ha informado de que el consejo territorial de este viernes aprobará un plan “con 60 medidas” para lograr el objetivo de bajar este año en 60.000 personas esta lista“.

En el consejo territorial también se repartirán los 730,8 millones de euros aprobados por el Gobierno para 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, la inversión del ministerio de aquí a 2023 en medidas relacionadas con este plan se elevará a 3.156 millones de euros, articulados en varios ejes. El primero de ellos, que asciende a 2.100 millones, es el cambio del modelo de cuidados de larga duración para promover la atención domiciliaria: “Que las personas que así lo deseen puedan permanecer el máximo tiempo en sus casas con los apoyos suficientes”. Belarra ha indicado que también se financiarán nuevos centros públicos y la remodelación de algunos ya existentes (centros de día y residencias, fundamentalmente), que deberán parecerse “mucho más a un hogar”, más pequeños, respetando el modelo de atención centrada en la persona. El segundo eje es la modernización de los servicios sociales (900 millones de euros en estos tres años). El tercero, la apuesta por la accesibilidad (158 millones de euros), que incluirá actuaciones en ámbitos como el acceso a los servicios, transporte, etcétera.

Infancia. La ministra ha asegurado que su departamento trabajará en la implementación de la ley de protección de la infancia frente a la violencia, en cuya memoria económica se prevén “79 millones de euros” que deberán incluirse en los próximos Presupuestos. Confía en que antes de su aprobación definitiva, durante su tramitación en el Senado, se introduzcan mejoras. Por ejemplo, la prohibición de desnudar y explorar los genitales en las pruebas de determinación de la edad a las que se somete a menores que migran solos. Las principales pruebas que se realizan en España para determinar la edad son óseas o de mandíbula, pero además, en algunos casos también se incluyen exámenes físicos que implican el desnudo integral de los menores.

Fuentes del ministerio explican que este cambio se propondrá a través de una enmienda a la ley de infancia que presentará el PSOE en representación de los dos socios de gobierno, dado que Unidas Podemos no tiene senadores. Por lo tanto, aún está pendiente de su aprobación en la Cámara alta. En la actual redacción del texto, la que aprobó el Congreso, se establece que los 12 meses posteriores a la aprobación de la ley, el Gobierno regulará el procedimiento para la determinación de la edad de los menores. En el Congreso, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz defendió la necesidad de prohibir los desnudos, algo que también defendieron grupos como ERC y EH-Bildu. Ahora, esta enmienda va un paso más allá al especificar que “no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales o exploraciones genitales”.

Nuevas leyes. La ministra ha explicado que el Gobierno remitirá al Congreso “a comienzos del año que viene” la ley de diversidad familiar y apoyo a las familias, algo que implicará dar un fuerte acelerón a los trabajos de preparación de una normativa que tiene como fin la creación en el ámbito estatal, como ocurre ya en algunas comunidades autónomas, de “un cuerpo jurídico unificado que reconozca de forma suficientemente explícita los distintos tipos de modelos familiares”. Ahora no se detalla con “un rango normativo adecuado el conjunto de prestaciones y servicios que la Administración General del Estado les ofrece”. Ha indicado que la norma avanzará “muy especialmente” en la igualdad social de las familias LGTBI y en la protección de los hogares monoparentales, en un 80% encabezados por mujeres.

Belarra ha reiterado además el compromiso de aprobar en esta legislatura una ley marco de servicios sociales y ha insistido en que se aprobará “cuanto antes” una ley de vivienda que “regule los precios del alquiler”, de la que el Ministerio de Derechos Sociales es coproponente y cuya preparación ha evidenciado diferencias en el seno del Gobierno de coalición. Unidas Podemos defiende poner topes a los precios y el PSOE, buscar que se rebajen las rentas mediante bonificaciones fiscales a los propietarios.

Discapacidad y viajes del Imserso. La ministra también ha anunciado el nombramiento de Jesús Martín, hasta ahora vinculado al movimiento asociativo de la discapacidad, como nuevo director general de derechos de las personas con discapacidad. También ha indicado que su departamento trabaja para que, una vez que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, el programa de turismo social y de termalismo del Imserso pueda retomarse en octubre, “con normalidad como cada año”. Respecto a la Agenda 2030, Belarra ha afirmado que la estrategia que fijará la actuación de España para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU estará “lista y aprobada en junio”.

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