La comisión de la verdad, sobre las residencias de Madrid: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha revelado este viernes un informe sobre los detalles que rodearon la muerte de 7.291 mayores durante la pandemia. El equipo, conformado por familiares, juristas y expertos sanitarios, ha entrevistado a cientos de afectados, personal de las residencias y peritos. Las conclusiones más relevantes del documento, presentado en el Ateneo de la capital, apuntan a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales que, a partir de marzo de 2020, cayeron de 100 diarias a 50, un número que, a ojos de la comisión, debió haber aumentado hasta 200. La Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe apunta a que los centros no estaban equipados para tal tarea, ni en material ni en personal. El informe concluye que “más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida” y que no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por “decisiones políticas y de gestión discriminatorias”.

Ni la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni nadie de su equipo de gobierno respondieron a la petición de la comisión de compartir su versión sobre lo sucedido en las residencias. La creación de esta delegación ciudadana surgió ante la negativa de la Asamblea de Madrid de reabrir la comisión oficial, que funcionó del 6 junio de 2020 al 4 de mayo de 2021, cuando se disolvió el Parlamento regional y, con él, todas sus comisiones.

Actuación “inadecuada” del Gobierno

El informe se detiene en las cuatro guías de actuación aprobadas por el Gobierno regional entre el 18 y 25 de marzo de 2020, conocidas como los protocolos de la vergüenza, que establecían los criterios de no derivación, es decir, las razones por las cuales una persona no era llevada a los centros sanitarios, ya colapsados por la expansión del coronavirus. A los enfermos con dependencia física, deterioro cognitivo o comorbilidades se les negó el traslado al hospital, lo que significa para la comisión “una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida”. El informe remarca que la denegación del deber de socorro, “que se deduce de este comportamiento”, es un delito tipificado en el Código Penal.

Durante la rueda de prensa de presentación del informe, las preguntas han sido insistentes en un punto: si la comisión consideraba que los hallazgos podrían servir como material probatorio para las investigaciones penales en relación con las residencias. Los portavoces no han contestado, pero un apartado del documento arroja luz en este sentido. En el capítulo final de recomendaciones dice: “La comisión exhorta al Ministerio Fiscal para que cumpla con sus obligaciones dirigidas a garantizar el derecho a la verdad. Para ello, es preciso que lleve a cabo una verdadera investigación y que los fiscales actúen de modo proactivo”.

La cronología desgranada por los investigadores resalta el hecho de que en noviembre y diciembre de 2019, en la fase inicial del coronavirus, “no se activó la [Red de] Vigilancia Epidemiológica”, lo que retrasó la adopción de medidas de prevención y control del virus en las residencias. Ya en plena pandemia, la comisión acusa al Gobierno madrileño de no utilizar “los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias”. Fernando Flores, profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y miembro de este grupo, ha denunciado que “no se usaron los hospitales privados donde, al menos, 1.000 camas estuvieron libres siempre. Tampoco se utilizaron los hoteles medicalizados”.

Exceso de mortalidad evitable

La mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, duplicó la media de otras comunidades y otros países de la UE. En esos dos meses, murió uno de cada cinco residentes en los centros de mayores. El informe revela que muchas defunciones se pudieron haber evitado “con una prevención de la atención sanitaria adecuada” que, insisten, no hubo por “decisiones políticas y de gestión discriminatorias”.

Fernando La Mata, médico experto en gestión sanitaria y miembro de la comisión, ha afirmado que “más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”, si hubiesen sido trasladados a un centro sanitario. La Mata se ha apoyado en esa cifra para desmentir uno de los últimos pronunciamientos de Ayuso, quien dijo que los mayores que fallecieron mientras esperaban un traslado al hospital “se iban a morir igual”.

Residencias no medicalizadas

El Gobierno regional restringió las derivaciones de los centros de mayores a los hospitales en marzo de 2020, bajo el argumento de haber dotado a las residencias de material suficiente para hacer frente al virus. Sin embargo, la comisión ha llegado a una conclusión diferente: “La Comunidad de Madrid no había dotado las residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”. El texto llama la atención sobre el hecho de que en los meses de marzo y abril, ya con la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las residencias no contaron con medios de protección adecuados (mascarillas, equipos de protección), ni de tratamiento (oxígeno, medicación, personal sanitario)”.

La comisión reprocha que, antes de atender a las residencias, se priorizara la apertura de otros espacios, como el hospital de campaña en el recinto ferial de Madrid, con 1.300 camas y 3.000 sanitarios, al que solo se trasladaron 23 pacientes desde los centros de mayores. “Con el personal que se envió a Ifema se podían haber medicalizado más de mil camas en residencias”, concluye el informe, que calcula en 5.000 las muertes en los centros de mayores durante el funcionamiento del hospital temporal.

La desatención a los asilos que denuncia la comisión repercutió en una disminución en la calidad de los cuidados paliativos. El texto condena que “no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno familiar fue excluido”. El testimonio de una trabajadora de una residencia, que figura en la página 181 del texto, ofrece una imagen gráfica de lo que esto supuso para los enfermos: “Se murieron de una forma horrible, horrible, ahogadas, asfixiadas, deshidratadas por falta de atención médica”.

El documento precisa que, “a día de hoy, la estructura y dotación de las residencias continúa siendo deficiente”. Esta conclusión ha sido remarcada por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, quien ha acudido al Ateneo para informar de una moción que presentará el PSOE el jueves en el Parlamento regional “para modificar el modelo de residencias”. Lobato ha insistido en que “el PP de Ayuso no ha movido un dedo para cambiar nada”.

Comunicación deficiente

“La comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares, fue, en general, incompleta, inapropiada y muchas veces contradictoria”, señala el texto de la comisión, que ha documentado casos en los que “no se aportó la historia clínica con la evolución detallada, las peticiones de derivaciones, ni los acuerdos razonados de no derivación”.

Flores ha denunciado que la falta de información derivó en escenas que expusieron incluso al personal sanitario: “En muchas residencias se decía a las trabajadoras que no se pusieran las mascarillas para no alarmar a los residentes”. El caos informativo durante la enfermedad perduró incluso después del fallecimiento. Una mujer que perdió a sus padres por covid, residentes en un centro de mayores, ha narrado a la comisión: “Me devolvieron las cosas de mis padres en cajas, pero había cosas que faltaban, y otras muchas que no eran suyas. No me devolvieron sus alianzas”.

El informe acaba con un apartado de recomendaciones en el que pide la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia ―”no se ha completado una investigación de los hechos desde las instituciones políticas”―. También han demandado una mayor implicación del Ministerio Fiscal y una mejora de la dotación del sistema sanitario público.

Puede consultar el documento completo aquí.

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