13 estudios científicos desmienten a Ayuso: se salvaron entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias hospitalizados con covid

¿Estaba destinada a morir una persona mayor si se contagiaba de covid durante la pandemia? La idea proviene de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la puede desmentir fácilmente cualquiera que conozca algún caso cercano de persona superviviente con 80, 90 o incluso más de 100 años. Pero Ayuso airea esa excusa para defender su política de exclusión de asistencia hospitalaria a las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. En su contra juegan 13 estudios científicos en Madrid y otras comunidades: entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias enfermos de covid que fueron a un hospital acabaron recuperándose. En las madrileñas murieron 5.794 personas con covid en marzo y abril de 2020.

Ayuso ha retornado al tema en los últimos días, en medio de críticas por sus intentos de bloquear el acceso a las actas que redactaron los policías en sus visitas a las residencias. Este lunes, la presidenta defendió en un desayuno informativo que “el traslado al hospital no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras”. Ayuso no precisó cuáles eran esos datos y la Consejería de Sanidad no ha contestado a una pregunta de este periódico sobre cuál es la fuente de la presidenta. El jueves, Ayuso hizo otra declaración semejante en la Asamblea de Madrid: “Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el covid, no se salvaba en ningún sitio”.

El efecto de la edad en los pacientes de covid es bien conocido: cuanto mayor es la persona, menores son sus posibilidades de sobrevivir. Pero eso no supone una muerte segura tras contraer la enfermedad, como afirma la presidenta. Las estimaciones sobre la letalidad de la primera ola indican que sobrevivía al virus aproximadamente un 90% de los enfermos de entre 80 y 84 años; un 80% de los que tenían entre 85 y 89 años; y un 56% de los que tenían más de 90 años.

Pero aún se puede ser más preciso, porque se conocen datos sobre mayores enfermos de covid que vivían en residencias durante la primera ola y fueron hospitalizados. En España, 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de este colectivo fueron incluidas en una revisión sistemática publicada el año pasado por la revista internacional Epidemiología y liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, profesora jubilada de Salud Pública en la Universidad de Montreal (Canadá).

Dos estudios examinados por Zunzunegui pertenecen a hospitales públicos de la región madrileña. Trataron a enfermos de residencias que sí superaron el triaje de los protocolos, pero los datos de estos hospitales muestran que dejaron fuera a un alto número de enfermos que fallecieron en las residencias de su área.

El primer estudio analizó la mortalidad de 419 pacientes enfermos que en marzo y abril de 2020 vivían en 31 residencias en el área del hospital Ramón y Cajal, en el norte de Madrid. De esos, 130 fueron hospitalizados y sobrevivieron 94 (el 72,3%), según la investigación liderada por Lorena García-Cabrera, especialista en cuidados paliativos del Ramón y Cajal.

El segundo evaluó la mortalidad de 430 mayores contagiados entre marzo y junio en residencias del área del hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. De esos, 292 fueron ingresados y sobrevivieron 168 (el 57,5%), de acuerdo con el estudio comandado por el jefe de geriatría de ese hospital, Rafael Bielza.

Las otras investigaciones revisadas por Zunzunegui muestran la supervivencia en distintas áreas geográficas (por ejemplo, una sola residencia de Granada o ciudades como Sant Cugat del Vallés, en Barcelona). Los que comprenden toda una comunidad autónoma han analizado el caso de Navarra (donde se salvó el 63,9% de los hospitalizados), Andalucía (54,3%), País Vasco (49,6%) y Galicia (37,3%).

En conversación con EL PAÍS, Zunzunegui califica de “falsedad grandísima” las afirmaciones de Ayuso: “Es un horror porque no solo es que se pudo haber evitado que murieran mal, sino que no tenían que haber muerto”, dice la investigadora, que realizó su trabajo junto con François Béland, del Instituto de Salud Carlos III, y Fernando García López, del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas.

Un análisis reciente del medio InfoLibre muestra un resultado que encaja con lo que revelan las investigaciones compiladas por esta autora. Según ese análisis, de datos del Gobierno madrileño obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información, en marzo y abril de 2020, ingresaron en alguno de los hospitales públicos de la región 6.308 residentes y sobrevivieron 4.129 (el 65%).

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, también rechaza tajantemente la tesis de la presidenta: “Es falso”, asegura a este periódico. “No es cierto que te salvaras sin más si ibas al hospital, pero tampoco es cierto que diera igual”.

Tampoco es cierto que diera igual una forma de morir u otra. El personal de las residencias o los sanitarios de la Operación Bicho han narrado el horror que presenciaron en esos centros desasistidos, donde faltaban personal y recursos médicos: cadáveres sin recoger, enfermos asfixiándose sin sedación o residentes que se negaban a comer o beber. Si el desenlace iba a ser fatal, el hospital hubiera supuesto una muerte más digna.

Derivaciones a hospitales privados

Casi cuatro años después, los hechos aún está siendo investigado por múltiples juzgados de instrucción de Madrid, y la oposición de izquierdas a Ayuso sigue reclamando que la presidenta rinda cuentas. Amnistía Internacional ha calificado lo sucedido como “uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de nuestro país”, donde “ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas”.

En su defensa, Ayuso ha incurrido en numerosas contradicciones. Ha culpado al Gobierno central (que no tenía competencias), pero también al virus. Esta idea suya de una muerte irremediable sugiere que las decisiones de los políticos eran irrelevantes, como dijo expresamente en junio de 2020: “Lo que se ha vivido ha sido un infierno, una guerra sobrevenida de la que no tenemos la culpa nosotros como gobernantes autonómicos”.

El alto cargo madrileño que se rebeló contra el abandono de las residencias, Alberto Reyero, desmiente esa tesis de unos gobernantes superados por los acontecimientos. Insiste en todas las alternativas que el Gobierno de Ayuso descartó para salvar esas vidas, como la medicalización de las residencias, el traslado de los mayores de residencias al hospital de campaña de Ifema o a las camas libres en los hospitales privados.

A esto, Reyero añade otro elemento revelado por EL PAÍS que vierte más sal en la herida: “Luego está el contrasentido y la injusticia de que sí se derivaba a las personas con seguro privado”, recuerda. “Si se iban a morir de igual modo, ¿por qué sí los enviaban a los hospitales privados?”.

Como han hecho otros analistas, Reyero expresa su disgusto por la “frivolidad” y “chulería” que percibe en las últimas declaraciones de Ayuso. Y le pregunta a su antigua jefa: “¿Diría lo mismo si los afectados hubieran sido sus padres?”.

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