Amnistía Internacional denuncia la política de Ayuso en las residencias: “Documentamos violaciones de derechos humanos”

Al mismo tiempo que este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende su gestión de la pandemia en las residencias (”Están a un paso de acusarnos de genocidio”, dice en un desayuno informativo), una especialista de Amnistía Internacional (AI) la critica con la máxima dureza en la Asamblea de Madrid. Es un contraste total. De blanco al negro. Del oropel del Ritz, donde habla Díaz Ayuso, a la austeridad del Parlamento, donde interviene Carmen Miquel Acosta a petición de Más Madrid. Su intervención, basada en un estudio de la ONG sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid y Cataluña durante lo peor de la pandemia, cuando los protocolos madrileños vetaron el traslado de mayores enfermos a hospitales, es demoledora: “Documentamos violaciones de derechos humanos [...] La supuesta medicalización de las residencias nunca sucedió, dejando a las personas mayores en una situación muy delicada, abandonadas a su suerte. En nuestra investigación también documentamos cuidados paliativos deficientes. También, un encierro de facto, la escasa información a familias, dificultades de comunicación, y muerte en soledad”.

El veto al traslado de los ancianos a los hospitales fue más intenso entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020 y especialmente significativo entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Según un análisis que publicó EL PAÍS, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.

Esas cifras espeluznantes cobran un nuevo significado cuando la especialista de Amnistía Internacional las convierte en consecuencias de decisiones políticas: los recortes previos a la pandemia que dejaron a la sanidad pública en los huesos y tiritando; los protocolos que decidieron las derivaciones; los geriatras, dice, que actuaron como “guardianes de puerta del hospital”.

“Documentamos violaciones de derechos humanos de personas mayores que vivían en residencias, especialmente en la primera ola, de marzo a mediados de abril de 2020, en Madrid y Cataluña”, empieza Acosta. “A saber, el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación (...) y a una muerte digna”, enumera. “En la Comunidad de Madrid las medidas de refuerzo de la Atención Primaria fueron insuficientes para garantizar el acceso a la atención sanitaria de una población con creciente necesidades de salud, conduciendo a la Atención Primaria a una situación cercana al colapso asistencial”, describe. “Durante el pico de la primera ola, el personal de residencias no contó con protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de diferentes instituciones”, añade. “[Como consecuencia] durante periodos críticos no había personal médico suficiente”, sigue. “El derecho a la salud se vio vulnerado”, lamenta. Y denuncia: “La decisión práctica de no derivar [de las residencias a los hospitales] se aplicó de manera automatizada, en bloque, sin valoraciones individualizadas. (...) La exclusión fue generalizada”.

Paralelismo con la Inquisición

De la defensa de la política del PP se ocupa María Inmaculada Pérez Bordejé, una diputada debutante en la Asamblea con experiencia como concejal de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia en el Ayuntamiento de Boadilla. ¿Su argumento? Establecer un paralelismo entre lo que está diciendo la oposición en la comisión, y la Inquisición.

“Estoy sorprendida”, empieza. “En ningún momento pensé que íbamos a hacer aquí un juicio paralelo a todos los que se vienen llevando en la justicia española. Hemos estado sometidos a infinidad de investigaciones que hasta ahora todas han dado la razón al Gobierno, porque no han visto indicios ni causas por los que pudieran haber actuado de otra manera”, sigue, tirando del argumentario oficial del partido, como si el asunto le hubiera pillado por sorpresa. “Ya que estamos aquí en un tribunal, y vienen a hacer un auto poco menos que de fe...”, añade sobre los actos públicos que organizaba la Inquisición para que los condenados abjuraran de sus pecados y mostraran su arrepentimiento. “No nos corresponde a nosotros hacer un juicio paralelo. Es ruin. Es la izquierda y sus terminales mediáticas, que siguen queriendo sacar rédito político retorciendo el dolor de las víctimas y de sus familiares”, sigue. Y suelta: “Me decepciona Amnistía Internacional”.

Acosta la escucha sin torcer el gesto. En su segundo turno de intervención, pide investigar más lo ocurrido, reabrir casos, “verdad, justicia y reparación” para las víctimas. Se expresa con asepsia. Sin emociones. Como una profesional, sin cebarse con el Gobierno de Madrid, recordando, también, la cuota de responsabilidad estatal. Su última frase no tiene nada que ver con Torquemada, primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV, con quien parece compararla la representante del PP: “Amnistía Internacional pide que no se mire a otro lado, este es uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de nuestro país, y ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas”.

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