La Audiencia de Madrid reabre una segunda causa contra Ayuso por los “protocolos de la vergüenza” de las residencias

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado de instrucción número 50 que reabra un caso para investigar si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros tienen alguna responsabilidad penal en la muerte de siete mayores en una residencia del distrito de Ciudad Lineal al no ser derivados al hospital durante la pandemia.

Esta causa se refiere a siete residentes del centro Amavir Ciudad Lineal que fallecieron sin haber sido trasladados al hospital Ramón y Cajal y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro, en aplicación de las indicaciones del protocolo de no derivación de la Comunidad de Madrid, apodado el “protocolo de la vergüenza” por las familias de los mayores. Sus familias presentaron una querella, que fue desestimada en primera instancia, por lo que recurrieron ante la Audiencia Provincial.

Esta, en un auto dictado el 25 de octubre al que ha tenido acceso este diario, estima parcialmente el recurso, en el que se alegaba vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación, y ordena que se investigue si hay indicios de criminalidad en las decisiones de Ayuso y dos de sus entonces consejeros, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López. El auto señala que “debió seguirse investigando, principalmente sobre la declaración de los responsables de los protocolos, así como la del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes”.

Se trata de la segunda vez que la Audiencia Provincial ordena a un juzgado reabrir una causa para determinar si existe responsabilidad política de altos cargos del Gobierno regional en la muerte de residentes durante la pandemia. Se trata de un juzgado de Collado Villalba, que se encuentra investigando a Ayuso, Escudero y López, un procedimiento en el que declararon Reyero y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur. “El consejero de Sanidad era mi superior y claro que conocía los protocolos de las residencias”, admitió Mur.

En un comunicado remitido a este diario, Marea de Residencias ha destacado que las diligencias que se instaron “vienen a reforzar lo referido a las decisiones tomadas para derivar/no derivar a los residentes a centros hospitalarios en directa relación con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid y los recursos técnicos y sanitarios con los que contaban las residencias, tanto para atención y seguimiento del estado de salud de los residentes, como para proteger del contagio del coronavirus a trabajadores y residentes”.

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