Ataques, ansiedad y amenazas a abogadas: “He vivido dos años de calvario por el acoso de un cliente”

La abogada Amparo Martínez, de 51 años, reventó una noche que estaba sola en casa y sonó el pitido de un nuevo correo electrónico. Hacía más de dos años que entraba en un estado de ansiedad cada vez que veía ese nombre en su bandeja de entrada. Era un cliente al que se habían asignado por el turno de oficio, el que garantiza justicia gratuita a cualquier ciudadano, y que había ido escalando en el tono de los emails que le enviaba. “Yo solo quería responderle rápido para evitar su agresividad”, explica. Pero esa noche explotó. Entró en pánico. Tuvo que llamar al Samur para que la atendieran. A la mañana siguiente, a primera hora, acudió a urgencias y, después, a presentar una denuncia contra su representado. Era la única forma de poder rechazar llevar su caso, ya que, como abogada de oficio, está obligada a aceptar a todos los clientes. Cuando le llegó a él la notificación, le envió un último mensaje en el que le prometía que no iba a descansar hasta acabar con ella.

Hace unas semanas se celebró el juicio contra el hombre y esa fue la primera vez que coincidieron en la misma sala. A Martínez, una letrada que acaba de celebrar sus 25 años de profesión, le asignaron este caso en abril de 2020, en plena pandemia. En principio, el asunto no parecía muy difícil, era una simple denuncia para reclamar la devolución de unos pagos a una compañía telefónica, pero acabó siendo el peor de su vida. “Yo al principio no identificaba lo que me estaba sucediendo. Solo notaba el dolor de estómago con sus mensajes. Después, con terapia y tres meses de baja, lo he asimilado todo. Han sido dos años de calvario por su acoso”, explica. La jueza acabó condenando al hombre al pago de 300 euros a la abogada. Ella ha recurrido la sentencia. “Si hubiera llegado con la cabeza abierta, habría sido distinto, pero tres meses de baja por depresión y ansiedad todavía no pesan tanto como el daño físico”, se lamenta.

Casos como el de Amparo Martínez han impulsado al Colegio de la Abogacía de Madrid, el mayor de España y uno de los más grandes de Europa, a lanzar una campaña para animar a denunciar a los letrados, y en especial a las letradas, este tipo de situaciones. Este matiz se introduce tras analizar los datos, que muestran que la mayor parte de agresiones y amenazas las sufren ellas. En concreto, el 67% de las denuncias son interpuestas por mujeres. En 2023, la institución ha gestionado 24 denuncias de amenazas, un número pequeño bajo el que la vicedecana, Isabel Winkels, cree que hay más “casos soterrados”. Según el responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, detrás de muchas de estas situaciones machistas hay un “componente cultural”.

Gracias a esta iniciativa, el colegio ha elaborado un decálogo de situaciones de violencia a la que se enfrentan las abogadas para que identifiquen qué pueden denunciar. Estos puntos van desde las más evidentes, las agresiones físicas, hasta micromachismos que pueden pasar desapercibidos, pero que también son motivo para pedir abandonar la defensa de un justiciable. Según el análisis de la institución, la mayor parte de estas situaciones de indefensión —el 75%— se dan en el turno de oficio, donde un letrado tiene casi nulas opciones de rechazar a un cliente.

La abogada Paloma Álvarez, recién nombrada responsable de Igualdad del colegio, recuerda dos episodios que conserva muy vivos en su memoria. El peor lo vivió en una comisaría del sur de Madrid hace unos años. La llamaron en medio de la noche para asistir a un detenido por robar en un establecimiento. Los agentes le advirtieron de que no iban a quitarle las esposas porque era peligroso, pero no quedó más remedio cuando le tocó firmar el documento de asistencia letrada gratuita, imprescindible en el proceso legal. En ese instante, el detenido aprovechó el boli para intentar clavárselo a la abogada. “La ironía es que acabé consiguiendo la libertad para él y pidiendo a los agentes que me protegieran a la salida”, señala. En otra ocasión, rememora cómo en mitad de una vista, frente al juez y la fiscal, un procesado espetó que no quería que lo representara una mujer. Cuando su compañera fiscal la defendió, el hombre le preguntó con prepotencia que cuántos años llevaba ejerciendo.

Eva Papadopulos es otra de las letradas que también ha sentido miedo. “En una ocasión me enviaron un vídeo en el que aparecía una mujer a la que estaban asfixiando y golpeando y debajo de la imagen ponía que es lo que me iban a hacer a mí y que ya tenían dinero suficiente para hundirme. Casualmente, poco después me encontré las ruedas de mi coche pinchadas”, relata. Ese fue el peor episodio, pero también recuerda cómo, cuando ha pedido respeto a algún defendido, ha obtenido como respuesta que a él nunca le ha dado de lado ningún abogado, “y menos una mujer”. “Todas o casi todas nos hemos visto en una situación discriminatoria o con mayor vulnerabilidad por ser mujeres”, sentencia.

Amparo Martínez reconoce que el protocolo funcionó en cuanto presentó la denuncia y la retirada de ese cliente fue instantánea. Se lo asignaron a un compañero varón con el que ella tuvo oportunidad de hablar después. “Me dijo que no había tenido ni un solo problema con él”, afirma. Ella quiere aprovechar su experiencia para trasladar al equipo del nuevo decano, Eugenio Ribón, mejoras para atender a las abogadas que se convierten en víctimas de violencia: “Creo que se debería actuar de modo preventivo, cuando adviertes un problema y no tener que esperar a la denuncia. También creo que la asistencia psicológica debería ser gratuita”. Desde que le sucedió esto, Martínez se dio de baja en el turno de oficio, en el que llevaba más de dos décadas por “pura vocación”. Algún día espera volver, pero el trauma está muy reciente.

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