Un alto cargo de Ayuso, ante el juez: “El consejero de Sanidad era mi superior y claro que conocía los protocolos de las residencias”

Carlos Mur, el alto cargo madrileño que firmó los protocolos que evitaron la hospitalización de mayores enfermos de las residencias, ha dicho este jueves ante un juez que esos documentos contaban con el visto bueno del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El exdirector general de coordinación sanitaria, que ha comparecido como testigo en los juzgados de plaza de Castilla, ha declarado que esos documentos se hicieron para dar apoyo a los sanitarios que tomaban las decisiones de hospitalización, pero ha añadido que no considera que fueran obligatorios. Su afirmación contrasta con la versión que había dado otro testigo minutos antes, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien ha declarado que sí eran vinculantes, a la vista de los miles de muertes que se produjeron.

Es la primera vez que cargos políticos en España comparecen ante un juez por las muertes sin asistencia sanitaria al principio de la pandemia de coronavirus, y la pregunta ahora es si el juez, titular del Juzgado de Instrucción número 9, Arturo Zamarriego, llamará a los superiores de Mur. Esa es la pretensión del abogado de las familias, Carlos Vila, quien sigue una estrategia de escalera, por la cual espera seguir subiendo en la escala de responsabilidad hasta llegar a Escudero y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Mur ha declinado hacer declaraciones a este periódico a la salida de los juzgados, alegando el estado en que se encuentra aún la instrucción. El abogado de las familias le preguntó durante la vista sobre el papel de Escudero. “Era mi superior y claro que conocía [los protocolos]”, ha dicho Mur, según ha contado el letrado al término de la comparecencia. Según Vila, Mur ha reconocido que la Comunidad no cumplió con la otra cara de los protocolos, la medicalización de las residencias. Ha contado que no se medicalizaron por completo, a pesar de que algunas recibieron oxigenoterapia, y ha reconocido que la consejería tampoco permitió el traslado al hospital de campaña de Ifema, donde eran preferentes los enfermos leves.

“Mur ha dicho que él era un simple director general sin mando en plaza y que las grandes decisiones las tomaba el consejero”, según Vila. El letrado se ha mostrado esperanzado tras la vista. “El juez quiere averiguar si se produce un nexo de causalidad entre los protocolos y las muertes, y para ello ha encargado un informe a un forense”, ha dicho el abogado.

Si el juez citara a Escudero, tendría que remitir la declaración a instancias judiciales superiores. Como consejero, Escudero está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y como Ayuso ya ha anunciado que lo nombrará senador tras las elecciones, pasaría a estar aforado ante el Supremo.

La esperada declaración como testigos de Mur y Reyero, a la que no tenía acceso la prensa, se ha producido en uno de las decenas de casos judicializados en Madrid por los sucesos ocurridos al principio de la pandemia. Hasta ahora, los jueces que han examinado los hechos han archivado la investigación o se han limitado a citar a los médicos o directores de residencias. El caso que investiga Zamarriego concierne a tres fallecidos en DomusVi Albufera, un hogar de Vallecas de 143 plazas que dependía del Hospital Infanta Leonor. Murieron el 30 de marzo y 7 y 8 de abril. Durante la primera ola murieron 37 personas que vivían en ese centro, de las cuales 22 lo hicieron en la residencia.

“Cabeza de turco”

Según el abogado y las familias, los trabajadores de las residencias y los médicos de hospital se limitaban a cumplir los protocolos. Por ese motivo creen que la responsabilidad de lo sucedido recae en los políticos que tomaron las decisiones. Al respecto, Reyero ha dicho a este periódico en los pasillos del juzgado que cree que Mur es “un cabeza de turco”. Mur, que hoy ocupa un cargo directivo en la sanidad pública de Andorra, era director general de coordinación sociosanitaria de la Consejería de Sanidad madrileña. Como tal, dependía del consejero Escudero quien, ante la situación de colapso hospitalario, tomó la decisión de que los mayores de residencias no fueran atendidos en hospitales, el jueves 12 de marzo de 2020.

Como ha contado EL PAÍS, Mur reunió al día siguiente a un grupo de geriatras de los hospitales públicos, quienes iban a actuar de filtro para decidir quién tenía derecho a cama y quién no. Para dar seguridad jurídica a los geriatras, decidieron elaborar un documento que los autorizara a denegar el ingreso hospitalario. La Comunidad de Madrid difundió el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020 a los hospitales públicos y las residencias de mayores cuatro versiones de un protocolo que autorizaban a los geriatras hospitalarios a negar el traslado de mayores enfermos cuando estos residían en hogares colectivos.

Mur ha llegado a la vista de este jueves a media mañana acompañado de tres hombres, uno de ellos Alberto Lahoz, reclutado por este para ayudarle ante la tarea hercúlea de salvar vidas en residencias. Ha extendido la mano a Reyero, al abogado Vila y a Carmen Miquel, una jurista de Amnistía Internacional, organización que ha denunciado las muertes por abandono.

Primero ha hablado Reyero durante casi una hora, en la que, según ha dicho más tarde, ha insistido en lo mismo que ha contado en varias entrevistas y en su libro Morirán de forma indigna. “He dicho lo de siempre. Que hay que entender los protocolos en el contexto de la falta de medicalización y la no derivación a Ifema y a los hospitales privados”.

A pesar de ser el consejero del que dependían las residencias, Reyero no fue llamado por Escudero para tomar las decisiones clave. El 21 de marzo de 2020, cuando conoció el triaje que había elaborado su compañero de Gobierno, le escribió un correo en el que le alertaba de la posible ilegalidad de esos documentos. Más tarde, rompió con él públicamente al criticarle por no hacer lo suficiente para medicalizar las residencias.

“El juez me ha preguntado si consideraba que eran vinculantes y le he dicho que sí, pero que a mí no me corresponde la calificación jurídica. Es un tema de discusión, pero yo pienso que sí, a la vista de los efectos que tuvieron”, ha dicho Reyero. Cuando ha salido de la sala, Reyero y Mur se han despedido dándose la mano. “Cuando pase todo nos veremos”, le ha dicho Mur.

Allí mismo en el juzgado, Reyero se ha enterado de que Ayuso acababa de desear que le imputasen. “Pues yo no se lo deseo [a Ayuso la imputación]”, le ha respondido él a EL PAÍS. Y ha añadido: “Es una contradicción. Si quiere que me imputen que ponga una querella. Entiendo que como juegan a la provocación, quieren embarrarlo todo”.

El exdirector general ha declarado durante 50 minutos, respondiendo a preguntas del juez, de Vila y del abogado de DomusVi. No ha estado presente ningún fiscal, a pesar de que la Fiscalía General difundió un oficio el 6 de octubre del año pasado por las que pedía a los fiscales que asistieran a las declaraciones de las familias y los testigos relevantes. Esa falta de interés de la Fiscalía ha sido denunciada, entre otros, por Amnistía Internacional. “Esperamos que esto suponga un avance en la verdad y justicia para las víctimas, pero lamentamos que la Fiscalía no haya comparecido hoy en esta declaración de personas relevantes para la causa, en contradicción con las instrucciones y oficio de la propia Fiscalía General”, ha dicho Carmen Miquel.

Mur ya declaró en la Asamblea de Madrid en la extinta comisión de investigación, que fue clausurada cuando Ayuso adelantó las elecciones a mayo de 2021. Entonces ya dijo que seguía indicaciones de Escudero y que presentó un borrador del protocolo por primera vez a sus superiores el domingo 15 de marzo de 2020, en una reunión presidida por el consejero de Sanidad. Se suponía que el triaje en Madrid iba a ir acompañado de una “medicalización” de las residencias, pero la realidad es que la Comunidad envió finalmente a esos sanitarios al hospital de campaña de Ifema, donde no se autorizó el traslado de esos mayores, ya que la Consejería de Sanidad decidió que solo se atendiera allí a enfermos con bajo riesgo. En la primera ola de la pandemia, entre el 8 de marzo y el 7 de julio de ese año, murieron 11.389 mayores de los alrededor de 52.000 que vivían en residencias de Madrid, según un análisis publicado por EL PAÍS. De ellos, 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.

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