La hija de una mujer ingresada en una residencia, a Ayuso: “¿Tú comes cinco comidas al día por 4,60 euros?”

“Llegué a base de empujones, porque no me dejaba la seguridad de ella, pero llegué”. La que habla es Julia Martínez Rodríguez, la hija coraje de una residente de la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares (Madrid) que lleva meses y meses denunciado la mala situación de esta residencia pública a la que se le acumulan los problemas y que investiga ya la Fiscalía, desde denuncias por la mala alimentación de los mayores a la presencia de legionella pneumophila en el agua, y que no ha dudado en llevar su lucha hasta la mismísima Asamblea de Madrid. Con ese ella, se refiere a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien logró charlar brevemente el jueves pasado en los pasillos de la Cámara regional.

Julia Martínez, de 48 años, había acudido a la Asamblea invitada por Unidas Podemos, cuya coportavoz, Alejandra Jacinto, afeó a Ayuso la gestión de las residencias durante la sesión de control. Tras el pleno, Martínez decidió intentar hablar con la presidenta: “No podía dejar pasar la oportunidad”. Y lo consiguió. “Estuve como cinco o siete minutos con ella”, explica la mujer. “Me presenté, le dije que iba en representación de los familiares y le pregunté si ella comía cinco comidas al día por 4,60 euros [5,06 con IVA, 152 al mes]. Ayuso me admitió que no, claro. Le resumí cómo se encuentra la residencia en cuanto a falta de material y de personal, desorganización, con los abuelos abandonados, sin agua caliente muchos días, con solo cuatro grifos de agua potable... Y ahora, con legionella”, continúa Martínez.

Por último, recordó a la presidenta que “nuestros mayores se merecen lo mejor” y le pidió, “por favor, que rescindiera el contrato” de suministro de alimentos, que desde el pasado septiembre está a cargo de la empresa sevillana Plataforma Femar. “[Ayuso] Me comentó que la semana pasada lo hizo con un proveedor de otra residencia y que, si lo tenía que hacer con esta, lo iba a hacer también, le rogué que actuara ya por favor. Yo creo que está muy mal informada y que los que tiene a su alrededor le dicen que todo está bien”, cuenta Julia. “Ayuso me cogió los datos, el teléfono y demás, y le dije que la invitaba un día a venir a la residencia para que lo comprobara ella misma”, concluye.

“Nadie ha hablado de rescindir nada”

Para Martínez, Ayuso se comprometió a estudiar la rescisión del contrato. Sin embargo, del otro lado no opinan lo mismo. Una fuente gubernamental, que estaba al lado de la presidenta en el momento en el que esta mujer la abordó, confirma a EL PAÍS que la conversación se desarrolló, aunque niega tal compromiso: “No comentamos conversaciones privadas, pero en ningún caso se comprometió a rescindir ningún contrato, eso lleva su procedimiento administrativo y están regladas las causas de rescisión”. “Salió el tema de la posibilidad de que se rescindiese el contrato, la familiar quería saber si eso era viable y se le explicó que lo contemplan los pliegos, pero que hay unos trámites, un cuerpo de inspectores...”, añade.

Es más, la propia Ayuso ha negado este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que se plantee cambiar de concesionaria. “Creo que el contrato es nuevo, está renovado, y que desde que esto se ha puesto en marcha ya no ha habido la misma situación. Lo que vamos a hacer, cuando tenga la oportunidad, es visitar esta residencia y conocer de primera mano su situación. Una vez que la veamos, y atendiendo los informes de inspección, veremos qué decisión podemos tomar. Por ahora, nadie ha hablado de rescindir nada”, ha dicho la presidenta en unas declaraciones que evidencian su desconocimiento, ya que lo que denuncian las familias es justo lo contrario, que la calidad ha empeorado con el nuevo contrato.

“Me gustaría acompañar a esta vecina y conocer de primera mano las instalaciones. Me gusta comprobar cómo se prestan nuestros servicios. La siguiente legislatura me gustaría dedicar más tiempo a ello”, ha señalado la presidenta en clave electoral sobre su encuentro con Julia, al tiempo que ha dejado en al aire otra pregunta, qué le parece que la Fiscalía del Área de Alcalá de Henares haya abierto dirigencias sobre el caso. La Fiscalía ha requerido documentación a diferentes organismos para investigar las “pésimas condiciones” en las que se encuentran residentes y trabajadores tras admitir a trámite una demanda presentada por Podemos y por familiares de residentes.

Después de publicar EL PAÍS el martes una información en la que Fermar, el principal proveedor de las residencias de la Comunidad de Madrid, niega una merma en la cantidad o calidad de los menús y denuncia un “nivel de exigencia del cliente fuera de toda institución pública”, con pedidos de bogavante, cordero lechal, salmón ahumado y caviar, la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, asegura estar “vigilante” para que se cumplan las condiciones de “máxima calidad” en el servicio.

En unas declaraciones remitidas a este diario por su gabinete de prensa, Dancausa recuerda que impusieron a la contrata “una serie de penalidades” por incumplimiento de las condiciones pactadas. Fueron seis sanciones entre septiembre y octubre, 43.000 euros en total, por “incidencias en la cantidad y calidad de algunos productos”, según detalla un portavoz de su departamento, que sostiene que “desde noviembre ya no hay problemas de suministro y, si se detecta algún desajuste, se corrige de manera inmediata”. Sin embargo, el gerente de Femar, Ignacio Muñiz, alega que fueron únicamente por una cuestión logística, la falta de un almacén a menos de 40 kilómetros de Madrid durante las primeras cuatro semanas de vigencia del servicio.

“En un principio el contrato no lo cumplían, ahora lo están cumpliendo y, en función de cómo se desarrolle, tomaremos las medidas que consideremos oportunas, siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es que la comida sea de la máxima calidad”, explica Dancausa, que asegura estar “controlando la calidad de la alimentación”, un servicio que para la Comunidad es “fundamental”. “Si por alguna razón se dan las circunstancias, entonces tomaremos las decisiones que nos competen”, zanja la consejera sobre un contrato que afecta a un total de 37 centros con capacidad para 5.235 personas: nueve residencias de mayores incluida la Francisco de Vitoria, 22 de menores y seis centros sociales. Pero todo apunta a que la licitación, que es anual, se prorrogará. De hecho, según la empresa, la Comunidad ya comunicó a la empresa su intención de mantenerla “con siete meses de antelación” al vencimiento, por lo que ellos están ya obligados a seguir, a pesar de que este contrato les ha ocasionado pérdidas de más de 400.000 euros.

20 kilos menos en dos años y cuatro meses

Luisa describe a la Francisco de Vitoria, un edificio de 1973 con 526 plazas, como “la casa de los horrores”. Su madre, a la que se refiere siempre con un cariñoso “mamá”, se llama Luisa Clara Rodríguez, tiene 74 años y es una gran dependiente a causa del alzhéimer. “La cuidaba yo, pero tuve que pedir la plaza con todo mi dolor porque no podía seguir viviendo con la UVI móvil en la puerta”, lamenta la mujer, que ahora se dedica a sus “labores” y que está “desesperada buscando algo” tras tener que cerrar su negocio por la pandemia. 

Luisa lleva dos años y medio en la residencia y su deterioro físico es palpable. “Mamá me ha perdido cerca de 20 kilos, entró con 68 y está en 47. La dirección lo niega y me da gráficas de pesos manipuladas, en las que dice que al llegar pesaba 55 y en las que figuran cosas imposibles como que engordó seis kilos en un mes. El otro día le hice una foto de las piernecitas, da pena de ver cómo está mamá″, sostiene, para señalar “tuvo neumonía en enero y ahora se ha sabido lo de la legionella, es mucha coincidencia”. En otro ingreso en julio, la doctora le preguntó si estaba segura de que su madre comía en la residencia, porque estaba desnutrida y deshidratada. Le tuvieron que hacer transfusiones para paliar la anemia. El 8 de enero también estuvo ingresada porque "se les olvidó darle la pastilla contra la epilepsia".

A causa de su enfermedad, Luisa sufre disfagia o dificultad para tragar, por lo que come todo triturado y a Julia se le cae el alma a los pies cuando ve el caldo, “agua con color”, que le dan y la papilla de fruta “color chocolate que da asco verla y que no hay cuerpo que se la tome”. La hija, que detalla que su madre paga 780 euros al mes por la plaza, su pensión íntegra salvo 60 euros, no pide lujos, solo que "se gasten 9/10 euros al día como antes”. “Hasta la cena de Nochebuena fue vergonzosa. La comida es más que normal y con un aspecto bastante malo”, critica otra familiar, Maite López, que tiene a ambos padres con alzhéimer en este centro desde diciembre. Su padre ha perdido entre seis y siete kilos desde que ingresó y su madre, cuatro. 

Otra hija, Conchi Sansano, denunció en febrero en un pleno extraordinario en Alcalá que su padre “pasa hambre” y ha perdido 14 kilos. “Es completamente falso. Tenemos el caso de un residente que ha perdido 10”, le replicó el responsable de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), José Manuel Miranda, que aseguró que se trataba de un mayor con párkinson “que entró con sobrepeso y ahora está en su peso ideal”. Cuando los allegados denuncian las pérdidas de peso, “a todos” les dicen lo mismo, que “el alzhéimer consume mucho”, pero los trabajadores ratifican las denuncias sobre la comida. Manuela Soarece, auxiliar de enfermería en este centro desde hace tres años, sentencia que “escasez ha habido desde siempre y mala calidad, desde septiembre”.

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