Tensión en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por una residencia de la Comunidad: “¡Mi padre está pasando hambre!, ¡ha perdido 14 kilos!”

Unos cien vecinos de Alcalá de Henares, familiares de una macroresidencia con problemas, escucharon este martes con incredulidad cómo la representante del PP en el Ayuntamiento les decía que estaban allí “por electoralismo”. La concejal Esther de Andrés, portavoz popular, intervenía en un pleno extraordinario por la tarde con un único punto: exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que dé una solución a las carencias cada vez más graves en la residencia de 526 plazas Francisco de Vitoria, perteneciente a la Comunidad de Madrid.

La concejal popular leía fríamente un escrito en el que negaba la justificación de las reivindicaciones de las familias sobre personal o comida y el sufrimiento que sus padres pasan a diario. En los bancos, los hijos la tachaban de “mentirosa” y le advertían de que algún día sería ella una más de las que ocupe plaza en un hogar de mayores: “Ya te tocará a ti también”. El alcalde del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, tuvo que pedir respeto varias veces. Hasta que, después de varios minutos de continuas interrupciones, en el momento en que de Andrés les decía que la comida del centro era correcta, una voz rota de amargura procedente de la bancada clamó: “¡Mi padre está pasando hambre!, ¡ha perdido 14 kilos en 10 meses!”. Concejales y público quedaron en absoluto silencio durante un largo segundo.

El alcalde había convocado el pleno monográfico para dar respuesta a una angustia creciente en el municipio (196.888 habitantes en el este de la región de Madrid). El alcalde, que lleva ocho años en el poder, contaba antes del pleno a EL PAÍS que las quejas por el mal funcionamiento de la residencia le han sorprendido: “Descubres que algo está pasando cuando gente sin conexión entre ellos se te acerca en una ceremonia de entrega de medallas o andando por la calle y te pide que hagas algo”. El alcalde se reunió el martes de la semana pasada con el director de la residencia y su superior, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, José Manuel Miranda, pero no llegaron a ningún acuerdo. Las familias pedían rescindir un contrato de comida que supone un gasto de 4,60 euros por persona al día, un aumento de personal y el arreglo de las cañerías del viejo edificio de 1973, ya que el agua no es potable.

Las negativas de los responsables de la residencia precipitaron la convocatoria del pleno, donde fue aprobada la moción para exigir a la Comunidad de Madrid que tome medidas para mejorar la vida de los mayores en la residencia. El alcalde tendrá la oportunidad de entregarle las demandas a la propia Ayuso este miércoles, ya que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebrará de manera extraordinaria en el mismo salón de plenos donde tuvo lugar el debate de la residencia. La moción fue aprobada con 17 votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos-IU; cinco votos en contra del PP y dos abstenciones, de Vox.

El conflicto en Francisco de Vitoria es uno de muchos focos en el sector de las residencias, donde las familias son cada vez más activas en la defensa de los derechos de sus parientes. En la Comunidad de Madrid, 25 de las 500 residencias activas son de gestión autonómica y se han producido recientemente protestas notables en otros hogares de ese tipo.

“Mi madre no es una mentirosa”

El acto arrancó con una ovación a María Teresa López, hija de dos residentes que leyó un manifiesto en nombre de 300 familiares. En un pleno municipal abarrotado, otros familiares portaban carteles en los que se leía “Nuestros Mayores merecen más” o “Más personal, menos excusas”. López leyó sus quejas a los gerentes de la Comunidad de Madrid: “¿Tienen en cuenta factores humanos o tan solo números presupuestarios para que salgan las cuentas de beneficios a final de año? Probablemente sea lo segundo. ¡Si solo son viejos!, ¡Menudo acuerdo nos ha salido, eh!”.

Concluyó el texto impreso de dos hojas con una anotación que tenía al pie a mano, en boli de tinta rosa. Era un mensaje a los responsables máximos de la residencia, que les descalifican como si fueran títeres de la izquierda: “¡Sin banderas y sin colores, somos usuarios, familiares y trabajadores. Esto no va de banderas!”.

La residencia Francisco de Vitoria toma su nombre de uno de los precursores de los derechos humanos, aunque fue inaugurada en 1973 con el nombre de Francisco Franco. Tiene 526 plazas, la segunda más grande de la Comunidad de Madrid, y es un extenso complejo de edificios de ladrillo visto a las afueras del municipio.

Uno de los problemas es la comida mala y escasa. Desde septiembre, los menús corresponden a una empresa sevillana llamada Plataforma Femar, que ganó los concursos para suministrar comida a nueve residencias públicas de la Comunidad, además de 21 centros de menores y otros centros sociales. Femar resultó ganador presentando ofertas por debajo del presupuesto que planteaba la Comunidad, que en la licitación daba hasta 70 puntos de 100 al criterio del precio propuesto por las empresas. En el caso del lote 4, que incluye la comida de la residencia Francisco de Vitoria y otras cuatro más, el Gobierno de Ayuso presupuestó un coste de 3,8 millones de euros en 12 meses (5,96 euros en comida al día por cada residente) y Femar lo rebajó hasta 2,9 millones de euros, precio al que finalmente le fue adjudicado el contrato.

La comida de Femar ha sido denunciada por el personal de las residencias infantiles a las que también abastece, que la han calificado de “deplorable”, según advirtió el mes pasado el sindicato Comisiones Obreras. No es la única sombra que planea sobre Femar. La empresa está siendo investigada desde diciembre por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que detectó indicios de que actúa como parte de un cártel de empresas para repartirse las licitaciones públicas. Según una portavoz de la CNMC, el expediente debe ser resuelto en un máximo de 18 meses y podría suponer, además de una sanción económica, la prohibición de contratar con administraciones públicas por un máximo de tres años.

A pesar de esto, la concejal del PP defendió en Alcalá de Henares que se mantenga el contrato de Femar. Les dijo a los presentes en el pleno que la Comunidad ha puesto seis sanciones a la empresa desde el inicio del contrato. “El servicio ha mejorado sustancialmente y a día de hoy no hay incidencias de suministro”, añadió. También defendió que la plantilla es suficiente, leyendo una larga enumeración de empleados en cada categoría, lo que hizo perder la paciencia a los familiares.

―¿De qué residencia hablas?

―¿Eso es en la residencia de La Moraleja?

―Que digas que toda esta gente miente es de sinvergüenza.

―Mi madre no es una mentirosa.

Uno de los que tuvo turno de palabra para responder a la concejal del PP fue el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Lezcano, que se encaró con ella sin piedad. “Números y números y siguen tratando a nuestras personas mayores como números”, le reprochó. “Defienda a los vecinos de nuestra ciudad en vez de a la señora Ayuso”. “Por encima de cualquier carrera política está la dignidad de las personas”. El acto, que empezó a las 18.30, concluyó con la aprobación de una moción que probablemente tendrá poco efecto inmediato, aproximadamente a la hora de la cena, cuando los mayores de Francisco de Vitoria debían estar apurando su escasa comida.

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