Tras el rótulo estridente que escandaliza en Madrid: ¿quién protege la estética de la ciudad?

Todo ha ocurrido en cuatro actos. La empresa Factory Colchón inaugura una tienda ―en total hay 17 en Madrid― en el número 300 de la calle de Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán. Los vecinos se percatan de que hay un nuevo local en el barrio y de que la fachada del edificio, datado en 1925 y de estilo neomudéjar, ya no es gris jaspeado, sino verde y naranja fosforito. Las críticas se suceden y varios colectivos vecinales presentan una queja al Ayuntamiento, porque se trata de un inmueble protegido y alterar su imagen incumple la ordenanza municipal que regula la publicidad exterior. Una inspección obliga a la empresa a repintar las paredes del color original. Pero no termina ahí la función. Lo mismo ocurre en dos locales más, en las calles de San Bernardo y de Santa Engracia. En redes sociales, los usuarios se preguntan qué pasa con otros edificios, sobre todo los no protegidos. Urbanistas, arquitectos y defensores del patrimonio piden más vigilancia para preservar la estética urbana de Madrid.

“La normativa está bien redactada, pero tiene fallos. Algunas arquitecturas gozan de demasiada protección y en otras es todavía escasa”, apunta Pablo Olalquiaga, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En la capital, no existe per se un organismo de protección de la imagen de calles, edificios, comercios, plazas y parques, algo así como una institución de la belleza urbana. Por un lado, está la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, aprobada en 2009 y que incumplía Factory Colchón. En concreto, el artículo 9.2, donde se especifica qu,e en los elementos protegidos, las acciones publicitarias deben estar integradas en el “ambiente urbano”, armonizadas con el entorno y no interferir en el bien protegido.

Para vigilar si la ordenanza se cumple o no, y tramitar las licencias, está la Agencia de Actividades, que depende del área de Desarrollo Urbano. Pero basta un paseo por las calles más emblemáticas de la ciudad ―las que rodean la plaza Mayor, la puerta del Sol, Atocha o Gran Vía, entre otras―, para corroborar que los carteles de colores chillones y las tipografías de lo más variopinto están por todas partes.

“Administrativamente, todo está muy regulado, pero en la realidad, la gente hace lo que le da la gana y sin pedir los permisos”, cuenta Myriam Peón, gerente del organismo municipal. Actualmente, la agencia cuenta con 10 inspectores para controlar toda la actividad económica de Madrid. “Supervisar las fachadas una a una es imposible. Si tuviéramos inspectores mirándolo todo al dedillo sería estupendo, pero no los tenemos. Quien quiere abrir un negocio, sabe lo que tiene que hacer porque la norma y los requisitos son públicos”, explica Peón.

Luego está el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (Pgoum), que data de 1997 y que recoge las normas urbanísticas de la ciudad. También incluye el Catálogo de Edificios Protegidos, divididos según el grado de protección: del nivel uno, el menor, al tres, el máximo, que es el que corresponde al de Bravo Murillo. Cualquier actuación sobre estas construcciones requiere el visto bueno de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento. Hasta aquí el amparo municipal. El regional, expuesto en la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, incluye una cuarta categoría que concede la máxima protección: Bienes de Interés Cultural (BIC). Las intervenciones sobre esta clase de inmuebles dependen del Gobierno regional. Pero, ¿se puede hacer más por mimar la imagen de las calles de Madrid? Los expertos consultados coinciden en que sí, pero que sería necesario invertir en personal y revisar las normativas.

“El patrimonio, que incluye el diseño urbano, tiene que ser algo que acuerde también la ciudadanía. Es un error pensar que solo lo pueden escoger las instituciones, al margen de lo que quieran quienes lo viven y disfrutan”, defiende Alicia Torija, vocal en el consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad y diputada de Más Madrid en la Asamblea. Olalquiaga coincide: “El respeto al pasado no puede negar la modernidad, que también tiene su impronta en el paisaje urbano. Muchas buenas arquitecturas del siglo XX deberían entrar en el catálogo”.

El catálogo de inmuebles protegidos no se ha revisado desde su confección, hace 25 años, aunque el pasado verano el Ayuntamiento propuso una ampliación para incluir 738 nuevos edificios, muchos de ellos de arquitectura industrial o moderna. “Pero sigue anticuado. Lo intentan renovar y lo hacen con los mismos criterios que hace años. Un parque, una pintada, una azulejería… todo eso también es patrimonio que se debe proteger”, añade Torija.

Ambos consideran que el control de los permisos que se conceden debería ser más exhaustivo. “Muchas cosas se hacen por declaración responsable, sin inspección posterior”, critica Antonio Giraldo, geógrafo y urbanista. En este documento, el interesado certifica, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos expuestos en la normativa. El Ayuntamiento no comprueba las declaraciones a no ser que exista una denuncia expresa, como ocurrió en Bravo Murillo o San Bernardo, indica Giraldo, que también es coordinador del área de Sostenibilidad de la CEF-PSOE.

Si el edificio está protegido, explica la gerente de la Agencia de Actividades, la declaración responsable “debe tener el sí de la comisión de patrimonio, si no la declaramos ineficaz”. El problema está en todo lo demás, en lo no protegido, insiste Giraldo: “No existe otra figura que armonice o determine qué se puede hacer en estos edificios, y muchas veces es difícil cambiar lo que ya está hecho”.

Una “ciudad maltratada”

“Madrid es indómita y con muy poco respeto por lo que tiene. Es falta de cultura, pero también inacción de los organismos municipales. Sobre el papel mucho no se permite, pero en la práctica sí”, denuncia también Amparo Berlinches, presidenta de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Alberto Tellería, arquitecto y miembro de la organización, coincide en que la vigilancia debería ser mayor, para evitar el “descontrol”: “En la ciudad sí hay una estética propia, que sería reconocible si no estuviera maltratada. Es una erosión progresiva”. Pone como ejemplo la plaza de Jacinto Benavente, que muchos han definido como la más fea de la ciudad. O la Gran Vía: “No hay un solo edificio que no haya perdido estructuras, parte de la fachada, remates... Es poco a poco y no nos damos cuenta, pero con el tiempo el valor de las construcciones se diluye”.

¿La solución? Tomar medidas a futuro, porque recuperar lo que se ha perdido y aspirar a la homogeneidad es muy complicado e incluso utópico, cree Tellería. Una de sus propuestas sería conformar una “oficina del color”, cuya tarea fuera decidir cómo se pinta un edificio o parte de él, para adecuarlo a los tonos de la zona y a los colores originales del inmueble. “Un organismo así haría que la ciudadanía entendiera el valor que gana una calle, y la ciudad entera, cuando mejora estéticamente”.

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