Quién defenderá el derecho de las salvadoreñas a decidir sobre el aborto

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Cuando se trata de elegir sobre su cuerpo, las centroamericanas tienen claro que cualquiera puede decidir, menos ellas. Sobre todo los gobiernos conservadores y de corte autoritario que brotan como hongos malignos en una región azotada por una historia de dictaduras y violencia. El más reciente retroceso en el tema del aborto ha ocurrido en El Salvador, el pequeño país gobernado bajo los caprichos y desmanes del presidente Nayib Bukele, quien se considera, con grotesco humor, el “dictador más cool del mundo”. La Agrupación por la Despenalización del Aborto, la única ONG en el país dedicada a defender el derecho de las mujeres a decidir durante el embarazo, anunció a finales de febrero su disolución por la “involución” de derechos humanos bajo el régimen de Bukele.

“El Gobierno ha adoptado desde hace algún tiempo una posición muy conservadora en la que los derechos de las mujeres están negados. Se nos ha cortado toda comunicación con el Ministerio de Salud, Educación e incluso con la Policía, con quienes coordinábamos para denunciar casos de abuso sexual”, denunció a este periódico la feminista y exguerrillera Morena Herrera, expresidenta de la Agrupación, quien además aseguró de que durante los seis años y medio de gestión de Bukele el país ha vivido una “involución” en la protección de los derechos de las mujeres, lo que ha generado un entorno “incompatible” con su labor.

El cierre de la Agrupación es un golpe demoledor para las mujeres en un país que las persigue por abortar, que tiene severas leyes vigentes desde 1998, que fija condenas de hasta 40 años de cárcel para quienes interrumpan el embarazo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó ya en 2017: “Es importante resaltar que el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres”, en un país que además cuenta con una de las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en la región, que afecta principalmente a mujeres de 18 a 40 años. La Encuesta Nacional de Violencia Sexual 2019 reflejó que el 63% de las mujeres a escala nacional expresó haber vivido al menos un hecho de violencia sexual a lo largo de la vida.

Es en ese contexto de horror que el trabajo de la Agrupación es irremplazable, por su esfuerzo por impulsar la despenalización del aborto y defender a las mujeres que por distintas razones han tenido que interrumpir sus embarazos. En las últimas dos décadas logró la liberación de 81 condenadas por este delito. Entre sus casos más emblemáticos está el de Beatriz, a quien el sistema de salud salvadoreño obligó en 2013 a continuar un embarazo de un feto con anencefalia que ponía en riesgo su vida. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2024 condenó al Estado salvadoreño. Beatriz murió en 2017, por lo que la sentencia fue considerada una reparación póstuma.

Otro caso emblemático es el de Evelyn Hernández, víctima de violación. La joven de ahora 28 años dio a luz el 6 de abril de 2016 en una comunidad rural de la provincia central de Cuscatlán. Sintió dolores abdominales y fue a la letrina de su casa, donde sufrió una hemorragia y se desmayó. Había sufrido abusos sexuales durante meses, pero nunca denunció a su violador porque la había amenazado con matar a su madre. Tampoco sabía que estaba embarazada, por lo que su defensa alega que ella había tenido un embarazo asintomático. Su madre la llevó a un hospital local, donde los médicos determinaron que la mujer había abortado.

Un juez condenó a Hernández en 2017 a tres décadas de prisión, pero la Corte Suprema del país centroamericano anuló la sentencia y ordenó que se realizara un nuevo juicio. A pesar de ese fallo estuvo en la cárcel durante 33 meses, hasta que un tribunal local decretó su salida de un penal de San Salvador. La autopsia practicada al cuerpo de 32 semanas de gestación estableció que falleció a causa de una “neumonía aspirativa”. Los letrados de Hernández alegaron que nació muerto. Elizabeth Deras, una de las abogadas defensoras, dijo que “la Fiscalía no tenía respaldos para sustentar su acusación”. La institución pedía 40 años de prisión, pero el juez determinó que Hernández quedara definitivamente en libertad. La mujer mencionó, muy conmovida tras su liberación, a las salvadoreñas que han sido condenadas por la justicia de su país: “Hay otras muchas que están adentro y espero que se haga justicia para que pronto salgan”.

Las feministas como Morena Herrera han batallado para que casos como el suyo se resuelvan con la libertad. Ahora, asegura, continuarán con su activismo, pero sin tener el respaldo de una organización. “Pensamos que la Agrupación ya no puede funcionar con la estructura de una ONG. Decidimos disolvernos y seguir luchando por la causa desde el activismo, como un movimiento regional, pero ya no legalmente”, aseguró.

La historia de estas mujeres salvadoreñas que luchan por los derechos de sus compañeras recuerda a la dolorosa involución de Nicaragua, un país que retrocedió 100 años desde que en 2007 se penalizara el aborto terapéutico, hasta entonces permitido. El Parlamento nicaragüense aprobó una reforma legislativa sin precedentes, que tuvo el respaldo unánime de la derecha conservadora y del Frente Sandinista, cuyo líder, el exguerrillero Daniel Ortega, pretendía arañar un puñado de votos en su anhelo de regresar al poder. Ese apoyo sandinista fue visto como una traición por una izquierda internacional atónita por la deriva del otrora movimiento que rompió con más de 40 años de dictadura somocista. Lo contradictorio: aun con Somoza existía el aborto terapéutico, porque era legal desde 1893.

Comenzó entonces para las organizaciones feministas un proceso de deterioro brutal, que terminó con la disolución de sus organizaciones, la persecución política contra sus principales figuras, que más tarde se vieron obligadas a la clandestinidad, el exilio, la amenaza de cárcel, la confiscación de sus bienes y el retiro de su nacionalidad. Lo paradójico de esa persecución es que ha sido ordenada por una mujer, Rosario Murillo, para quien el feminismo “degeneró hasta convertirse en un peón más del Imperio, que lo dispone en sus articulados programas y operaciones ‘perfectas’, de ajedrez político, para desprestigiar, dividir, y supuestamente vencer”, según escribió en un artículo panfletario publicado en 2008.

Es importante recordar que la encona de Ortega y Murillo contra el movimiento feminista viene desde 1998, cuando ellas apoyaron las denuncias por violación hechas por Zoilamérica Ortega Murillo contra su padrastro. “Fuimos las primeras en llamar violador y dictador a Daniel Ortega”, dijeron en 2023 un grupo de feministas que se reencontraron en el exilio en Costa Rica, país donde han podido marchar cada 8 de marzo, porque Murillo prohibió en Nicaragua las manifestaciones en conmemoración de ese día. “Vamos a marchar en libertad. El sentimiento de libertad es impagable; como diría Ho Chi Minh: ‘Nada hay más preciado que la independencia y la libertad’. Teníamos años de no poder salir de nuestra casa en Managua. Es una emoción inenarrable”, dijo en esa ocasión Sofía Montenegro, fundadora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), perseguida, desnacionalizada y obligada al exilio por el régimen de Managua.

La historia de las feministas nicaragüenses suena a advertencia ahora que El Salvador parece seguir los mismos pasos que Murillo y Ortega y gobiernos de corte conservador (Nasry Asfura, en Honduras; Rodrigo Chaves, en Costa Rica) controlan el poder en la región. Morena Herrera recuerda que en los seis años y medio de Gobierno de Bukele, 27 mujeres más han sido procesadas acusadas de aborto, muchas de ellas tras sufrir emergencias obstétricas. “Ya habíamos logrado sacar a todas de la cárcel, pero con este proceso de involución hay nuevamente una situación punitiva”, afirmó. “Este señor [Bukele] ha cambiado su posición. Cuando era alcalde (2012-2015) hizo algunos mensajes de apoyo al caso de Beatriz. Pero luego ha ido involucionando y ahora está en una posición en la que niega cualquier posibilidad de que las mujeres puedan decidir”, añadió. El temor, afirman las feministas salvadoreñas, es que se desarrolle una cacería similar a la de Nicaragua. Por el momento, intentan resistir: “Nuestra lucha nunca ha sido fácil. Fuimos la única asociación que históricamente ha defendido este derecho. No podemos ni queremos renunciar a esta causa”.

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