Una residencia pública de la Comunidad de Madrid, criticada por cientos de familias por su “mala comida” y el agua no potable, contiene unas cantidades “muy graves” de colonias de legionella pneumophila en el agua de las duchas, según ha denunciado este viernes el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, municipio madrileño en el que se encuentra el centro Francisco de Vitoria. A esa conclusión se ha llegado tras unos análisis realizados en circunstancias extremadamente complicadas: el 28 de febrero, el personal de la instalación negó durante una hora y media la entrada a la inspectora que tomó las muestras. La Comunidad de Madrid lo niega, aunque habla de brote, cuando en ningún momento el Ayuntamiento ha usado dicho término: “Es radicalmente falso que haya un brote de legionella en la residencia Francisco de Vitoria”.

“El 28 de febrero se produjo una inspección en la residencia y, recibidos los informes, constatamos una situación muy grave, la presencia de colonias de legionella, además de la llamada pneumophila, que es la legionella llamada mala, causante o posible causante de neumonías, en unos niveles muy superiores a los permitidos”, ha explicado la concejala de Salud del Ayuntamiento, Blanca Ibarra, durante una rueda de prensa ofrecida este viernes. “Los resultados reflejan varias muestras con más de 8.000 unidades formadoras de colonias detectadas”, ha seguido. “En la comida no se ha detectado ninguna situación microbiológica, pero siempre nos quedará la duda de qué ocurrió en esa hora y media con la comida que podía estar ahí presente”, ha añadido Ibarra.

El Ayuntamiento ha enviado copia del informe a la Comunidad y a la dirección del centro, además de un informe en el que se solicita medidas correctoras de manera inminente para evitar que se produzca un brote y una reunión urgente para evaluarlos este mismo viernes, “por los elevados niveles detectados”. “Estamos indignados, reclamamos que se tomen en serio la situación de la residencia”, ha dicho el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, del PSOE. “La reacción de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ha sido dilatar. Y hay 500 personas mayores, dependientes, que viven ahí, bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, pagando cada mes, con dinero de sus pensiones, la plaza”, ha seguido.

La Consejería de Política Social, de quien depende AMAS, alega que “el supuesto brote que denuncia el Ayuntamiento de Alcalá se basa en una visita realizada por los técnicos municipales que no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Dirección General de Salud Pública, encargada del control de las residencias públicas y único organismo competente para determinar que existe legionella, para considerarlo una inspección oficial”. “No se levantó acta de ningún tipo, ni se dejó informe de la toma de muestras realizadas, como es preceptivo”, añade un portavoz de Política Social.

Según el Gobierno regional, la Dirección General de Salud Pública “está realizando hoy mismo [por este viernes] una toma de muestras, esta vez sí de manera oficial y con todas las garantías, para comprobar si se detecta la presencia de esta bacteria en el agua del centro”. En cualquier caso, sostiene, lo que “supuestamente ha detectado la visita municipal son unos valores de presencia de la bacteria, pero en ningún caso se puede hablar de brote. Brote implica que haya dos o más casos en las instalaciones, y no hay ningún caso diagnosticado”. “Los controles que realiza la Comunidad habitualmente permiten tomar todas las medidas para evitar problemas con esta bacteria, que se forma en ambientes húmedos y que no se transmite por el consumo de agua, sino por la formación de aerosoles”, concluye el portavoz.

Creciente conflicto

En respuesta, el Ayuntamiento recuerda que “según la Ley 14/1986 General de Sanidad, en su capítulo III (artículo 42) relativo a las competencias de las corporaciones locales”, los Ayuntamientos, “sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones”, tienen “responsabilidades en el control sanitario del medio ambiente y dentro de este, el abastecimiento de agua”. “El Ayuntamiento no ha dicho que haya un brote, la Comunidad de Madrid no parece querer afrontar el problema generado por el deterioro de sus tuberías, que son del año 73 y lo que debe realmente es actuar de manera inminente”, señala una portavoz municipal.

La residencia Francisco de Vitoria, con 526 plazas, vive un creciente conflicto con las familias, que se han organizado para denunciar las carencias del centro y que han buscado ayuda en el Ayuntamiento. Las quejas en Francisco de Vitoria han crecido desde septiembre, cuando entró en vigor un nuevo contrato de suministro de alimentación por el cual una empresa lleva la comida a diario. La empresa, Plataforma Femar, ganó los concursos para suministrar comida a nueve residencias públicas de la Comunidad, además de 21 centros de menores y otros centros sociales.

Femar presentó ofertas por debajo del presupuesto que planteaba la Comunidad, que en la licitación daba hasta 70 puntos de 100 al criterio del precio propuesto por las empresas. En el caso del lote que incluye la comida de la residencia Francisco de Vitoria y otras cuatro más, el Gobierno de Ayuso presupuestó un coste de 3,8 millones de euros en 12 meses (5,96 euros en comida al día por cada residente) y Femar lo rebajó hasta 2,9 millones de euros, precio al que finalmente le fue adjudicado el contrato.

En cuanto al agua no potable, es un problema que arrastra desde hace años el viejo edificio, de 1973. El pleno del Ayuntamiento aprobó a principios de febrero una moción para que la Comunidad rompiera el contrato con Femar, con los votos del PP en contra. La Consejería defiende que tras varias sanciones, Femar está prestando un buen servicio.

Ante la situación, Juan Lobato, el líder del PSOE en Madrid, ha exigido que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) realice una inspección inmediata de todos los centros residenciales de la región. Además, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha anunciado que su partido ha llevado a la Fiscalía la situación de la residencia de mayores Francisco de Vitoria, en la que asegura que hay “comida podrida”.

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