El Ayuntamiento de Alcalá de Henares denuncia que una residencia pública impidió la entrada a su inspectora durante hora y media
La Policía Local medió en el incidente, que se produjo en un hogar de mayores del que cientos de familias se quejan porque el agua no es potable y la comida, de mala calidad
Una residencia pública de la Comunidad de Madrid, criticada por cientos de familias por su “mala comida” y el agua no potable, negó este martes la entrada a la inspectora sanitaria municipal de Alcalá de Henares durante hora y media, según denuncia el alcalde, Javier Rodríguez Palacios (PSOE). Palacios considera que esta obstrucción “bordea la legalidad”. La residencia Francisco de Vitoria, con 526 plazas, vive un creciente conflicto con las familias, que se han organizado para denunciar las carencias del centro y que han buscado ayuda en el Ayuntamiento. Según un portavoz autonómico, el director de la residencia llamó a la Dirección General de Salud Pública, órgano de la Comunidad, para saber si debían abrir sus puertas a la inspectora porque no se producía una visita de ese carácter desde 2018, pero el Ayuntamiento desmiente esta versión y asegura que, tras esa supuesta consulta, negaron el acceso y solo cedieron el paso cuando acudió una patrulla de la Policía Local.
La inspectora se presentó en el centro a las 11.30, acompañada de cuatro técnicos cargados con neveras para preservar las muestras. El tira y afloja se alargó hasta las 13.00. Por parte de la Comunidad, llegó desde Madrid un alto cargo, el coordinador médico asistencial de las 25 residencias autonómicas, Primitivo Ramos. Durante varios minutos, se produjo una reunión en un despacho, también con los policías presentes, y finalmente la dirección del centro dejó trabajar a la inspectora y a sus técnicos, según la versión municipal.
El Ayuntamiento dice que este tipo de visitas se hacen a todos los establecimientos que sirven comida y que eran rutinarias hasta que llegó la pandemia de coronavirus, cuando se frenaron. Recientemente, visitaron la otra residencia de la Comunidad en el municipio, Cardenal Cisneros, y no tuvieron ningún problema. El alcalde relaciona la obstrucción con las carencias que sufre la residencia Francisco de Vitoria: “El retrasar durante hora y media la entrada de los inspectores para tomar muestras podría parecer un intento de ocultar una realidad cuanto menos comprometida por parte de los responsables del Gobierno regional”.
Un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales asegura que, una vez recibida la confirmación, los inspectores realizaron su labor con normalidad. “En ningún momento se ha impedido la entrada a la residencia y la toma de muestras, de las que los inspectores municipales no han dejado ningún tipo de documentación ni acta”.
Las quejas en Francisco de Vitoria han crecido desde septiembre, cuando entró en vigor un nuevo contrato de suministro de alimentación por el cual una empresa lleva la comida a diario. La empresa, Plataforma Femar, ganó los concursos para suministrar comida a nueve residencias públicas de la Comunidad, además de 21 centros de menores y otros centros sociales. Femar presentó ofertas por debajo del presupuesto que planteaba la Comunidad, que en la licitación daba hasta 70 puntos de 100 al criterio del precio propuesto por las empresas. En el caso del lote que incluye la comida de la residencia Francisco de Vitoria y otras cuatro más, el Gobierno de Ayuso presupuestó un coste de 3,8 millones de euros en 12 meses (5,96 euros en comida al día por cada residente) y Femar lo rebajó hasta 2,9 millones de euros, precio al que finalmente le fue adjudicado el contrato.
En cuanto al agua no potable, es un problema que arrastra desde hace años el viejo edificio, que abrió sus puertas en 1973. El pleno del Ayuntamiento aprobó a principios de febrero una moción para que la Comunidad rompiera el contrato con Femar, con los votos del PP en contra. La Consejería defiende que tras varias sanciones, Femar está prestando un buen servicio.
Hace dos semanas, compareció en la Asamblea regional el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, José Manuel Miranda, que restó peso a las quejas de las familias de una forma que estos han considerado ofensiva. “Es completamente falso que alguien haya perdido 14 kilos”, dijo Miranda. “Hay una pérdida de un residente de 10 kilos, que tiene párkinson desgraciadamente; entró con sobrepeso, con un índice corporal alto y ahora mismo está en su peso ideal”.
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