Ayuso desea la imputación del exconsejero Reyero por sus declaraciones sobre las muertes en las residencias durante la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deseado la imputación de su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que este jueves ha declarado como testigo en un juzgado por los protocolos para no derivar a ancianos a hospitales durante la pandemia y en el marco de la investigación de la muerte de tres mujeres. El expolítico y activista dimitió en octubre de 2020 de su puesto en el Consejo del Gobierno formado por PP y Cs tras denunciar la política del Ejecutivo regional en las residencias durante lo peor de la crisis del coronavirus, cuando fallecieron más de 7.000 residentes. Desde entonces, ha acusado al Ejecutivo madrileño de haber abandonado a los ancianos. Así ha contestado Reyero a Díaz Ayuso a su entrada al juzgado, donde este jueves también declaraba Carlos Mur, el alto cargo regional que firmó los protocolos de no derivación: “Si quiere que me imputen, que ponga una querella. Entiendo que como juegan a la provocación, quieren embarrarlo todo”.

Todo arranca en el último pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid, donde los partidos de la oposición van repasando uno a uno los errores que a su juicio ha cometido el Gobierno del PP desde el adelanto electoral de marzo de 2021. Con los comicios municipales y autonómicos del 28-M ya en el horizonte, Mónica García, la líder de Más Madrid, toma la palabra y recuerda que el drama de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia no puede darse por cerrado. Todo lo contrario.

“En octubre del año pasado, usted dijo aquí que ni existieron ni se aplicaron los protocolos de la vergüenza”, arrancó la líder de la oposición. “Hoy [por este jueves], el señor Mur, director general de su Gobierno, y el señor Reyero, comparecen en los tribunales obligados a decir toda la verdad, y antes de que la dejen a usted en evidencia, le ofrezco la última oportunidad para decir la verdad, reconocer que 7.291 mayores murieron de forma indigna, y pedir perdón”.

“Muchas gracias, señoría. Espero que el segundo señor que usted me menciona salga hoy imputado de sus declaraciones [ante el juez]. Gracias”, contestó, secamente, Ayuso.

Son 19 palabras que llegan a los oídos de Reyero inmediatamente mientras entra al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde ha sido citado por el juez Arturo Zamarriego.

“Pues yo no se lo deseo [a Ayuso la imputación]”, dice en conversación con EL PAÍS. Y añade: “Es una contradicción. Si quiere que me imputen que ponga una querella. Entiendo que como juegan a la provocación, quieren embarrarlo todo”.

Ese intercambio entre la presidenta y su exconsejero resume una relación tormentosa que está en el corazón de las malas relaciones que acabó habiendo entre el PP y Cs en el primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid.

El 1 de junio de 2020, Reyero cuestionó la legalidad de los protocolos aprobados por su Gobierno para seleccionar qué ancianos de las residencias eran aptos de ser hospitalizados durante la pandemia. “Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto”, dijo el entonces consejero en la Asamblea de Madrid. “Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero al mismo tiempo que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal”.

Pero la cosa no acabó ahí. Veinte días más tarde, también en el Parlamento regional, destruyó toda la estrategia comunicativa del Ejecutivo al negar que el entonces vicepresidente nacional, Pablo Iglesias, tuviera competencias sobre las residencias, y especificar que las decisiones se tomaban desde la Comunidad de Madrid. “La responsabilidad de las residencias está en Madrid”, acusó.

Fue el punto álgido de un pulso interno en el Gobierno regional, que personificaron Reyero y el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Solo cuatro meses después de aquellas declaraciones, y tras un desgaste personal y político tremendo, el consejero de Políticas Sociales dejó el puesto. Su marcha no contribuyó a ocultar el problema de lo que había ocurrido en los centros de mayores. Todo lo contrario. Libre de las ataduras del Ejecutivo, Reyero denunció allí donde se le dejó hablar las muertes de los ancianos durante la pandemia: desde apoyando la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea (y que acabó abruptamente con el adelanto electoral de mazo de 2021), a actos de la oposición. Incluso escribió un libro, Morirán de forma indigna. Todo hasta su declaración de este jueves, que ha provocado un hecho inusitado: que una presidenta autonómica desee la imputación de un ciudadano.

“Las personas quedaron abandonadas a su suerte”, ha dicho Reyero a su entrada a los tribunales de plaza de Castilla. “Se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad”, ha recordado. “No hubo alternativas”.

Mientras el exconsejero prestaba declaración, los diputados seguían su debate. Y el último pleno de la legislatura, como todos los anteriores, ha seguido teniendo a las residencias como uno de sus temas más importantes.

“La presidenta ha pedido la imputación de Reyero”, se ha quejado Paloma García Villa, diputada de Podemos, durante el pleno. “Yo a los que creo que habría que imputar es a la señora Ayuso y al señor Escudero”, ha seguido mientras preguntaba a la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.

“Su único objetivo es usar las residencias como arma electoral”, le ha contestado la consejera del Gobierno regional.

Un resumen de que hay heridas que nunca cierran, por mucho que pase el tiempo. Por ejemplo, la de los familiares que vieron morir a sus mayores en las residencias durante lo peor de la pandemia.

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