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Hijos de fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia reciben cartas en las que les reclaman las deudas cuatro años después

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso explica que estas reclamaciones llegan ahora tras un proceso complejo para localizar los domicilios de los herederos

residencias Covid
Fernando Peinado

Hace cuatro años que Ángel de Álvaro falleció sin asistencia en una residencia pública de Madrid, durante la vigencia de los protocolos de la vergüenza, las infaustas directrices de la Comunidad que dejaron fuera de un hospital a miles de mayores enfermos. Su hija María no ha vuelto al último hogar de su padre y tampoco ha recibido un mensaje de ese centro para que recogiera sus pocas pertenencias, algo que ella prefirió no hacer. Hasta el mes pasado tampoco había tenido noticia de algún cargo del Gobierno regional. Jamás recibió unas palabras de condolencia. Pero, de repente, el lunes 11 de marzo sobre las 15.30, un cartero tocó el timbre de su piso en Vallecas con una carta certificada del Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso.

Ella asegura que pensó: “¿Qué será esto?, ¿me salté un semáforo en rojo?, ¿pero qué tengo yo pendiente con la Comunidad de Madrid?”.

Abrió el sobre y vio que eran dos hojas con el membrete de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales. Decían que su padre tuvo adjudicada una plaza en la residencia de mayores Ensanche de Vallecas desde el 1 de octubre de 2019 hasta su fallecimiento el 5 de abril de 2020, “no habiéndose producido el ingreso de 674,28 euros correspondiente al precio público por estancia en los siguientes períodos: 577,95 euros de marzo y 96,33 euros de abril”. La carta continuaba recordando que estaba “obligada al pago” de estas facturas y cerraba con la rúbrica del director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez, cuya firma venía precedida de articulado legal, plazos para interponer recursos y más lenguaje burocrático, duro y frío.

“Fue un soponcio”, cuenta María a este periódico. “Fue repugnante y desolador. No hice nada esa tarde. Primero tiré la carta a la basura, pero luego lo maduré un poco más y pensé que no podía quedarme callada”. Entró en la web del Defensor del Pueblo y mandó una queja. También escribió a medios de comunicación y a los partidos de la oposición a Ayuso en la Asamblea, el PSOE y Más Madrid. El que contestó más rápido fue el primero. Al día siguiente, la diputada Lorena Morales le escribió. Dos días más tarde, en el pleno de la Asamblea, Morales echó en cara lo sucedido a la consejera del ramo, Ana Dávila. Esta política del PP fue viceconsejera de Sanidad durante la pandemia y estuvo en la cadena de mando que ordenó esos protocolos de no derivación a hospitales, según ha confesado el firmante de esas directrices, Carlos Mur.

“Las reclamaciones a las familias provienen de un requerimiento del Tribunal de Cuentas”, respondió escuetamente Dávila, sin dirigir palabra alguna a esos familiares. Pasó acto seguido a acusar a Morales de “difamar” para “tapar las vergüenzas de Sánchez”.

El caso de estas reclamaciones había pasado desapercibido en los medios hasta que este martes ha sido adelantado por la Cadena SER, que cita el caso de María y el de otra hija que recibió una carta similar el 15 de marzo de este año. Tras conocerse esta noticia por la mañana, los grupos parlamentarios de PSOE y Más Madrid han pedido este martes la comparecencia para que den más detalle sobre estas reclamaciones. Por su parte, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha acusado de “falta de humanidad” al Gobierno de Ayuso en la rueda de prensa de este martes tras el Consejo de Ministros. “Ojalá la Comunidad de Madrid hubiera sido tan diligente como está siendo ahora, en aquellos momentos, para derivar a todas estas personas a los hospitales”.

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Por la tarde, la Consejería de Familia ha enviado un comunicado en el que afirma que no tiene margen de maniobra para dejar de exigir estas deudas. Asegura que la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común recogen esta obligación, sin citar qué preceptos concretos imponen ese requisito.

La consejera Dávila ha salido al paso de las críticas alegando que “es al Gobierno de Pedro Sánchez en todo caso al que le correspondería modificar esa normativa y justificar la excepción”. En un audio compartido con los medios, Dávila retoma la línea de ataque de Ayuso durante la pandemia: “el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada para prevenir las consecuencias del covid y dejó abandonadas a su suerte a las comunidades autónomas y a las personas mayores que estaban en las residencias de toda España”. La realidad es que la competencia de gestión, supervisión y coordinación sanitaria con las residencias recaía en exclusiva en los Gobiernos regionales y no fue alterada por el decreto de Estado de alarma.

Un portavoz de la Consejería ha añadido que las deudas de residentes fallecidos conllevan un proceso “complejo” que “se dilata en el tiempo al tener que requerirse a los herederos”. “La declaración de herederos normalmente no se realiza antes del año de fallecimiento y hay que considerar después si existen renuncias a las herencias y localizar los domicilios de todos los herederos”, ha agregado.

María explica que los pagos de la residencia de su padre estaban domiciliados en una cuenta bancaria donde recibía la pensión. Desconoce qué pasó con esa cuenta. Se cerró y no sabe si se quedó sin fondos. Tras recibir la noticia de su muerte, confinada en casa, recogió las cenizas en el cementerio de La Almudena, en mayo, cuando ya se pudo salir a la calle. Supo que otros familiares que perdieron a sus seres queridos en residencias se estaban moviendo en los juzgados para obtener justicia, pero prefirió vivirlo en soledad para no añadir una capa más de dolor a su padecimiento.

Pero, tras recibir la carta, decidió que no podía permanecer más tiempo callada. “Se pone en contacto conmigo el asesino de mi padre para reclamar el valor de la bala con la que le mató. No me podía quedar impasible. Cuatro años después continúan en el mando las personas que dieron esas órdenes indignas y todavía siguen insultándonos”, explica al teléfono con rabia contenida. Y añade que se declara en rebeldía: “No lo van a cobrar por mi parte. Por supuesto que no voy a pagar”.

Escribe al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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Sobre la firma

Fernando Peinado
Es reportero de la sección de Madrid desde 2018. Antes pasó ocho años en Estados Unidos donde trabajó para Univision, BBC, AP y The Miami Herald. Es autor de Trumpistas (Editorial Fuera de Ruta).
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