Las obras de la casa donde vive Ayuso se hicieron sin permiso, según las tres bases de datos urbanísticas de Madrid

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo una reforma sin permiso en la vivienda que adquirió el 27 de julio de 2022, según las tres bases de datos urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. González Amador la compró tras cometer un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros, admitido por su abogado. Una semana después, el 4 de agosto, informó al Ayuntamiento de Madrid de una reestructuración de gran alcance en el inmueble, de 183 metros cuadrados, en una sexta planta. Pero los funcionarios municipales ordenaron “la paralización y/o el cese inmediato” de la obra dos veces, el 2 de noviembre de 2022 y el 13 de diciembre de 2022, por falta de información precisa sobre la entidad de los trabajos, y le conminaron a solicitar una nueva autorización. Sin embargo, el empresario, que ya era pareja de Ayuso, no lo hizo. No consta que tramitara la petición en ninguna de las tres bases de datos municipales donde se inscriben los trámites urbanísticos, y desobedeció ambos requerimientos: siguió las obras al menos hasta el 29 de diciembre, según el documento de un perito que las visitó. En este escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se explica que el piso “está en obras”. Es más, según otros seis testigos directos, la obra continuó hasta meses después.

La Comunidad de Madrid responde que “no es un piso en propiedad de la Comunidad ni de la presidenta”. A pesar de esto, ella ha presentado el inmueble como un proyecto conjunto con González Amador, con quien hizo pública su relación en mayo de 2021. En junio de 2022, anunció en una entrevista en Yo Dona que tenía ilusión por comprar una casa tras 20 años de alquiler. Y en octubre de 2023, El Confidencial informó de que se acababa de mudar a este piso. El reportaje destacaba que un contenedor de obra daba fe de la reforma. Ayuso también ha admitido que vive en la vivienda. El abogado de su pareja, Carlos Neira, no ha contestado a las preguntas de este periódico.

El Ayuntamiento responde que no ofrece información sobre expedientes de particulares. Una portavoz del área de Urbanismo se limita a añadir que la información pública es la que figura en una de esas tres bases de datos, que está abierta a la ciudadanía, Consulta de Licencias y Expedientes Urbanísticos (Conex).

Cuando González Amador notificó el 4 de agosto de 2022 a la Junta Municipal de Chamberí (Ayuntamiento) que quería hacer obras en el inmueble, lo hizo por medio de una declaración responsable, un documento que permite el inicio de obras que, por su entidad, no están sujetas a licencia previa (como es el caso de las reformas). En su declaración responsable, la pareja de Ayuso informó de que iniciaría una “demolición de tabiquería sencilla”, además de un saneamiento de fontanería, electricidad, alicatados y “demolición de mobiliario de cocina y falsos techos”. Y dio comienzo a las obras que, poco después, causaron una inundación de aguas fecales en un restaurante del bajo del edificio.

La primera orden de cese del Ayuntamiento fue firmada el 2 de noviembre de 2022 por tres altos cargos que comprobaron “la inexactitud, falsedad u omisión” de los documentos presentados por la pareja de Ayuso. La causa es que la declaración responsable describía solo parcialmente las obras, con la intención de ampliarlas más adelante. Además, le faltaba un plan de gestión de residuos y el abono de una fianza por esa gestión.

Los tres cargos municipales decretaron “la ineficacia de la declaración responsable” de González Amador y “la paralización y/o el cese inmediato de la actuación con la imposibilidad de iniciar o continuar las obras desde el momento de adopción de la resolución, y en su caso, la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo” de la obra. También se le advirtió de que el cese debería continuar hasta que no obtuviera una nueva licencia o una nueva declaración responsable que subsanara la anterior. Es más, se determinó la “imposibilidad para presentar ante el Ayuntamiento una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante un plazo de tres meses”.

Esta orden de “paralización y/o cese inmediato” fue firmada de nuevo el 13 de diciembre de 2022 por el Ayuntamiento de Madrid con un contenido idéntico y la rúbrica de tres altos cargos. Los dos requerimientos aparecen en la base de datos pública Conex y habían sido publicados en otros medios, pero quedaba la duda de si González Amador había continuado o no con las obras sin un nuevo permiso. La realidad es que sí continuaron, según la información que ha recabado este periódico.

Por un lado, la pareja de Ayuso no pidió una nueva autorización, como atestiguan tres portales municipales consultados. Primero, Conex, de consulta pública. Segundo, el visor urbanístico Geoportal, también de consulta pública. Y tercero, otro de uso exclusivo interno y con información exhaustiva sobre cada vivienda, el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento Administrativo (SIGSA). En ninguno aparece una autorización para continuar con los trabajos.

Por otro lado, la obra siguió hasta bien entrado 2023, según el relato de los testigos directos que han hablado con EL PAÍS. Entre ellos, se encuentra un documento aportado por un vecino afectado por la obra que afirma que el 29 de diciembre la reforma seguía en marcha. Se trata de un escrito firmado por un perito que comprobó in situ que la causa de una nueva inundación se debía a la reforma. El trabajador explica que la avería se origina en la “pérdida de agua de tuberías” en esta vivienda, “que está en obras”.

Inundación en Navidades

La reforma sin permiso provocó en agosto de 2022 la inundación por aguas fecales de un restaurante, que en ese momento estaba cerrado por vacaciones. Tras una reforma por los daños causados, el local reabrió a finales del mes siguiente, pero durante las Navidades de ese año sufrió una nueva inundación, esta vez de agua corriente, que cayó sobre algunos comensales durante la cena e inundó los salones de algunos vecinos. El negocio no reabrió y se declaró en concurso de acreedores meses después, según la información del Registro Mercantil. Los antiguos gerentes han rechazado hacer declaraciones.

A pesar de las dos órdenes de cese, en SIGSA no figura ningún expediente de sanción. La normativa del Ayuntamiento califica como muy grave “la presentación de declaraciones responsables o solicitudes de licencias que incluyan documentación falsa, o que omitan datos o información de carácter esencial”. Esta infracción prescribe a los tres años —en este caso en noviembre de 2025— y conlleva una sanción de hasta 3.000 euros. Tras surgir sospechas sobre la posible ilegalidad de la obra, el grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento presentó el 19 de marzo de este año una denuncia por infracción urbanística que ya ha sido registrada en la base de datos SIGSA.

González Amador compró esta vivienda tras un presunto fraude a Hacienda que fue conocido cuando elDiario.es adelantó la noticia el 12 de marzo de este año. La Fiscalía denunció en febrero a González ―y a otros cuatro colaboradores— por un presunto delito de fraude fiscal de 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, que corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y de un delito de falsedad en documento mercantil. La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que la presidenta negó en público, y se ofreció a pagar lo defraudado. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada (350.951 euros más los intereses de demora) y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada.

El inmueble está ubicado en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se situaba en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. El piso de González tiene un valor de mercado de más de un millón de euros: 1.147.593 euros. Y según el catastro, el censo donde se pueden consultar todos las fincas urbanas del Estado, la vivienda tiene un valor estimado en 809.222 euros. Un año después, uno de los abogados de González Amador adquirió el piso inmediatamente superior, un ático.

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