Monte Hermoso, símbolo de la tragedia en las residencias, cinco años después: “Volvería a pasar lo mismo”

La residencia de mayores Monte Hermoso arrastra el estigma de una noticia que hace cinco años abrió los ojos a los madrileños sobre la tragedia que podía desatarse en estos centros. El 17 de marzo de 2020, los familiares revelaron que dentro se había producido un brote de coronavirus, que había numerosos muertos y que la ambulancia no recogía a los enfermos. Al final de la jornada el balance era sobrecogedor: 19 muertos.

Monte Hermoso no tiene nada que la haga especial. No es ni de las más grandes, ni de las más pequeñas. No está en el centro de la ciudad, pero tampoco muy alejada. Está cerca de Casa de Campo, aunque no en una zona boscosa, con árboles y caminos de tierra alrededor. A pocos metros de una gasolinera de Cepsa y de la nacional A-5, ahora en obras por el soterramiento. A partir de las seis de la tarde de un día entre semana, los familiares visitan a sus madres y padres allí cuando salen del trabajo. Entran para charlar en un comedor compuesto por 20 mesas de cuatro sillas cada una y dos máquinas expendedoras al fondo. Otros van a dar un paseo por un jardín cercano desde el que se ve la lanzadera del Parque de Atracciones y un trozo de montaña rusa.

Rodrigo lleva agarrada a su madre Eugenia del brazo. Ha pedido preservar la intimidad de ambos, así que los nombres no son reales. Explica que la residencia de Monte Hermoso es de “calidad media” y que las había mejores “por el mismo precio” en la sierra de Madrid, pero que eligió esa porque le queda más cerca de casa y así puede ir más días de visita. Un criterio que hace dos años, cuando estaba valorando opciones, sobrepuso a los titulares dramáticos que encontró por Internet. “Al fin y al cabo, todas están igual”, comenta.

Hace cinco años, la noticia golpeó en el tercer día de confinamiento, en la mañana de un martes. Nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. La gente ya había empezado a sospechar que el virus era más grave de lo que parecía en un principio, pero todavía no se conocía hasta donde llegaba el peligro. Desde su encierro en casa, Rosana Castillo llamaba de manera recurrente a la residencia de Monte Hermoso para saber cómo estaba su madre, que vivía allí.

No era la única hija preocupada. Los familiares de los residentes habían creado un grupo de WhatsApp para compartir entre ellos la poca información que les iba llegando a cuentagotas. Algo no les terminaba de cuadrar. Se habían informado y sabían que solo había un médico en todo el edificio y que se iba a las tres de la tarde. Luego había tres enfermeras; una que hacía turno de mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Tenían miedo de que, de entrar el virus, no hubiera medios para atender a sus padres.

“Nos decían que todo estaba controlado y que no teníamos de qué preocuparnos”, señala. El domingo 8 de marzo había sido el último día de visitas autorizadas. La Comunidad anunció que las prohibía por motivos de precaución. El 14 de marzo, seis días después de ver a sus padres, la versión cambió. “La persona que me cogió el teléfono se derrumbó y nos dijo que estaba siendo un caos. Nos contó que había cinco muertos”.

En ese momento, consiguió contactar con la doctora Zamora, directora del Área 7 de Salud Pública y epidemióloga que había visitado la residencia el día anterior, cuando la recepcionista dijo que habían muerto cinco personas. Con los datos oficiales que dio, la versión era otra mucho más grave. ”Nos dijo que no eran cinco muertos, sino 19″, recuerda Castillo.

Se puso en contacto con la prensa y se desató una tormenta. “Al menos 19 muertos en una residencia de mayores de Madrid por el brote de coronavirus”, tituló EL PAÍS aquella mañana del 17 de marzo. Aquella tarde, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijeron que la residencia no les había informado, a pesar de que el centro llevaba días intentando derivar enfermos al hospital de referencia, el Clínico San Carlos, y a pesar de que sus responsables se comunicaron puntualmente con la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General del Mayor, departamentos de la Comunidad, según un informe posterior enviado a la Fiscalía Provincial de Madrid.

“De esta [residencia] no sabíamos que estaban en esta situación”, dijo Ayuso a Telecinco. Escudero le contó a la Cadena SER: “Es importante que nosotros también recibamos información de la propia residencia, si no es difícil realizar cualquier actuación”.

En cuanto saltó la noticia, los medios de comunicación corrieron a la puerta del centro y las ambulancias comenzaron a llegar para llevarse a los enfermos. Castillo llamó para saber si su madre estaba bien, pero no recibió respuesta. Supo que falleció a los cuatro días, la noche del 21 al 22 de marzo. Murió sola y sin asistencia médica. “Nos dijeron que el equipo de paliativos del Hospital Clínico no pudo entrar porque no tenían EPIs [equipos de protección individual]”, relata Castillo. “No sabemos lo que pasó realmente”.

Entre los enfermos que sí fueron trasladados estaba el abuelo de Rocío Esteras, de 105 años. Murió a la semana en un hospital, pero nadie pudo ir a visitarlo porque no estaba permitido. “A mí me extrañó que a un señor tan mayor le llevaran cuando dijeron que no había medios y cuando había gente de 70 años a la que no habían derivado”, comenta Esteras. Pese a que su abuelo fue derivado el día 17 y el primer protocolo de no derivación hospitalaria entró en vigor un día después, el 18 de marzo de 2020, las restricciones ya se estaban aplicando 11 días antes.

Julián es gerocultor en esa residencia desde hace años y vivió la pandemia entre sus paredes. No quiere dar su verdadero nombre por temor a perder su puesto de trabajo. “Si hubiera otra pandemia, volvería a pasar lo mismo”, asegura. Reconoce que en estos cinco años “no ha cambiado nada”, a excepción de que ahora tienen un geriatra de enlace, una figura que nació a raíz de los protocolos de derivación como un intento de “medicalizar” las residencias de mayores. Hacen de intermediarios entre el paciente y el servicio de salud. Según Fernando Flores, presidente de Pladigmare, esta fue una figura creada “en un momento de crisis”, que tiene más función “burocrática” que asistencial, por lo que su existencia no tiene sentido en el momento actual.

Este diario preguntó a la residencia Monte Hermoso acerca de las medidas que se han tomado desde 2020 para mejorar el servicio o prepararse para el futuro, pero no ha recibido respuesta. Julián, sin embargo, deja claro que no es algo que ocurra solo en la residencia en la que trabaja: “Al final nosotros fuimos los primeros, pero no fuimos los peores”.

Las muertes de personas mayores en residencias de toda España durante la pandemia movilizaron al Gobierno central. A mediados de 2022, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas aprobaron un acuerdo que marcaba los mínimos que deberían cumplir los servicios de dependencia, entre ellos las residencias de mayores. Salió adelante con la oposición de nueve autonomías, en las que no se llegó a aplicar. Entre ellas está la Comunidad de Madrid, donde más del 90% de las residencias son privadas. El Gobierno de Ayuso prefirió elaborar su propia norma, que fue aprobada dos años más tarde, en noviembre de 2024, con unos requisitos más permisivos con las empresas.

Mientras el acuerdo estatal habla de residencias de máximo 120 plazas en las ciudades densamente pobladas, 90 en las de densidad media y 75 en las zonas rurales y pueblos de escasa población, la Comunidad de Madrid establece un máximo de 150 plazas para cualquier residencia. El acuerdo estatal requiere que el 65% de las habitaciones sean individuales y el resto dobles, y el autonómico exige que solo el 50% sea de uso individual. El estatal establece que las unidades de convivencia, pensadas para ser similares a una unidad familiar, deben tener 15 personas, mientras que la norma madrileña amplía esas células a 25 integrantes. Ambas están en un horizonte utópico y lejano, explica Miguel Vázquez, expresidente de la asociación Pladigmare, que participó en la mesa de dialogo civil para ese acuerdo estatal.

“En una residencia lo que se tiene que pensar es cómo hacer que el que recibe el servicio se sienta bien, no cómo le va mejor al que ofrece el servicio”, opina Miguel Vázquez. Las residencias adscritas al acuerdo estatal tienen hasta 2029 para adecuarse a los requisitos y la Comunidad de Madrid ha dado hasta noviembre de 2026, pero, según Vázquez, el servicio no tiene visos de mejorar con esta normativa, ni aún después de que todas tengan la nueva acreditación.

Julián, el gerocultor de Monte Hermoso, explica que la esperanza de que no se repitan las escenas de cadáveres por los pasillos no está en que haya respiradores en las residencias, porque no los hay. Tampoco en que se hayan contratado más médicos, porque no es el caso; ni en que haya aumentado la plantilla para que los trabajadores directos como él puedan centrarse más en cada residente, que tampoco ha pasado, al menos en la residencia en la que él trabaja, la de Monte Hermoso. “Ahora tenemos experiencia”, señala. Es lo único.