Los hospitales madrileños rechazaron a enfermos de residencias 11 días antes del primer “protocolo de la vergüenza”, según un estudio

El sábado 7 de marzo de 2020, los madrileños seguían haciendo vida normal, pero todas las pruebas indican que la Comunidad de Madrid tomó ese día en secreto una decisión trágica para miles de personas mayores y sus familias. Una investigación académica liderada por el profesor canadiense François Béland ha analizado los datos de la primera ola de la pandemia para concluir que ese día las residencias de mayores comenzaron a sufrir un triaje que ha sido tachado de discriminatorio por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras. El estudio concluye que el primero de los protocolos de hospitalización enviado el 18 de marzo a los geriatras que tomaban las decisiones de ingreso sancionó por escrito lo que ya estaba ocurriendo.

El estudio confirma los hallazgos publicados por InfoLibre y las denuncias de los familiares de la residencia Monte Hermoso, un caso que causó conmoción el 17 de marzo, el día que se supo que al menos 19 mayores habían fallecido sin traslado al hospital después de que estallara un brote de covid. El Hospital Clínico San Carlos llevaba al menos cuatro días rechazando los ingresos.

La decisión de restringir las derivaciones se tomó el fin de semana en que comenzaban a llegar a los medios avisos de la saturación en los hospitales. También eran conocidos por entonces los problemas del sistema sanitario italiano, el país que en ese momento tenía mayor número de muertes de covid, por detrás de China.

La caída de las hospitalizaciones coincide con el día en que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) inició la gestión centralizada de las camas hospitalarias, una medida que los autores han encontrado referida muy de pasada en la memoria de ese año, publicada en la web. Fue el lunes siguiente cuando el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso comenzó a anunciar decisiones drásticas, en primer lugar el cierre de los colegios; y el jueves, que los mayores serían atendidos en las mismas residencias, que iban a ser “medicalizadas”, una palabra que evocaba la idea de un fuerte refuerzo médico, algo que nunca sucedió.

Este estudio suscita preguntas sobre lo sucedido. La fundamental es quién tomó esa decisión de limitar las hospitalizaciones. Mientras el foco ha estado puesto en los protocolos, el principal responsable ha sido el exdirector de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, quien ha dicho en sedes judicial y parlamentaria que siguió órdenes de sus superiores. Pero sobre esta medida previa hay aún menos información.

Otra cuestión es por qué elaboró la Consejería de Sanidad unas directrices escritas que han comprometido política y judicialmente a Ayuso y otros miembros de su Gobierno y que la oposición ha tachado de “protocolos de la vergüenza”. Una posible explicación, dada por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, es que algunos geriatras, preocupados por posibles consecuencias penales, se negaran a acatar las órdenes a menos que estuvieran por escrito.

Esos documentos, de los que se elaboraron cuatro versiones (el 18, 20, 24 y 25 de marzo) pedían descartar la hospitalización de los mayores en silla de ruedas y grados mayores de dependencia, con el objetivo de evitar el colapso hospitalario.

La prueba de que esos documentos tenían un valor relativo la dan también otros testimonios recabados por este periódico según los cuales hubo hospitales que rechazaron en función de la edad (un criterio que no aparece en los protocolos). Por otro lado, algunas residencias sufrieron un cerrojo absoluto durante casi un mes.

Cuando bajó la presión hospitalaria, los geriatras de enlace levantaron las restricciones que existían sobre las residencias. Los datos que manejan los autores muestran que la fecha en que se acabó su efecto fue probablemente el 7 de abril.

“Decisión secreta y antidemocrática”

El estudio ha sido publicado por la revista BMC Geriatrics y además de Béland, profesor en la Universidad de Montreal, tiene como coautores a los epidemiólogos María Victoria Zunzunegui y Fernando García López y al neumólogo Francisco Pozo Rodríguez. La investigación ha usado como fuentes los datos oficiales, día a día, del número de traslados hospitalarios, las muertes en hospital y residencias o el número de camas disponibles.

Béland le dice a EL PAÍS que han podido documentar con datos el efecto que tuvieron las restricciones, pero hay preguntas para las que su estudio no puede ofrecer respuestas: “Fue una decisión secreta y antidemocrática, pero no sabemos quién la tomó”.

Este autor reside en Quebec, una provincia canadiense muy golpeada en la primera ola de la covid. Allí también ha habido polémica porque el Gobierno regional elaboró protocolos de triaje que produjeron una alta mortalidad en las residencias. Sin embargo, añade Béland, las restricciones fueron distintas: “En la Comunidad de Madrid el triaje tuvo en cuenta el grado de dependencia en lugar de la gravedad de la enfermedad, como ocurrió en Quebec”.

Otra de las autoras, Zunzunegui, destaca que los protocolos han acaparado buena parte de la atención en el análisis de lo sucedido, pero su importancia práctica es menor de la esperada. “Los protocolos siguen siendo crueles y antiéticos, pero lo que hicieron es permitir que se continuara con lo que ya se estaba haciendo”, dice Zunzunegui, que ha sido una de las expertas de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias.

El análisis destaca que, según otros estudios, durante la pandemia se produjo una saturación hospitalaria entre baja y moderada en muchos países de altos ingresos. Sin embargo, la presión sobre el sistema sanitario en España fue hasta siete veces mayor que en Francia, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. España experimentó el mayor nivel de mortalidad por covid entre las personas de más de 65 años de 12 países de la OCDE estudiados. Y España también tuvo la mayor mortalidad de personas que vivían en residencias.

En la Comunidad de Madrid, el exceso de mortalidad durante la primera ola de la pandemia (primavera de 2020) fue el mayor de las 17 comunidades autónomas. Y en Madrid la mortalidad dentro de las residencias fue con diferencia la mayor de todas. Según los datos oficiales, esa primavera murió una de cada cinco personas que vivía en una residencia.

Las familias de los fallecidos llevan más de cuatro años buscando justicia. Decenas de querellas por homicidio y omisión de socorro contra Ayuso y sus consejeros han sido archivadas, aunque la principal asociación que los esponsoriza, Marea de Residencias, ha anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional.

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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