La Fiscalía pide la imputación del economista que defendió al novio de Ayuso ante Hacienda

La Fiscalía ha solicitado a la jueza que impute al economista que presentó en 2020 y 2021 el impuesto de sociedades de las empresas de Alberto González Amador y que luego lo defendió durante año y medio de investigación de Hacienda, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Ministerio Público considera que Javier Luis Gómez Fidalgo fue cooperador necesario de los delitos de fraude fiscal de 350.910 euros y falsificación de documentos mercantiles por los que se investiga a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fidalgo es uno de los directores de un despacho leonés de economistas y abogados. Aparentemente tiene más vínculos con la pareja de la presidenta porque también dirige la empresa dueña de un ático que usan Amador y Ayuso.

La petición de la Fiscalía, que se produjo el martes de la semana pasada, corresponde a la pieza original por la que se comenzó a investigar a Amador en marzo del año pasado. El razonamiento del Ministerio Público se basa en que Fidalgo tenía una implicación mayor en los hechos que la que corresponde a un simple asesor fiscal. Fidalgo presentó las autoliquidaciones sospechosas del fraude, que corresponden a los impuestos de sociedades que presentaron Maxwell Cremona SL y Masterman & Whitaker en 2020 y 2021. Además, la Fiscalía considera que Fidalgo hizo “numerosas alegaciones que luego se demostraron falsas” durante la inspección de la Agencia Tributaria, que se extendió entre mayo de 2022 y enero de 2024.

“Las alegaciones que hace no son las de un asesor contratado con ocasión de la inspección tributaria, sino la defensa ante la inspección de las autoliquidaciones mendaces de Maxwell de los ejercicios 2020 y 2021 en cuya confección había tenido parte”, dice el fiscal del caso, Diego Lucas. “Por ello y para garantizar su derecho a la defensa, es preciso que sea llamado al proceso en calidad de investigado”.

Queda por ver qué decide la jueza competente, María Inmaculada Iglesias, que la semana pasada recibió una petición de Amador para suspender esta misma pieza, la que dio origen al caso Amador. La situación procesal del empresario se ha complicado porque la Audiencia Provincial de Madrid ha dado vía libre a una segunda pieza por la que se le investiga por otros dos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. Ese nuevo frente amplía considerablemente el foco de las pesquisas porque ahora están bajo sospechas los negocios de la pareja de Ayuso con el gigante de la sanidad privada española, el grupo Quirónsalud. Además, ha crecido la posibilidad de que Amador acabe en la cárcel, si recibe dos condenas.

Fidalgo es uno de los dos socios directores en Multigestión Asesores & Abogados, un despacho fundado en León en 1986. Durante la investigación de Hacienda, defendió a Amador frente a las pruebas palmarias que los inspectores habían recabado. La Agencia Tributaria descubrió que Amador había presentado 15 facturas falsas por 1,7 millones de euros que le sirvieron para compensar los cuantiosos ingresos que obtuvo en esos dos ejercicios, gracias a una comisión por intermediar en una compraventa de mascarillas chinas y a un notable aumento de sus negocios con Quirón.

Pero la conexión de Fidalgo con Amador no acaba ahí, según reportajes de prensa. Este economista es administrador de la empresa inmobiliaria Babia Capital SL, que el 21 de julio de 2023 compró el ático superior al piso donde viven Amador y Ayuso, en Chamberí, uno de los distritos más caros de Madrid capital. Esa adquisición se produjo solo dos días después de que la pareja registrara la compra de su vivienda. Eldiario.es reveló que la presidenta y el empresario disfrutan también del ático de 176 metros cuadrados, una información que EL PAÍS ha confirmado por fuentes cercanas a la pareja.

Además, el Ministerio Público ha solicitado que se cite como testigo a María Blanca de la Encarnación López Crespo, economista que también trabajó en las autoliquidaciones “mendaces” de Maxwell Cremona, según el fiscal, que no obstante no pide su imputación. “A diferencia de Gómez Fidalgo, no hay indicios bastantes de criminalidad que justifiquen su imputación en este momento procesal”, explica el escrito. “Pero su testimonio sí puede aportar luz sobre la responsabilidad de los autores y partícipes del fraude, por lo que interesa el Fiscal que se le reciba declaración en calidad de testigo”.

Hace dos semanas, la jueza Iglesias decidió dar un impulso a la pieza original, y citó para el viernes 21 de marzo a dos inspectoras de Hacienda que investigaron a Amador. Tomó esa decisión después de casi un año de instrucción en que la causa había estado estancada. Ese mismo día, se habían negado a declarar Amador y los cuatro empresarios que supuestamente cooperaron con él en la elaboración de las facturas falsas. Fuentes del caso indican que la jueza ha prorrogado la instrucción por un plazo de seis meses más porque el 20 de marzo iba a cumplirse el tiempo máximo de un año, previsto en la ley.

La segunda pieza recibió el visto bueno de la Audiencia el lunes de la semana pasada. La noticia provocó un volantazo en la estrategia de Amador. Hasta entonces sus abogados habían negado que tuviera sentido ampliar las pesquisas, pero de repente ese día pidieron a la jueza que dé prioridad a la pieza separada y que llame a declarar a Amador “cuanto antes” en esa nueva investigación.

Los letrados del empresario argumentan que si se demuestra que los pagos de Quirón a Amador eran delictivos, habría que aplicar la doctrina del Supremo que considera que los fondos con origen criminal no pagan impuestos. Es decir, prosperaría la condena por corrupción en los negocios, pero decaería la causa originaria por fraude fiscal. De ese modo, con una sola pena, la pareja de Ayuso tendría más opciones de evitar su entrada en prisión.

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