La jueza del caso Amador cita para el 21 de marzo a dos inspectoras de Hacienda tras negarse él a declarar

La jueza que investiga a Alberto González Amador por fraude fiscal ha citado para el 21 de marzo a dos inspectoras de Hacienda en calidad de peritos. La diligencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se ha conocido horas después de que la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negara a declarar. La comparecencia de las inspectoras, para las 10.00, busca que ratifiquen o aclaren sus informes.

La magistrada del número 19 de instrucción, María Inmaculada Iglesias, rechazó esta mañana el pedido de Amador, que quería suspender el proceso hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre si debe ser investigado por más delitos. La jueza se negó porque considera que los dos asuntos son independientes. Ahora, ha dado un impulso al caso por fraude fiscal, que apenas ha avanzado desde que ella imputó al empresario y a cuatro presuntos colaboradores hace ya 11 meses, debido a que se habían suspendido las declaraciones de los investigados en cuatro ocasiones.

La cita de estas dos inspectoras se producirá en el marco de la primera pieza abierta por Iglesias, por un fraude fiscal de 350.910 euros que supuestamente cometió Amador con su consultora de sellos de calidad, Maxwell Cremona, en sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021. Además, la jueza abrió en octubre otra pieza procesal para investigar por separado dos delitos más, por corrupción en los negocios y administración desleal.

Fuentes conocedoras del caso creen que la jueza Iglesias tiene por delante una instrucción sencilla porque las pruebas de fraude contra Amador son palmarias. Con todo, añaden que antes de enviar el caso al órgano juzgador, la jueza debe practicar algunas diligencias, como es el caso de esta cita de las funcionarias de la Agencia Tributaria responsables del expediente administrativo. Contra su resolución, la defensa de Amador puede interponer recurso de reposición en el plazo de tres días.

Las pesquisas de Hacienda

Para probar el delito de fraude fiscal son clave dos requisitos: que la cuantía defraudada supere los 120.000 euros, algo que es indudable en este caso, y un elemento subjetivo, el dolo o voluntad de delinquir. Para probar esta segunda exigencia, las pesquisas de la Agencia Tributaria se prolongaron durante más de año y medio, entre el 12 de mayo de 2022 y el 23 de enero de 2024. Entrevistaron a Amador y a sus colaboradores, revisaron sus movimientos bancarios y pidieron información fiscal a terceros países. Lo que encontraron fueron “divagaciones”, “mucha palabrería” o “explicaciones farragosas”.

Durante su análisis, las inspectoras hallaron en la contabilidad de Maxwell 15 facturas sospechosas de ser falsas, procedentes de ocho empresas colaboradoras. Fue clave también descubrir que existía un patrón de comportamiento que buscaba defraudar. En dos años consecutivos, Amador incluyó facturas por pagos que luego reconoció que nunca se hicieron. Uno era un supuesto pago de 620.000 euros en 2020 a una empresa mexicana que iba a encontrarle clientes en ese país. Esa compañía se dedicaba a una actividad sin relación alguna con la medicina: exportaba a Estados Unidos leche, pasta y hortalizas.

Otro negocio sospechoso era una enrevesada operación para participar en una licitación de vacunas al Gobierno de Costa de Marfil. A pesar de que Amador conoció en julio que habían perdido en ese concurso, incluyó en octubre en su contabilidad como gasto deducible una factura de más de 920.000 euros por un supuesto pago a una compañía colaboradora. Ese pago solo podría haberse producido de haber ganado. Era llamativo que tanto en el negocio mexicano como en el marfileño aparecía el mismo colaborador, Maximiliano Eduardo Niéderer.

Además, los investigadores destacaron que esas “facturas falsas y falseadas” fueron “emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

Amador ha optado este lunes por no declarar porque tiene la vista puesta en otra sede judicial que debe tomar una decisión clave para su futuro, la Audiencia Provincial. Se espera que en los próximos días o semanas se conozca la decisión de tres magistrados de la Sección Tercera sobre si avanza o no la pieza separada para investigarlo por administración desleal y corrupción en los negocios.

Esta imputación se refiere también a la misma investigación que hizo Hacienda de las declaraciones fiscales de Maxwell en 2020 y 2021. Este otro frente nació por solicitud de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, que consideraron que había hechos que podían encajar en esos tipos penales.

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