La jueza sigue adelante con la causa por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso y se niega a concederle un aplazamiento

La jueza del caso de Alberto González Amador se ha plantado frente a sus intentos de dilatar la investigación por fraude fiscal. El empresario pareja de Isabel Díaz Ayuso ha pedido una vez más este lunes retrasar la causa a la espera de que la Audiencia Provincial decida un recurso suyo contra su imputación por dos delitos más. Sin embargo, la magistrada María Inmaculada Iglesias le ha respondido que no hay motivo porque ambas son piezas separadas, informan fuentes judiciales. Tras esto, Amador ha dicho a la jueza que estaba encantado de colaborar, pero que sus abogados le han recomendado que no declarase.

Los dos abogados de Amador no han convencido a la jueza a pesar de que han alegado que la decisión de la Audiencia es “inminente”. Esa decisión de la Audiencia es clave porque en junio Amador quiso cerrar la causa por fraude fiscal con un pacto de culpa, a cambio de una pena menor que le permita evitar la cárcel. Sin embargo, ese acuerdo no le conviene desde que fue imputado en octubre por nuevos delitos, administración desleal y corrupción en los negocios. Si se enfrenta a dos condenas, podría acabar tras las rejas.

Los magistrados de la sección tercera se reunieron el miércoles, pero la decisión todavía no ha sido notificada. Lo usual es que estas decisiones tarden días o incluso semanas en ser conocidas, hasta que la resolución está redactada y tiene el visto bueno de los tres magistrados competentes. Si no hay unanimidad, las decisiones suelen demorarse.

La jueza Iglesias, titular del número 19 de instrucción, abrió la investigación por fraude fiscal hace casi 11 meses y apenas ha avanzado debido a que cuatro citaciones anteriores fueron suspendidas por distintos motivos. Tras la vista de este lunes, Iglesias podría decidir la práctica de pruebas o el envío a juicio, indican fuentes judiciales. “Su intención es darle un impulso procesal relevante de inmediato”, dicen estas fuentes. Iglesias ha dejado la puerta abierta a que declare cuando quiera. Ha añadido que ella podrá tomar nuevas decisiones, pero sin explicar cuáles iban a ser.

La pareja de Ayuso podría retomar el pacto de culpa en cualquier momento antes del juicio, pero debería contar con el visto bueno de la fiscalía y la abogacía del Estado. En junio, cerró un acuerdo a tres bandas por el cual admitía una pena de ocho meses de cárcel y 491.000 euros de multa. Pero ese pacto saltó por los aires cuando la jueza aceptó estudiar la ampliación de las pesquisas a nuevos delitos, como solicitaron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid.

Más Madrid confía en que la Audiencia permitirá las nuevas imputaciones. “Sería muy extraño que la Audiencia Provincial no respaldara a la jueza y evitara una investigación de delitos bastante bien justificados”, ha dicho a las puertas de los juzgados el diputado de ese partido Hugo Martínez Abarca.

Amador entró por la puerta de atrás del edificio judicial de Plaza Castilla a las 10.00 en punto, justo a la hora en que estaba citado. Dentro, solo se permitía la presencia de agencias de comunicación por una decisión de la jueza decana que fue adoptada después de que en mayo del año pasado Amador se escondiera de los periodistas huyendo por los pasillos y disfrazándose con una peluca.

Pasados unos 40 minutos, ha salido por la puerta principal y ha caminado a paso rápido en busca de un taxi, acompañado de otro hombre que no ha podido ser identificado. Entonces, seguido por el grupo de periodistas que aguardaba en la calle, se ha dado un golpe en la frente con una cámara de televisión. Se ha montado en el coche dolorido, con la mano en la sien.

Tampoco han querido declarar este lunes los otros cuatro empresarios imputados por presunta colaboración con Amador. Tres de ellos son los residentes de un pueblo sevillano, Arahal, David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido. El cuarto, el mexicano Maximiliano Eduardo Niéderer, también se ha presentado para decir que no declara. Su presencia en los juzgados ha sido una sorpresa ya que las autoridades judiciales no lo habían podido localizar durante casi un año.

La causa por fraude fiscal fue abierta por Iglesias el 20 de marzo del año pasado, después de una investigación por Hacienda que duró más de año y medio. Según la investigación, Amador defraudó 350.910 euros al presentar unos negocios inventados en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 de su empresa Maxwell Cremona, dedicada a hacer consultoría para obtener sellos de calidad.

La jueza abrió en octubre una nueva pieza para investigar a Amador por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Se basaba en las mismas pesquisas del expediente que recibió de Hacienda y tomó esta decisión porque se lo pidieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, que consideraban que los hechos averiguados por la Agencia Tributaria tenían encaje en más tipos penales.

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