La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una nueva pieza para investigar más delitos

La magistrada Inmaculada Iglesias ha abierto una pieza separada para esclarecer si Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios al usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, según ha adelantado este miércoles la Cadena SER y ha podido confirmar EL PAÍS por medio del auto de la jueza. La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, ha estimado un recurso de PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, que consideraba que los hechos desvelados por Hacienda podían tener encaje en otros tipos penales, además del fraude fiscal y falsedad en documento mercantil por los que la Fiscalía había presentado su denuncia.

Este revés para la pareja de Ayuso se conoce cuatro meses después de que un recurso de los dos partidos de izquierda abortara el pacto de Amador con la Fiscalía que iba a cerrar sus problemas judiciales. El 24 de junio, PSOE y Más Madrid pidieron ampliar la investigación a cuatro nuevos delitos y aunque la jueza rechazó esa pretensión el 31 de julio, tras un recurso de reforma presentado el 5 de septiembre, la ha estimado parcialmente.

Los hechos que ha considerado la jueza, según el auto fechado este miércoles, se remiten al ejercicio fiscal de 2021, cuando Amador comenzó a facturar con una nueva empresa propia sus negocios con su principal cliente, Quirón Prevención. Esa compañía era Masterman & Whitaker, que Amador adquirió en diciembre de 2020. Hasta entonces, el empresario se había valido de su sociedad Maxwell Cremona para esos servicios al gigante de la sanidad, que consistían en auditorías de los procesos de gestión. Masterman era en realidad una sociedad pantalla, según detectó la inspección de Hacienda, que calificó esa operación de artificiosa, ya que esa empresa no tenía medios personales ni materiales para realizar esas auditorías. La jueza ha estimado que esta actividad podría ser constitutiva de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

En su recurso, los dos partidos de izquierda habían pedido que se citara al presidente y director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, porque entendían que había hecho un extraño negocio con Amador. Se referían a esa adquisición en diciembre de 2020 de Masterman, que era propiedad de la esposa de Camino, María Gloria Carrasco, y se denominaba Círculo de Belleza SL. Amador pagó 500.000 euros por esa compañía, un precio que la acusación popular consideraba excesivo porque el capital social era de solo 3.300 euros y solo contaba con máquinas antiguas sin valor de mercado y relacionadas con tratamientos de remodelación corporal y la depilación láser. Al modo de ver de los recurrentes, se trataba de “alguna clase de retribución a Fernando Camino” por los presuntos favores que le debe Amador. La carrera de Amador había estado ligada durante años a la de Camino. Este vínculo apareció de nuevo en la compraventa de mascarillas que enriqueció a Amador durante la pandemia.

La corrupción en los negocios se castiga en el artículo 286 bis del Código Penal (CP) con penas de entre seis meses a cuatro años, y la administración desleal, del artículo 252 del CP, conlleva penas de prisión de seis meses a tres años.

La investigación de marzo, el fraude fiscal

Amador fue denunciado por la Fiscalía en marzo tras más de año y medio de investigación de Hacienda, que concluyó que el empresario había defraudado 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. El Ministerio Público le denunció por dos delitos de fraude fiscal (con penas cada uno de ellos de entre uno y cinco años) en concurso con otro de fraude en documento mercantil. Amador y la Fiscalía negociaron un acuerdo de conformidad para evitar la entrada en prisión del empresario. Sin embargo, un recurso de PSOE y Más Madrid el 24 de junio frustró in extremis ese pacto. Los dos partidos pidieron ampliar la investigación a cuatro nuevos delitos: los dos que han sido estimados por la jueza y los de falsedad contable, del 290 del CP, y delito contable del 310 del CP.

Según recogió la denuncia de la Fiscalía que motivó la apertura de este procedimiento penal, el comisionista defraudó más de 350.000 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, y por trabajar para el grupo sanitario Quirón. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa, que pasaron de 357.773,87 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020.

A pesar de esos ingresos tan altos, González apenas pagó a Hacienda. Por el ejercicio 2020, la Agencia Tributaria le devolvió a su sociedad Maxwell 1.353 euros. Y por el de 2021, solo abonó 7.029 euros. Esa insignificante factura fiscal tenía truco. Los ojos de los inspectores se colocaron en las declaraciones. El 12 de mayo de 2022 saltaron las alarmas de la Agencia Tributaria.

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