La pareja de Díaz Ayuso intentó desgravarse gastos de unas vacaciones con la presidenta en Croacia y Grecia

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, intentó deducirse de sus obligaciones tributarias gastos correspondientes a unas vacaciones en Croacia y Grecia en agosto de 2021 que compartió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque Hacienda no se lo permitió. Así consta en la documentación de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario judicial de la causa en la que se investiga a González Amador por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental, y que ha avanzado este miércoles la SER. Además, según figura en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la presidenta reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos de salida y llegada de ese viaje privado y vacacional.

El Gobierno madrileño se ha limitado a contestar que la presidenta se paga “todos sus viajes” y todos los gastos “de índole personal”, al contrario, ha sostenido, que Pedro Sánchez. “La presidenta no carga al erario público absolutamente nada, se lo paga todo de su bolsillo”, ha afirmado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

Díaz Ayuso afirmó el pasado lunes que no pensaba acudir a la reunión a la que le había convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este había tildado a su pareja de “delincuente fiscal confeso”. Diversos documentos de Hacienda contenidos en el sumario apuntan a que, durante dos años, González Amador engañó a Hacienda declarando gastos por 1,8 millones de euros que le permitieron eludir el pago de 155.000 euros en 2020 y 195.000 euros en 2021, tal y como explicó EL PAÍS el pasado lunes. Esa cantidad está muy por encima de lo que se considera delito fiscal.

En el caso de los viajes con la presidenta, González Amador trasladó a Hacienda el coste del alquiler de dos vehículos en Zagreb y en Creta en agosto de 2021, cuando el empresario se fue de vacaciones durante 11 días con Díaz Ayuso. Las facturas, según ha revelado la SER, fueron extendidas a nombre de su empresa Maxwell Cremona, lo que buscaba rebajar la factura con el fisco. En concreto, se facturó el arrendamiento por 1.036,61 euros de un coche en Zagreb entre el 16 y el 22 de agosto de 2021 y de otro en Creta entre el 24 y el 27 de agosto del mismo año. Hacienda, no obstante, consideró esos gastos no deducibles y por tanto no permitió a González Amador desgravarlos.

Por otro lado, y según consta en los registros de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso utilizó la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos Madrid-Zagreb y Atenas-Madrid los días 16 y 27 de agosto de 2021, precisamente cuando González Amador recogió y entregó los coches; es decir, el día de inicio del viaje de la pareja y el de regreso. La reserva de la sala costó 290,40 euros a los contribuyentes.

Preguntado por estas informaciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha limitado a afirmar este miércoles que Díaz Ayuso “se paga absolutamente todos los viajes que realiza” y “todas las cuestiones que son de índole personal”, y ha deslizado que “ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo”. “Todos los gastos que realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus viajes de carácter personal los paga ella. No viaja en Falcon, como otras personas. No disfruta de estancias en residencias pagadas por todos los contribuyentes, como sí hace el presidente del Gobierno. Siempre que viaja se paga sus aviones, sus hoteles, todos los gastos que no tienen que ver con su actividad oficial, como no puede ser de otra manera”, ha remarcado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, informa Juan José Mateo.

García Martín ha añadido que lo que hay que preguntarse es “por qué se publican datos personales que solo la administración y el particular [afectado] deberían conocer”, en alusión a los documentos revelados por la SER. También ha arremetido contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que horas antes, en el Congreso, había afeado ese intento de González Amador de desgravarse “gastos privados”, había pedido la dimisión de Ayuso y había augurado: “Me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará”. El portavoz ha recordado a Montero que “el Código Penal castiga con prisión la “revelación de datos privados”.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha afirmado: “Estoy seguro de que los primeros que están interesados en que nadie sepa quién va a la sala de autoridades [de Barajas] es el Gobierno de España, porque no duden ustedes de que nos llevaríamos más de una sorpresa (...) Quizás quien ha filtrado esa noticia se debe tentar las ropas”. “Casualmente, la Agencia Tributaria y la sala de autoridades, ¿de quién dependen? Igual que la Fiscalía: del número uno, del jefe de la banda [...] Están filtrando expedientes tributarios todos los días de manera impune”, ha añadido, informa Europa Press.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que Ayuso y su pareja ”son unos caraduras y se creen impunes”. El PSOE madrileño ha abundado: “No se puede tener tanta cara dura ni ser tan inmoral”.

La inspección fiscal dividió los gastos en tres grupos

Alberto González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Para defenderse ante Hacienda, sostuvo en un primer momento que las facturas presuntamente falsas eran en realidad facturas reales correspondientes a gastos de su empresa Maxwell Cremona SL. Aportó pruebas y prestó testimonio ante los funcionarios de Hacienda. Sin embargo, los inspectores hicieron sus comprobaciones, entrevistaron a otros implicados, revisaron los movimientos bancarios y pidieron información fiscal a países extranjeros. Concluyeron que González Amador no decía la verdad. Es más, los funcionarios e investigadores tachan la defensa de González de “divagaciones”, “mucha palabrería” o “explicaciones farragosas”.

En el informe de la Agencia Tributaria sobre la pareja de Ayuso, de 133 páginas, se puede observar que la inspección clasificó los gastos de González Amador―entre los que figuran los que la SER ha adelantado este miércoles― en tres tipos. Por un lado, los necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial: trabajos realizados por otras empresas, gastos financieros, impuestos. Por otro, los que, a juicio de la inspección, no resultan fiscalmente deducibles, como estos del viaje con la presidenta a Croacia y Grecia, entre otros. Estos gastos, pese a que la inspección los considera “irregularidades fiscales”, no suponen una “conducta dolosa” para la administración. Hacienda, tras detectarlos, no le permitió desgravárselos. Es decir, los regularizó en la vía administrativa. El último grupo de gastos que vigiló la inspección fueron aquellos que no quedaron justificados y que, además, se justificaron con facturas falsas.

La interpretación que hace Hacienda al respecto es contundente: “El contribuyente era plenamente consciente de su actuar y fue él mismo quien buscó y utilizó de forma voluntaria e intencionada las facturas falsas o falseadas con la finalidad de eludir su tributación”. Por ello, Hacienda considera que en el ejercicio de 2020 González Amador defraudó 155.000 euros, y en el de 2021, 195.951,41 euros. En consecuencia, propuso que sea juzgado por fraude fiscal y falsedad.documental.