La pareja de Ayuso negoció un preacuerdo de culpa, frustrado ‘in extremis’ por la petición de investigar otros cuatro delitos

La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha pospuesto la declaración de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP—, que iba a producirse este lunes, y en la que el empresario iba a ofrecer un pacto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para asumir dos delitos de fraude fiscal y evitar la prisión. Amador pretendía haber dado carpetazo al asunto este mismo lunes y, de hecho, sus abogados habían negociado ese acuerdo durante la semana pasada, según le dicen a este periódico fuentes jurídicas con conocimiento directo. Sin embargo, la jueza María Inmaculada Iglesias ha paralizado ese posible pacto al aceptar un escrito presentado esta misma mañana por el PSOE y Más Madrid donde le solicitan que prosiga con las pesquisas al encontrar indicios de cuatro nuevos delitos y una calificación más severa de los delitos de fraude fiscal por los que ya estaba siendo investigado.

Los dos partidos de la oposición madrileña, personados como acusación popular en el caso, consideran que esos indicios que dicen haber hallado requieren una ampliación de la investigación a cuatro nuevos delitos (administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable). Este giro se conoce el día en el que se anticipaba un posible fin a este caso. De haberse alcanzado un acuerdo de conformidad penal, solo hubiera sido necesario ratificarlo un día distinto en un juicio exprés.

Fuentes del entorno de Amador citadas por la agencia EFE ven el escrito como “una jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria”. Uno de los abogados de Amador, Carlos Neira, se ha limitado a decir a este periódico que están esperando a que la jueza les dé traslado del escrito para hacer valoraciones. Por ahora no se conoce una fecha para las nuevas comparecencias.

Amador y sus cuatro presuntos colaboradores habían sido citados a las 10.00. Antes de esa hora, los dos abogados de Amador, Neira y Gabriel Rodríguez Ramos, conversaron con el fiscal Diego Lucas y la representante de Abogacía del Estado—que defiende a la Agencia Tributaria— durante largos minutos en la planta sexta, a las puertas del juzgado 19 de instrucción. La jueza retrasó las comparecencias hasta las 12.00 debido a que, según fuentes judiciales, no habían llegado a tiempo los tres presuntos cooperadores radicados en el pueblo sevillano de Arahal. En ese interín fue cuando los dos partidos de la oposición anunciaron su movimiento, que ha desactivado por ahora cualquier posible pacto.

Es la segunda vez que se suspende la declaración de Amador. La primera ocasión se produjo el 20 de mayo, cuando la jueza retrasó la comparecencia hasta este lunes debido a problemas para hacer coincidir las comparecencias de los cinco investigados. Ese día, Amador puso en conocimiento de la jueza que tenía intención de alcanzar un pacto de conformidad penal. Con ese acuerdo, aceptaría su culpabilidad a cambio de una rebaja de la pena de prisión a menos de 24 meses, para de este modo librarse previsiblemente de caer tras las rejas.

Algún experto fiscal había llegado a especular con la posibilidad de que Amador ofreciera desistir de su querella por revelación de secretos contra los fiscales involucrados en un comunicado que intentaba desmentir un bulo promovido por la Comunidad de Madrid. Esa hipótesis parecía remota porque hubiera desactivado una línea de ataque del Ejecutivo de Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el movimiento de la acusación popular de este lunes ha detenido cualquier posible entendimiento.

Para justificar su petición, el PSOE y Más Madrid han alegado que no han tenido tiempo para analizar las pruebas de Hacienda contra Amador. Según su escrito de este lunes, el 12 de junio recibieron el informe de la Agencia Tributaria junto con un CD donde figuraban 1.500 archivos. A la vista de esta documentación, los dos partidos han concluido que la denuncia que la Fiscalía presentó el 12 de marzo contra Amador y sus cuatro presuntos colaboradores era demasiado benévola. En ese escrito, la Fiscalía consideraba que se habían cometido dos delitos de fraude fiscal (del 305 del Código Penal) en concurso medial cada uno de ellos con un delito de falsificación de documento mercantil (392 CP).

El PSOE y Más Madrid entienden que existen indicios para considerar al menos la comisión del tipo agravado de esos dos primeros delitos (305 bis CP) “por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos. Además, añaden la posible comisión de delitos de administración desleal (252 CP), de falsedad contable (290 CP), de corrupción en los negocios (286 bis CP) y el delito contable del artículo 310 CP.

Añaden que existen razones para creer que la cuantía defraudada considerada hasta ahora -350.951 euros- debería ser revisada al alza, y que podría haber otros responsables que no están siendo investigados.

Amador no ha sido visto esta vez en los juzgados de Plaza de Castilla. El decanato ha prohibido el acceso de los periodistas al edificio sin dar un motivo. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la prohibición rige desde hace días y que no está vinculada a este caso. Esta medida ha sido tomada después de que el 20 de mayo Amador protagonizara un rocambolesco episodio al tratar de esconderse de la prensa, usando una peluca y permaneciendo en la sede judicial hasta tres horas después de haber terminado aquella breve sesión.

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