Una inspectora de Almeida confirma que la obra de la vivienda donde vive Ayuso se hizo sin permiso

Una inspectora del Ayuntamiento de Madrid confirmó el lunes pasado que la reforma en 2022 del piso donde vive la presidenta Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja se finalizó sin permiso, según tres documentos municipales a los que ha tenido acceso Más Madrid y han sido vistos por EL PAÍS. Esta visita se ha producido dos años después de que el empresario pareja de Ayuso, Alberto González Amador, iniciara la obra y tras una denuncia hace dos meses de la líder de ese partido, Rita Maestre, cuando surgieron a la luz las sospechas de ilegalidad. La inspectora corroboró que “no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales se encuentran terminadas”. El acta habla de las obras en un único inmueble, lo que descarta la unión entre este piso y el ático inmediatamente superior, adquirido el año pasado por el abogado de la pareja de Ayuso. Tras la publicación de esta información, sobre las 13.15 de este lunes, el coordinador del distrito de Chamberí ha firmado un documento con la orden de “legalización” de las obras. El Ayuntamiento ha emplazado a González Amador a obtener la licencia en dos meses. De lo contrario, o si esta fuese denegada, se podrá proceder a la demolición a costa del interesado.

La visita de la inspectora se produjo el lunes pasado, entre las 12.00 y las 13.00. En ese momento, González Amador se encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla, donde la jueza lo había citado por la investigación de fraude a Hacienda, que asciende a 350.951 euros. La persona que abrió la puerta a la inspectora prefirió no identificarse, según el acta. Ayuso no tuvo ningún acto público ese día en la agenda que la Comunidad de Madrid distribuyó a los medios.

Las obras consistieron en un acondicionamiento parcial (afectando a un único inmueble consistente en la redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones de eléctricas) y obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos. La supervisora municipal comprobó que González Amador continuó con la reforma a pesar de que el Ayuntamiento había elaborado dos órdenes de cese y paralización, como contó este periódico. Según siete testigos, la obra siguió hasta bien entrado 2023 y causó al menos un par de inundaciones en las plantas inferiores, incluido un restaurante que cerró y quebró tras los desperfectos.

La inspectora es una arquitecta técnica del distrito de Chamberí, al que corresponde este caso por encontrarse el inmueble en esa ubicación. La persona que recibió a la inspectora alegó que nunca recibieron la orden de cese, pero esto no es cierto de acuerdo con un documento que elaboraron posteriormente los técnicos de urbanismo de ese distrito. El informe municipal que siguió al acta de la inspectora, firmado el viernes pasado, indica que González Amador fue notificado el 22 de diciembre de 2022 por sede electrónica.

Ese segundo documento, llamado “informe técnico”, fue firmado electrónicamente por el jefe del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito de Chamberí, José María Leal Mora y también incluye la rúbrica de otros tres funcionarios. Los autores de este escrito pasaron el testigo al servicio de Disciplina Urbanística y Procedimiento Sancionador del distrito, con la recomendación de actuar conforme al artículo 195 de la Ley de Suelo autonómica, que se refiere a las medidas de disciplina para obras ejecutadas sin licencia.

El departamento de Disciplina Urbanística de Chamberí también preparó el viernes un tercer documento visto por este periódico y llamado “orden de legalización de obras” que desapareció ese mismo día del sistema informático usado por los técnicos de urbanismo. Este es el documento que este lunes ha reaparecido ya firmado por el coordinador del distrito de Chamberí. En esa orden, los técnicos dan un plazo de dos meses a la pareja de Ayuso para obtener la licencia que nunca presentó. De lo contrario, le advierten, tendrá que aceptar la “demolición” de la obra, tal y como dicta la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, se le señala que el incumplimiento conlleva la imposición de hasta tres multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, “reiteradas por cuantos períodos sean suficientes para cumplir lo ordenado, que en ningún caso será inferior a quince días”. Todo ello según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.

Además, el documento añade que esto no impide la imposición de una sanción de las previstas en la Ley autonómica de Suelo. En este caso, la realización de obras sin título habilitante encajaría en el 204.4 de esa norma como infracción leve castigada con multas de entre 600 y 30.000 euros.

El firmante es el coordinador del distrito de Chamberí, Javier Benito de la Torre, un jurista nombrado por el máximo cargo de esa junta municipal, Jaime González Taboada, del PP. La oposición de izquierdas a Almeida ha denunciado que este responsable les ha entregado una copia censurada y sin foliar del expediente del caso, acusándole de falta de neutralidad.

La líder de la oposición, Rita Maestre, de Más Madrid, no se fía de la imparcialidad del Ayuntamiento de Almeida. Antes de que este lunes reapareciera el documento firmado por el coordinador, Maestre comentaba que veía indicios de manipulación. “Después de que nuestra fuente detectase este documento en la base de datos el pasado viernes, el documento ha sido eliminado del expediente cuando estaba pendiente de la firma del coordinador del distrito, mano derecha del concejal”, advierte Maestre a este periódico. “Es decir: se ha borrado el documento que deja por escrito que hubo obras ilegales. Esperamos que no se esté alterando el expediente para ganar tiempo o cambiar la resolución que proponía el inspector”.

“La opacidad y el trato de favor es evidente desde el principio. Hay unas reglas para el clan Ayuso y otras para cualquier otro madrileño”, añade. “Almeida debe explicar inmediatamente qué ha pasado y mostrar el papel que está escondiendo”.

Un piso con polémica

González Amador compró esta vivienda en julio de 2022, tras un presunto fraude a Hacienda que fue conocido cuando elDiario.es adelantó la noticia el 12 de marzo de este año. La Fiscalía denunció en febrero a González ―y a otros cuatro colaboradores— por un presunto delito de fraude fiscal de 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, que corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y de un delito de falsedad en documento mercantil. La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que la presidenta negó en público, y se ofreció a pagar lo defraudado. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada (350.951 euros más los intereses de demora) y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada.

El inmueble está ubicado en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se situaba en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista, de abril. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. El piso de González tiene un valor de mercado de más de un millón: 1.147.593 euros. Y, según el Catastro, el censo donde se pueden consultar todos las fincas urbanas del Estado, la vivienda tiene un valor estimado en 809.222 euros.

En julio de 2023, un año después de que González Amador comprara ese piso, uno de sus abogados adquirió la vivienda inmediatamente superior, un ático. Los medios reportaron en octubre de 2023 que Ayuso y su pareja se acababan de mudar al inmueble.

Escriba a los autores, mviejo@elpais.es y fpeinado@elpais.es

Suscríbete aquí a nuestra newsletter sobre Madrid, que se publica cada martes y viernes.