‘Expediente X’ sobre el piso donde vive Ayuso: Almeida entrega al PSOE una copia censurada de las obras sin permiso

Antonio Giraldo, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y encargado de los asuntos urbanísticos de la capital, se presentó el pasado 23 de abril en la Junta Municipal del distrito de Chamberí. Su objetivo era conocer de cerca el polémico expediente del piso donde reside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la información que desveló EL PAÍS acerca de las obras sin permiso que se habían realizado en el inmueble. Que un concejal de la oposición en el Ayuntamiento se presente en una Junta de Distrito es un procedimiento habitual: le ampara la ley de Bases del Régimen Local para obtener cualquier tipo de información útil en su labor del control al alcalde y su equipo.

Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando le entregaron dicho expediente. Se encontraba sin folios numerados, con nombres, direcciones y otros datos ocultos, con páginas parcialmente en negro y sin el contenido formal de este tipo de expedientes. Giraldo y su equipo consideran que es una vulneración de sus derechos como concejal. El PSOE ha anunciado que interpondrá una denuncia este jueves a las diez de la mañana ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, un órgano interno para luchar contra las irregularidades con capacidad para derivar el caso a la Fiscalía.

Normalmente, los concejales acceden a los expedientes originales, aunque incluyan datos personales. La contrapartida es que tienen un deber de secreto, según el reglamento que desarrolla este derecho de acceso a la información en la ley del Régimen Local. Dos técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid consultadas por este periódico consideran “inédito” que se tape información o se entregue sin páginas numeradas. “Es un caso palmario de censura”, dice Giraldo a este periódico. Más Madrid también solicitó en abril el expediente y recibió también una copia con las mismas características.

El expediente que querían los dos partidos de la oposición de izquierda era el que contiene la declaración responsable de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con el que inició una obra de entidad en un piso de Chamberí que adquirió en julio de 2022, tras cometer un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros que fue admitido por su abogado. Con ese documento del 4 de agosto, informaba al Ayuntamiento de una reestructuración de gran alcance en el inmueble, de 183 metros cuadrados y situado en una sexta planta.

Pero los funcionarios municipales ordenaron “la paralización y/o el cese inmediato” de la obra dos veces, el 2 de noviembre de 2022 y el 13 de diciembre de 2022, por falta de información precisa sobre el alcance de los trabajos y lo conminaron a solicitar una nueva autorización. Sin embargo, el empresario, que ya era pareja de Ayuso, no lo hizo, según tres bases de datos urbanísticas revisadas por este periódico.

En la web de acceso público Conex solo aparecen las dos órdenes de paralización bajo el expediente del piso, el 350/2022/05445. Haciendo uso de sus poderes previstos en la ley, Giraldo quería acceder al resto de la documentación, incluida la declaración responsable aportada por González Amador con los planos del estado del inmueble previo y posterior a la reforma, así como los trámites internos entre funcionarios del Ayuntamiento.

El PSOE señala en su denuncia que, anteriormente, ha sido víctima de obstrucción por otros métodos como denegación del acceso a la información, plazos que nunca se cumplen o consulta únicamente de una copia. Este caso, indican, es un paso más porque es la primera vez que se les entrega una copia que, según los socialistas, ha sido adulterada.

Los dos partidos de la oposición de izquierdas al alcalde José Luis Martínez-Almeida han puesto sus miras en el caso del piso donde vive Ayuso, que afecta directamente al Gobierno municipal porque es el encargado de inspeccionar y sancionar las infracciones urbanísticas. La líder de Más Madrid, Rita Maestre, interpuso una denuncia el 19 de marzo con base en los indicios que entonces se conocían.

En declaraciones a EL PAÍS este jueves, Maestre cuestiona la neutralidad del Ayuntamiento en este caso. “Almeida ha convertido el Ayuntamiento en su coto privado, demostrando que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: mientras a la mayoría se nos exige, lógicamente, cumplir las normas, al entorno de Ayuso se le pone alfombra roja”, dice Maestre. “Hace dos meses que denunciamos por infracción urbanística las obras y hace un año y medio que el Ayuntamiento ordenó paralizarlas. Y nadie ha ido al piso en el que vive Ayuso para inspeccionar y comprobar lo que, a todas luces, es una ilegalidad como la copa de un pino. Almeida ha consentido todo esto y ha mirado hacia otro lado”.

La Oficina Antifraude se puso en marcha en 2018. El pasado año recibió 129 denuncias, de las que 36 fueron anónimas. Entre otros escándalos, frenó un caso de supuesta puerta giratoria del delegado de Urbanismo entre 2019 y 2023, Mariano Fuentes. Fuentes había fichado por una promotora inmobiliaria a la que el Ayuntamiento había beneficiado con cesión de suelo público.

Un caso que salpica a Almeida

Desde que estalló el caso, en marzo, el Ayuntamiento ha centralizado las respuestas en la Junta Municipal de Chamberí, presidida por Jaime González Taboada, exconsejero de Medio Ambiente con Cristina Cifuentes y excoordinador general del PP de Madrid.

A preguntas de la oposición, Taboada ha asegurado en un par de plenos que la inspección se hará, aunque aún no tiene fecha porque hay otras inspecciones en cola. González Amador declarará el próximo lunes como investigado. Será su primera comparecencia ante la jueza del juzgado de instrucción número 19 de plaza de Castilla.

González Amador compró esta vivienda tras un presunto fraude a Hacienda que fue conocido cuando elDiario.es adelantó la noticia el pasado 12 de marzo. La Fiscalía denunció en febrero a González ―y a otros cuatro colaboradores— por un presunto delito de fraude fiscal de 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, que corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y de un delito de falsedad en documento mercantil. La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que la presidenta negó en público, y se ofreció a pagar lo defraudado. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada (350.951 euros más los intereses de demora) y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada.

El inmueble está ubicado en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se situaba en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. El piso de González tiene un valor de mercado de más de un millón: 1.147.593 euros. Y, según el Catastro, el censo donde se pueden consultar todos las fincas urbanas del Estado, la vivienda tiene un valor estimado en 809.222 euros. Un año después, uno de los abogados de González Amador adquirió el piso inmediatamente superior, un ático.

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