No fue una “gotera”. La obra sin permiso en la casa donde vive Ayuso arruinó un negocio familiar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo han evitado pronunciarse acerca de la noticia de EL PAÍS sobre la obra sin autorización en el piso donde vive ella, a pesar de que puede calificarse como una infracción urbanística muy grave. Este jueves han ridiculizado un detalle que aparecía en esa información: el daño que causaron las obras a los vecinos y a un restaurante, insinuando que solo sufrieron una “gotera”. La realidad es que los desperfectos supusieron la ruina de una familia. Este periódico ha verificado fotos y vídeos que muestran los destrozos en el negocio ubicado en los bajos de su edificio, que acabó cerrando y declarándose en quiebra.

“¿Por qué cerró el bar de la casa que reformaba mi pareja antes de que fuera a vivir, cuya placa, arriba, era de la vivienda oficial de la época de Franco que tacha decenas de miles de inmuebles de todo Madrid?”, se ha preguntado este jueves la presidenta regional en el pleno de la Asamblea, acompañada por las risotadas de los diputados del PP. “¡La trama de corrupción del novio de Ayuso!”, ha seguido. “¿Puso suelo radiante o calefacción central convencional? ¿Orientó el aire acondicionado mirando al norte, al sur o a la azotea? ¿De verdad es el periodismo de investigación? ¿Creen que tenemos que llegar a algo tan absurdo?”, ha cuestionado. “Les animo a que me fiscalicen por mi gestión, y no por mi vida sentimental, que no le compete a nadie”.

La historia de este restaurante es bien conocida en el vecindario porque el negocio llevaba abierto desde 2013. Era regentado por una pareja de mediana edad con experiencia previa en hostelería que alquilaban el local a un gran propietario. Se trataba de una pequeña taberna con poco espacio interior y mesas exteriores, ubicada en una calle tranquila del distrito de Chamberí.

El local se inundó de aguas fecales en agosto de 2022, al poco de comenzar la obra en el piso que había comprado la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, en la planta sexta. Según dos buenos conocedores de lo sucedido, que piden anonimato, un obrero dejó caer cascotes y ferralla por la tubería bajante. Estos escombros rompieron el techo del local y lo inundaron. El negocio se encontraba cerrado por vacaciones. Las imágenes a las que ha tenido acceso EL PAÍS fueron tomadas días después de los daños y circularon ampliamente entre clientela y vecinos. Las fuentes cercanas a los afectados cuentan que se había roto la manta acústica, que cubría techo y paredes con el fin de evitar que el ruido molestara a los vecinos. También se dañaron el aparato de aire acondicionado, la televisión, mesas y lámparas. Además, resultó afectada por humedades una de las paredes de la vivienda de la portera del edificio.

La pareja tuvo que enfrentarse a una costosa reforma de 8.000 euros y al cierre del negocio durante más de un mes, hasta finales de septiembre, el tiempo que les tomó adecentar el local, según estas fuentes. Esto supuso un lucro cesante que calcularon en otros 14.000 euros. En total, su seguro reclamó al de González Amador 22.000 euros. Estas fuentes añaden que las compañías que cubren a la pareja de hosteleros y al novio de Ayuso no se pusieron de acuerdo. Finalmente, los afectados solo recibieron 6.000 euros. Fuentes cercanas cuentan que los afectados no tenían dinero para pagar abogados y tampoco podían esperar años a que la justicia se pronunciara.

A la clientela le costó regresar porque todavía olía a aguas fecales, cuentan estas fuentes. “La gente canta, la gente sabe, y olía…”, dice una persona que frecuentaba el negocio. Los dueños trataron de paliar este tufo manteniendo ventanas y puertas abiertas. Poco después, Ayuso y su pareja fueron vistos consumiendo en el local.

Cuando llegaron las Navidades, se produjo una segunda inundación, de agua corriente. En esta ocasión, se mojaron los comensales durante una cena. También entró agua en los salones de las viviendas. Esta nueva avería fue la puntilla para los empresarios, que no volvieron a abrir. Los afectados entregaron las llaves del local en marzo de 2023 y al poco se declararon en concurso de acreedores.

Infracción muy grave

Las obras del piso donde vive Ayuso junto a su pareja habían comenzado en agosto de 2022. González Amador informó al Ayuntamiento el día 4 de ese mes del inicio de la obra, pero desobedeció dos requerimientos —uno el 2 de noviembre y otro el 13 de diciembre— en los que cargos municipales le exigían “la paralización y/o cese inmediato” de la reforma. No consta que inscribiera una nueva petición en ninguna de las tres bases de datos municipales donde se inscriben los trámites urbanísticos.

Las obras siguieron al menos hasta el 29 de diciembre, según el documento de un perito que las visitó. En este escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, se explica que la avería se origina en la “pérdida de agua de tuberías” en esa vivienda, “que está en obras”. Es más, según otros seis testigos directos, los trabajos continuaron hasta meses después. La noticia de la mudanza de la pareja a esta vivienda fue publicada por varios medios en octubre de 2023.

La normativa del Ayuntamiento califica como muy grave “la presentación de declaraciones responsables o solicitudes de licencias que incluyan documentación falsa, o que omitan datos o información de carácter esencial”, como es este asunto. Esta infracción prescribe a los tres años —en este caso en noviembre de 2025— y conlleva una sanción de hasta 3.000 euros.

Los medios han puesto el foco sobre esta vivienda tras conocer que González Amador la compró después de cometer un presunto fraude a Hacienda, desvelado por elDiario.es el 12 de marzo de este año. El mes anterior, la Fiscalía había denunciado a González ―y a otros cuatro colaboradores— por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. La cuantía corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

Ayuso salió rápidamente en defensa de su pareja, pero horas después se conoció que González Amador había admitido su culpa ante la Fiscalía. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada.

El inmueble, de 183 metros cuadrados, está ubicado en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se situaba en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. Y el de la presidenta y su pareja ascendería hasta 1.147.593 euros. Además, poco antes de la mudanza uno de los abogados de González Amador compró otra vivienda de similares dimensiones en la planta inmediatamente superior de ese edificio, en el ático. Se desconoce si ambos pisos han sido unidos.

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