PSOE y Más Madrid recurren el archivo de la investigación a la pareja de Ayuso por nuevos delitos

PSOE y Más Madrid insisten en que la justicia está siendo demasiado benévola con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los dos partidos de izquierda han recurrido este jueves el archivo por la jueza de instrucción del número 19 de Madrid de su petición para ampliar la investigación por fraude fiscal sobre el empresario Alberto González Amador. Creen que a este se le debería juzgar por otros cuatro nuevos delitos y una calificación más severa de los delitos de fraude fiscal por los que ya está siendo investigado. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se conoce tres días después de que trascendiera que la jueza, María Inmaculada Iglesias, había rechazado la práctica de una veintena de diligencias solicitadas el 24 de junio por los dos partidos de izquierda. Esta cuestión ha frustrado las pretensiones del empresario de poner un punto y final a este asunto por medio de un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que aceptaba su culpa a cambio de evitar la cárcel. Fuentes judiciales indican que ese acuerdo es imposible mientras no se resuelva la solicitud de los dos partidos de izquierda, que participan en la causa como acusación particular.

El escrito de PSOE y Más Madrid es un recurso de reforma ante la propia jueza y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial. El abogado de los socialistas, Alberto Cachinero, que lo firma en representación de ambos partidos, plantea que los argumentos de la jueza Iglesias son genéricos y faltos de motivación. Defiende la práctica de la veintena de diligencias que propuso en junio, entre ellas la toma de declaración de varios directivos del grupo sanitario Quirón, empresa para la que prestaba servicios Amador. La jueza ha denegado esa solicitud considerando, entre otros motivos, que su práctica era de excesiva complejidad y podría dilatar el procedimiento durante años. Para agilizar el trabajo, los dos partidos han solicitado que las diligencias sean investigadas en piezas separadas.

La Fiscalía denunció el 13 de febrero a Amador por la comisión de dos delitos de fraude fiscal del artículo 305 del Código Penal (CP) en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Se basaba en una investigación de Hacienda que duró algo más de 18 meses por la que los inspectores detectaron que el empresario había presentado 15 facturas falsas en los ejercicios del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de su empresa Maxwell Cremona, dedicada a las auditorías de calidad. Mediante esos documentos ficticios pudo simular unos gastos que le permitieron rebajar su carga fiscal, según la investigación fiscal. La Agencia Tributaria concluyó que defraudó 350.951 euros.

PSOE y Más Madrid concluyeron que había motivos para ampliar la investigación tras acceder a un CD de la Agencia Tributaria donde figuraban 1.500 archivos. En su escrito del 24 de junio, consideraron que la jueza debería investigar a Amador por un delito del 305 bis CP “por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos”. Además, pidieron que se indague si Amador cometió otros cuatro delitos ―administración desleal (252 CP), de falsedad contable (290 CP), de corrupción en los negocios (286 bis CP) y el delito contable del artículo 310 CP―.

Los dos partidos destacan que Amador presentó en 2020 y 2021 otras facturas que tienen indicios de ser falsas y que no han sido incluidas en la denuncia de la Fiscalía. Se trata de facturas que generan sospechas porque no detallan dónde ni cuándo se realizan los servicios o porque se trata del pago de un alquiler que se abona de una sola vez y anticipadamente.

Además, en su recurso insisten en las sospechas que despiertan los vínculos de la pareja de Ayuso con el presidente y director general de Quirón Prevención, Fernando Camino. En particular, señalan a un pago de 500.000 euros de Amador a Camino que los dos partidos interpretan como “alguna clase de retribución a Fernando Camino” por los favores que le debe Amador. Según esta tesis, Amador dio un pelotazo de 1,9 millones de euros en una compraventa de mascarillas durante la pandemia gracias a la intervención del alto cargo de Quirón.

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