Arroyomolinos adjudicó obras por 40 millones sin controles públicos

La auditoría encargada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos de las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo ha sacado a la luz importantes irregularidades. De los 69 millones de euros investigados, 40 eludieron las normas de la contratación pública. El control era tan escaso que existe “una gran cantidad” de proyectos de los que no se ha encontrado ninguna documentación ni información. También se produjeron sobrecostes en las trabajos que llegaron, en ocasiones, a pagarse cinco veces más de lo presupuestado inicialmente.

Arroyomolinos era un pequeño pueblo del suroeste madrileño pegado a la N-V de 3.800 habitantes en 2000. Llegó la época del boom inmobiliario y la eclosión del municipio. Las normas urbanísticas de 2001 propiciaron la construcción de importantes y caras infraestructuras. La localidad ha alcanzado los 25.000 vecinos. El nuevo equipo de gobierno — una coalición de Ciudadanos, PSOE e independientes—, tras relegar al PP a la oposición, encargó una auditoría de las obras que se gestionaron a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo (Emuvisa) entre los años 2000 y 2014.

Los auditores explican que Arroyomolinos esquivó los controles impuestos a las empresas públicas en la contratación utilizando a Emuvisa, una sociedad de capital 100% público, pero con forma de sociedad anónima. De esta forma, la empresa se sujetaba a la normas derecho privado en todo lo relativo a la contratación pública.

A través de esta fórmula, dice el informe, “se eliminan los controles de la contratación pública” lo que genera un “efecto nocivo”. El concejal de Hacienda de la localidad, el socialista José Vicente Gil, explica que esta forma de actuar provocó que muchas de las obras se concedieran sin convocar licitaciones públicas, que obligan a que haya pliegos de condiciones y que se tengan que presentar varias empresas. “Está claro que han actuado en detrimento de las arcas municipales”, asegura.

40 millones sin vigilar

De los proyectos de los que los auditores han conseguido obtener información (de muchos no hay ninguna), casi 40 millones habrían eludido así la vigilancia pública. A partir de 2008, cuando ya está en vigor la nueva ley de contratos del sector público, que intentaba poner freno a estas situaciones, los auditores detectaron una obra que también se saltó las normas: el alumbrado de un arroyo por 643.349 euros. “No hay publicación de bases del concurso, ni pliego de condiciones técnicas ni económicas. Se presentan tres ofertas y se elige a una “por un informe del departamento de Medio Ambiente”.

Los auditores han analizado un volumen de trabajos por valor de 68,7 millones. Durante la investigación, no consiguieron encontrar documentación de importantes actuaciones, como del proyecto de ampliación de la depuradora de Navalcarnero (con un presupuesto estimado de 2,6 millones) o de las dos primeras fases de construcción de la Ciudad Deportiva La Dehesa (5,8 millones), que se encarecieron un 11%. En ese caso, los auditores destacan que se tendría que haber llevado a cabo un proceso de contratación ordinario por ley, pero no se hizo. Simplemente se aprobó en la Comisión de Seguimiento —formada por Ayuntamiento y propietarios del suelo— con el argumento de que debía concederse a la misma constructora de las dos primeras fases.

Sin aprobación de infraestructuras

El informe revela que el control de la evolución económica por la Comisión de Seguimiento era “escaso”. En sus actas tan solo se menciona la adjudicación de 15 proyectos por 12,9 millones. Del resto no hay rastro alguno. No se pide aprobación para infraestructuras como la recuperación de un arroyo por 9,6 millones, la construcción de un bulevar por 6,4 o de un puente por 2,9. “Lo que resulta sorprendente”, dice el informe, debido a los “volúmenes económicos de contratación adjudicados y a la importancia de los mismos”.

“Igual de sorprendente es que aparezca en esa relación un contrato con la empresa Waiter Músic (investigada en la trama Púnica) por 119.745 euros”, comenta el edil de Hacienda. Se carga a la cuenta de Sistemas Generales las actuaciones musicales de la fiesta de Nochevieja de 2006 y la de Reyes. “No tiene sentido, porque no tiene nada que ver con desarrollo urbanístico”, puntualiza el edil. Otro de los puntos oscuros de la contratación, trata sobre la emisión de pagarés por 9 millones que debían dos sociedades (Sanedi y Edificaciones Tifan) a Emuvisa. Posteriormente, Emuvisa pagó a otro proveedor (Urbacisa) una deuda endosándole esos pagarés. Como las tres sociedades están vinculadas entre sí puede “que no se haya producido el movimiento efectivo del capital al vencimiento de los pagarés”.