Solo el 13% de las ciudades cumplirá su obligación de tener zonas de bajas emisiones antes de 2023

La puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones es una de las medidas más palpables de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque afecta a la movilidad al incorporar restricciones al tráfico en las ciudades para luchar contra la contaminación. Esta norma, de mayo de 2021, fija la obligación para los municipios de España de más de 50.000 habitantes de contar “antes de 2023″ con áreas en las que se restrinja el acceso, la circulación y el aparcamiento de vehículos según su potencial contaminante. Son 149 urbes en las que viven algo más de 25 millones de personas, más de la mitad de la población del país. A poco más de dos meses para que venza el plazo, solo 20 —el 13,4%— sostienen que cumplirán con ese precepto. De esas dos decenas, seis ya tenían en marcha sus zonas de bajas emisiones antes de la ley de cambio climático.

Tras este masivo incumplimiento está la falta de diligencia de los ayuntamientos (de todos los colores políticos), que desde hace dos años conocían que la norma les iba a obligar a poner en marcha esas áreas. Pero los consistorios se defienden señalando a su vez al Gobierno, que todavía no ha aprobado el real decreto sobre zonas de bajas emisiones. “No hay un reglamento de desarrollo”, se queja Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). El Ministerio para la Transición Ecológica, que sacó a información pública el proyecto de real decreto en abril, sostiene que no queda mucho para la aprobación definitiva, aunque no precisa la fecha: “Falta el informe de Hacienda y del Consejo de Estado”, apunta el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera.

Miguel Ángel Ceballos, experto en contaminación urbana de Ecologistas en Acción, admite que el real decreto pendiente de aprobarse otorgará “seguridad jurídica” a los municipios, pero cree que la falta de ese reglamento “no debe de servir de excusa”: “Una zona de bajas emisiones se puede hacer sin que exista ese real decreto”. Ceballos coincide con otros grupos ecologistas en lamentar el masivo incumplimiento que se avecina. Para conocer la dimensión real del problema EL PAÍS ha consultado a los 149 ayuntamientos afectados cómo va el desarrollo de sus zonas de bajas emisiones y la fecha prevista en la que las activarán. La mayoría afirma que está trabajando en su diseño o que lo ha rematado ya con las ordenanzas municipales que deben regir estas áreas. Lo más conflictivo llega cuando tienen que responder sobre el momento en el que las pondrán en marcha: solo 20 de las 149 llegarán a tiempo.

Seis de esas 20 urbes que prevén cumplir el plazo del 1 de enero de 2023 —Madrid, Pamplona y las catalanas Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat y Cornellà de Llobregat— ya contaban con zonas de bajas emisiones antes de que se aprobara la ley de cambio climático. Rivas (Madrid) y Pontevedra declaran que las acaban de activar. Las 12 restantes que dicen que llegarán a tiempo para no incumplir la ley son: Sevilla, Córdoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristóbal de La Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, Talavera de la Reina, Coslada y Ciudad Real.

Pero, claramente, son la excepción. Porque el 86,6% restante de las 149 urbes a las que afecta la norma, aunque mayoritariamente manifiestan que están trabajando en ello, no las tendrán activas para esa fecha. Del total, 60 sostienen que estarán listas durante el próximo año; 50 rechazan ofrecer una fecha, aunque aseguran que están en ello; tres afirman que dejan su implantación ya para 2024; y 16 no han respondido a las preguntas de EL PAÍS.

Muchos de los ayuntamientos consultados, para justificar que no cumplirán, cargan contra el Ministerio de Transición Ecológica por no haber aprobado todavía el real decreto para el desarrollo de las zonas de bajas emisiones. “Estamos esperando la publicación definitiva del real decreto por parte del ministerio con los criterios para homogeneizar las zonas”, sostienen en el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, gobernado por el PP. “Es necesario desarrollar la legislación y ofrecer seguridad jurídica, tarea que el ministerio tiene pendiente a día de hoy”, insisten en Santander, también en manos de los populares.

Moratoria

“No hay un reglamento de desarrollo”, remacha el socialista Abel Caballero. “Podemos establecer unas zonas, que luego no cumplan con el reglamento y a lo mejor tenemos que empezar de cero con el real decreto”. Esa posibilidad de tener que empezar de cero parece complicada, porque la propia FEMP en colaboración con el Gobierno presentó hace un año, en noviembre de 2021, una guía con las directrices para la creación de las zonas.

En un principio, tras la aprobación de la ley de cambio climático, el ministerio no había manifestado la intención de ir más allá de esas directrices. Pero el pasado marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones de Barcelona —la de Madrid también había tenido problemas similares con la justicia—. Entonces Transición Ecológica anunció la aprobación del real decreto con el reglamento de las zonas, que salió a información pública en abril y está pendiente todavía de ser aprobado en el Consejo de Ministros.

“Tenemos ya dos áreas que pueden ser catalogadas como zonas de bajas emisiones, pero para terminar de definir estamos esperando a que el ministerio marque las pautas”, insiste Raquel Ñeco, expresidenta del grupo ecologista Verdemar y ahora concejala de Movilidad de la Línea de la Concepción (Cádiz). La FEMP ha pedido al Gobierno una moratoria en la aplicación la ley y a eso se acogen muchos de los Consistorios consultados por EL PAÍS para no dar una fecha de aprobación o para contestar con un “a lo largo de 2023″. “A Torrelavega le parece lógica la solicitud de moratoria planteada por la FEMP”, afirman fuentes de ese municipio santanderino, como muchos otros.

La esperanza de Abel Caballero es que en el real decreto que aprobará Transición Ecológica se pueda incluir esa moratoria. Pero Ceballos, de Ecologistas en Acción, opina que es complicado que con un real decreto se pueda enmendar una ley en la que se establece claramente que los consistorios deben cumplir con esta premisa “antes de 2023″ (lo señala el articulado en dos ocasiones).

Financiación

A pesar de la claridad en la redacción de la norma, varios ayuntamientos de los consultados afirman que pueden retrasar la activación de las áreas con restricciones al tráfico hasta el 31 de diciembre de 2023. Y para sostenerlo recurren a las ayudas europeas procedentes de los Fondos Next Generation que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido ya. “Nuestro municipio, como beneficiario del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones, debe implementar esta zona antes que finalice el 2023. Este fue el compromiso adquirido con el Ministerio de Transportes”, apunta en la localidad alicantina de Elda, gobernada por los socialistas.

Respecto a la fecha de implantación, el Ministerio de Transición Ecológica subraya que su labor no es interpretar las normas: “Eso queda para los órganos jurisdiccionales”, como los “tribunales”. Pero este departamento insiste en que la redacción de la ley de cambio climático es explícita cuando establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con estas zonas de bajas emisiones y planes de movilidad “antes de 2023″.

Estas zonas son áreas —situadas mayoritariamente en el centro de las ciudades— en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes, los más antiguos. Para ello, se tiene en cuenta el sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico. Para implantar estas áreas en los municipios —que requieren inversiones para la instalación de cámaras para el control de las matrículas, entre otras cosas— el Gobierno ha recurrido a los fondos europeos englobados en el programa Next Generation, que tiene como uno de sus pilares la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la movilidad. El Ministerio de Transportes adjudicó en febrero 1.000 millones de euros para impulsar la movilidad sostenible en las ciudades, de los que un 11% (algo más de 100 millones) se dedicó a 62 proyectos de implantación de zonas de bajas emisiones en otras tantas localidades. Esa es la convocatoria que fija como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 y que algunos consistorios usan para argumentar que no deben activar sus áreas con restricciones hasta finales del próximo año. Transportes abrió una segunda convocatoria de esas ayudas, que cuenta con otros 500 millones, y se han presentado 188 municipios, aunque el ministerio no aclara cuántos de ellos piden actuaciones en zonas de bajas emisiones.

Esta segunda convocatoria se resolverá previsiblemente en las próximas semanas, sostienen en ese departamento. Y a esto también se agarran otros consistorios, como el de Colmenar Viejo. El alcalde popular de este municipio madrileño, Jorge García, dice que “es imposible” que lleguen al día 1 de enero. En su caso han solicitado ayudas de 700.000 euros en la segunda convocatoria abierta por el ministerio, “pero no está resuelta”. “Como pronto, llegaríamos a mediados de 2023″, afirma el regidor.

Muchos son los municipios que retrasan hasta el segundo semestre del próximo año la activación de las restricciones. A pocos se les escapa que en mayo de 2023 son las elecciones municipales y los regidores sopesan el incierto impacto que pueden tener en los comicios la puesta en marcha de estas restricciones a los vehículos más contaminantes. Abel Caballero resalta que en la FEMP son favorables a implantar este tipo de áreas, pero cree que no toda la ciudadanía las aplaude. Aunque no vincula directamente el retraso masivo de los alcaldes a las elecciones.

Ceballos, de Ecologistas en Acción, se muestra más contundente: “Las zonas de bajas emisiones no arrancan, y hasta que pasen las elecciones no lo harán. Los ayuntamientos están aparcándolas por evitar controversias”. En su opinión, el problema reside en que se ha extendido la idea de que este tipo de acciones penalizan en las elecciones municipales. “Pero es falso, la gente las apoya cuando se implantan, como ha ocurrido en Vitoria o Pontevedra con las peatonalizaciones”, concluye este ecologista.

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