El choque entre los herederos pone en jaque el plan de la Comunidad de Madrid de comprar Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre

El desencuentro entre los herederos de Vicente Aleixandre ha puesto en jaque el plan del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para comprar Velintonia, la mítica residencia del último premio Nobel español de poesía, y convertirla en un referente cultural integrado dentro de una ruta madrileña por las residencias de tres grandes autores (Cervantes, Lope de Vega y el poeta). Así, la propietaria del 60% del inmueble, Amaya Aleixandre, sobrina segunda del escritor, ve más viable la negociación con el Ministerio de Cultura, y ha alegado en el tribunal madrileño encargado de liquidar el inmueble en contra de que la adjudicación se cierre por 3,2 millones de euros a favor de la Comunidad de Madrid.

La Administración regional, según tres fuentes consultadas por EL PAÍS, ya ha consignado en los juzgados esa cantidad, que se corresponde con la puja mínima establecida en julio para participar en la subasta del inmueble, que quedó desierta. Así, la Comunidad espera que la resolución judicial se produzca en breve; y acusa al Gobierno central de “interferir” en la compra, como hizo el miércoles el director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad, Bartolomé González. Desde el ministerio, sin embargo, se niega haber presentado oferta alguna, y se recalca que su único interés es que el inmueble sea de propiedad pública y tenga un uso cultural.

La propiedad de Velintonia se divide entre Amaya Aleixandre, sobrina segunda del escritor, que tiene un 60% de la vivienda, y los Usera Estirado, cuatro nietos de una prima del poeta, que tienen el 40% restante y aceptan cerrar el trato con Madrid.

El punto de conflicto está relacionado con la última subasta, celebrada en julio, y en la que el precio de tasación del chalé fue de 4.561.750 euros y la puja mínima admitida era a partir de 3.193.225 euros. El intento de venta, organizado en un juzgado precisamente por las discrepancias entre los herederos, que rompieron el proindiviso que les vinculaba para así dar salida al inmueble, quedó desierto. La propietaria mayoritaria y una segunda fuente aseguran que la Comunidad decidió aplicar entonces una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que permite adjudicar el bien “al tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70% del valor de tasación”. Y que por ello la Administración regional depositó 3,2 millones en el juzgado.

Una fuente gubernamental confirma la consignación del pago, contra la que ha presentado alegaciones la sobrina de Aleixandre, al considerar que las bases de la subasta, según su relato y el de su representante legal, excluían esa posibilidad. Hay, además, otra razón, según el abogado de la propietaria mayoritaria, que considera que la oferta de la Administración regional debería haberse hecho durante la subasta, y no con esta cerrada: “Se priva a un tercero, a otros postores, de mejorar la oferta. De haberlo hecho durante la subasta, probablemente Cultura la hubiera mejorado”.

Esto explica una fuente conocedora del conflicto, cuyo relato certifica un segundo interlocutor, que opina que el gobierno central estaría dispuesto a llegar a los 3,5 millones.

“La Comunidad hizo una oferta que la propietaria del 60% agradeció, pero no consideró adecuada, al evaluar que el Ministerio de Cultura estaba dispuesto a mejorarla”, cuenta. “Los otros propietarios hicieron oídos sordos. Son libres de vender su parte a la Comunidad, pero no el total”, añade. “La propietaria del 60% considera que se ha procedido sin contar con ella, y que la Comunidad ha vendido la piel del oso antes de cazarlo”.

En contraste, una fuente conocedora de las negociaciones del gobierno afirma que el ejecutivo cerró un pacto con todos los herederos antes de que se anunciara su intención de comprar el chalet.

“Seguimos en conversaciones con los propietarios”, afirma un portavoz de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que se remite a las palabras del director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad, Bartolomé González, en la comisión de la Asamblea.

Allí, este miércoles, el director afirmó a preguntas de la diputada de Más Madrid Alicia Torija que “ahora parece ser que hay una nueva oferta por parte del ministerio” para adquirir el inmueble. Una situación que Cultura niega a través de un portavoz, aunque la sobrina de Aleixandre acudió al ministerio el 3 de septiembre y se reunió con altos cargos del departamento.

“La Comunidad de Madrid no tiene nada claro en Velintonia, ni cómo protegerla, ni cómo comprarla, ni si funcionará como una ‘casa de la poesía’, por no saber, la presidenta no sabe ni como se llama”, lamenta Torija como representante del partido que lidera la oposición al ejecutivo de Díaz Ayuso. “Mucho me temo que han vendido la piel del oso antes de cazarlo y que no hay nada cerrado, solo están retorciendo un procedimiento y haciendo un anuncio. Llegan tarde y parece que mal”.

El 18 de junio, Mariano de Paco, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, anunció que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso iniciaba los trámites para comprar Velintonia y protegerla como Bien de Interés Cultural (BIC). Un mes después, el 19 de julio, avanzó que el ejecutivo preparaba más de tres millones de euros para adquirir la casa con el objetivo de convertir el inmueble en referente cultural desde el que también se pueda conmemorar en 2027 el 50 aniversario de la concesión del Nobel a Aleixandre, y el centenario de la Generación del 27. Aunque entonces se deslizó que la operación era inminente, desde entonces se ha desatado un conflicto entre los herederos.

Por Velintonia pasaron Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Luis Cernuda o Federico García Lorca, que amenizaba las veladas al piano. Allí escribió Aleixandre casi toda su obra. Fue también lugar de reunión de la denominada generación del 50 y de los Novísimos. La vivienda sufrió una primera ruina, cuando la tuvo que abandonar la familia Aleixandre en la Guerra Civil porque estaba en la línea del frente. La segunda llegó a la muerte del poeta (1984) y de su hermana Conchita (1986). En su deterioro, en los años noventa, un mendigo aprovechó que estaba vacía y se instaló en el jardín, en el que incluso llegó a provocar un incendio.

El inmueble, que recibe su nombre, Velintonia, de la denominación original de la calle en la que se sitúa ―llamada Wellingtonia, una especie de secuoya propia de la Sierra Nevada de California, hasta que fue rebautizada con el nombre del poeta―, no tuvo ningún grado de protección hasta 2022, cuando la Comunidad de Madrid lo declaró Bien de Interés Patrimonial (BIP). Aquel paso, sin embargo, fue considerado insuficiente tanto por la oposición de izquierdas como por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, y que ahora el Gobierno regional rectificará al declararla como BIC.