Transportes advierte a los municipios rebeldes que sin zona de bajas emisiones no tendrán ayudas estatales

El Gobierno eleva el tono contra las ciudades rebeldes que no solo siguen sin instalar su zona de bajas emisiones (ZBE) un año y medio después de que sea obligatorio —para las 151 urbes de más de 50.000 habitantes—, sino que ni siquiera han comunicado que hayan empezado los trámites para hacerlo. Arganda ha ido más allá: su alcalde ha explicado en EL PAÍS que no va a cumplir la ley.

El Ministerio de Transportes responde que “las leyes están para cumplirlas” y avisa de que, a partir de 2025, las ciudades que no tengan en marcha un área de tráfico restringido no podrán optar a las ayudas estatales al transporte público. Mientras, los ecologistas se plantean denunciar a las incumplidoras en los tribunales. Además, las que hayan pedido fondos europeos para movilidad sostenible —no es el caso de Arganda— tendrán que devolverlos.

“No hemos implantado una zona de bajas emisiones y no tenemos pensado implantarla. Arganda del Rey tiene 60.000 habitantes, pero su orografía lo hace imposible”, explicó este lunes Alberto Escribano (PP), regidor de la localidad madrileña. “Nosotros cumplimos toda la ley, lo que no podemos es cumplir una ley que es imposible de cumplir”, añadió.

Guillermo Hita, exalcalde socialista de Arganda hasta el año pasado, responde: “Es un incumplimiento flagrante de la ley, [Escribano] es un alcalde negacionista. Nosotros hicimos un estudio técnico de movilidad para demostrar que la zona de bajas emisiones era posible, y el estudio nos demostró que se podía instalar en el centro histórico y en varias calles más”.

El secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, también se muestra preocupado, y apunta que Transportes “está trabajando para que, a partir de 2025, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes que quieran acceder a las ayudas al transporte público colectivo deban tener una ZBE en funcionamiento”. Se trata de fondos que reciben estas urbes para sus redes de autobuses urbanos o interurbanos, que pueden llegar de forma directa o bien a través de organismos regionales como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o el Área Metropolitana de Barcelona.

“Con su negativa a implantar una zona de bajas de emisiones (ZBE), Arganda del Rey se juega 52.000 euros en ayudas al transporte público, que corresponde a la parte proporcional que recibe el municipio de las ayudas directas concedidas cada año al Consorcio Regional de Transporte de Madrid”, prosigue Fernández Heredia.

El responsable ministerial recuerda que “las zonas de bajas emisiones son una obligación legal para las ciudades y han tenido tiempo de sobra para ponerlas en marcha”, ya que la ley se aprobó en 2021. Por eso, “no pueden existir ayudas para el transporte público en ciudades que no están tomando las acciones para garantizar que la calidad del aire es la mejor para todos los ciudadanos. Las leyes están para cumplirlas. Ahora ha llegado el momento de cumplir”.

La Ley de Cambio Climático obliga a las 151 ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar una zona de bajas emisiones (ZBE) para mejorar su calidad del aire, que debería estar en vigor desde 2023. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene constancia de que ya hay unas 24 en marcha, mientras que más de un centenar está en trámites, aunque sea a regañadientes. Algunas han aprobado proyectos descafeinados para, al menos, cubrir el expediente. Al menos 13 no han comunicado todavía ningún trámite al ministerio —el proceso puede demorarse muchos meses—. El problema es que la norma se aprobó sin régimen sancionador para las incumplidoras, lo que reduce las opciones de actuar contra ellas.

Fuentes del Ejecutivo admiten que será complicado que el Estado multe a los ayuntamientos rebeldes, pero sí que se están estudiando otras medidas para aumentar la presión sobre ellos. Una opción sería exigir la devolución de los fondos europeos a ciudades que los pidieron e, incluso, imponerles una sanción por mal uso de los mismos; otra podría ser un descuento de las transferencias de Presupuestos Generales del Estado hacia los consistorios díscolos, algo complejo, o un recurso contencioso-administrativo.

Carmen Duce, coordinadora de la campaña Clean Cities —que agrupa a Ecologistas en Acción, Ecodes, ConBici, ISGlobal y Salud por derecho—, critica estos casos sangrantes. “Nos parece muy preocupante y muy serio que haya ciudades que no quieran instarla una ZBE, que es incumplir la ley. Si yo tengo que cumplir las leyes, ¿por qué estos alcaldes no? Están teniendo una actitud de desobediencia y es gravísimo”.

Diferentes entidades ecologistas están estudiando denunciar en los tribunales a las urbes incumplidoras. Patxi Ramírez, portavoz de Ecologistas en Acción Arganda, apunta: “Que una administración se declare en rebeldía ante una ley, aunque no tenga consecuencias legales, no es lógico. Debería ser el Estado el que denunciara a los ayuntamientos insumisos. En cualquier caso, nosotros también estamos estudiando si llevar el caso a los tribunales, aunque tenemos que verlo bien, porque los gastos judiciales son elevados”.

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