La Fiscalía pide archivar la querella contra el rey Juan Carlos por delitos fiscales presentada por exmagistrados del Supremo y exfiscales

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de inadmitir y archivar la querella contra Juan Carlos I por cinco delitos fiscales, que presentaron ante la Sala Segunda del alto tribunal en noviembre varios exmagistrados del Supremo y exfiscales. Los denunciantes sostienen que la regularización que el Monarca emérito hizo fue ilegal, aunque el ministerio público la tuvo en cuenta para archivar su investigación.

Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca ―la regularización― no cumplió los requisitos legales para su aplicación.

En su escrito, la Fiscalía del Supremo recuerda ahora que ya abrió diligencias sobre el Rey emérito el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020 y que, “tras una exhaustiva investigación”, se archivaron el 2 de marzo de 2022. El ministerio público aduce, para apoyar que la causa se inadmita y luego se archive, que en la actual querella “no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintas a las ya consideradas para dictar el archivo” entonces.

La actual querella ha sido impulsada por magistrados jubilados del Tribunal Supremo como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción, también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, a la que se suma el filósofo Santiago Alba y la periodista Pilar del Río. Los querellantes sostienen que la Fiscalía informó al rey emérito de que la investigación se abrió por la existencia de posibles infracciones tributarias y que los delitos no han prescrito aún. Según la querella, el rey emérito pagó más de cinco millones de euros de las regularizaciones extraordinarias con 12 préstamos realizados por personas físicas y jurídicas, cuando —señala el texto— no es posible “la regularización de las defraudaciones tributarias después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía, que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularización”.

Ahora, el ministerio público asegura sobre la primera de las diligencias de 2020, que en el decreto de archivo se hacía constar que “pese a que la investigación desarrollada en el marco de las Diligencias de Investigación 40/2020 no permite ejercitar acción penal alguna contra Su Majestad don Juan Carlos de Borbón en atención a las diferentes razones que se exponen a lo largo del Decreto —básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del jefe del Estado o la regularización fiscal—, ha sido precisamente la actuación de la Fiscalía la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas por Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.

Y, en relación con las segundas diligencias de investigación, el escrito de la fiscalía apunta que el decreto de archivo señalaba que “entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”. Y especifica que, “en todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación deel Rey Don Juan Carlos I y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución española, las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”.