Así arrancó el ‘caso FP’ que afecta al Gobierno de Ayuso: “Le requiero formalmente 1,4 millones”

18 de septiembre de 2023. Dos centros educativos de la Comunidad de Madrid reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones, a las que accedió EL PAÍS. Acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, y a que la Fiscalía investigue al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec) para obras en al menos ocho centros educativos en 2021, 2022 y 2023. “Una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva”, advierte el Ministerio Fiscal, pues los burofaxes llevan a descubrir que no se convocaron los concursos públicos preceptivos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia. Así ocurre todo.

Los burofaxes enviados por la representación del empresario Gabriel Navarro —que llega a reunirse en la puerta del Sol con un asesor de la presidenta para desencallar la situación, según su relato—, llegan en septiembre de 2023 al centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar. En esas comunicaciones se advierte de que “no han sido atendidos ninguno de los correos electrónicos remitidos por el grupo que represento [Virelec] a fin de alcanzar un acuerdo que incorpore un calendario de pagos”. Que por ello, “con carácter previo al inicio de las acciones jurisdiccionales a las que haya lugar en derecho”, se procede a reclamar la cantidad adeudad por esa vía, a la que seguirá reiterar el requerimiento, tras cinco días hábiles, a la directora general de educación secundaria, formación profesional y régimen especial, y, si ese contacto no fructifica, a la directora del área territorial de Madrid capital y a la directora general de gestión económica.

El caso FP acaba de estallar. Desde entonces tiene pendientes a cargos clave del PP de Madrid: Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea, y entonces consejero de Educación, y Rocío Albert, ahora consejera de Economía, Hacienda y Empleo, y entonces viceconsejera. Y sus aristas son múltiples.

Una: en abril de 2024, el Ejecutivo regional denuncia ante la Fiscalía regional un posible caso de corrupción que afecta presuntamente a Alfonso Mateos, que hasta febrero de aquel año fue subdirector general de Centros de Formación Profesional, y a otros dos funcionarios.

Dos: por su parte, la representación legal del empresario inicia un procedimiento administrativo reclamando cuantías no pagadas por trabajos realizados.

Tres: también interpone una denuncia por daños contra la administración, al considerar que se ha deteriorado, supuestamente a propósito, parte de las obras que ha entregado. Por ello, previsiblemente, acabará pidiendo una indemnización.

Y cuatro: una jueza ve “posible infracción penal” en el presunto fraccionamiento de facturas para reformar centros de FP, tras sendas denuncias de Podemos y PSOE por prevaricación administrativa en su construcción, a lo que se une que Más Madrid lleve ante la Fiscalía 342 contratos menores del Gobierno de Ayuso que considera sospechosos de haber sido troceados para eludir controles y evitar concursos públicos.

Tráfico de influencias

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

Durante la investigación, Mateos, exsubdirector general de Centros de Formación Profesional de la Comunidad, reconoció al declarar como testigo que conocía al empresario que está al frente del grupo Virelec desde antes de llegar a ser alto cargo. Cuando Mateos era secretario del instituto Virgen de la Paloma, les presentó un profesor. La relación se mantuvo luego “por cuestiones personales” que incluyeron encuentros y llamadas. Pero Mateos sostuvo en su declaración que “nunca” ordenó a los directores de los centros reformados pagos a favor del grupo Virelec.

“Parece existir un vínculo personal”, concluyen los investigadores. Estos, por lo tanto, alimentan la tesis de que supuestamente pudo haber regalos o dádivas para que el empresario lograra esos contratos.

“No es así. No hay tráfico de influencias”, asegura una fuente conocedora de la estrategia del empresario. “El gasto por estas obras ha sido mayor que el ingreso”, añade. “Con esto, ha perdido dinero, y lo que está claro es que si tienes algo que esconder, no lo denuncias, como ha hecho él”, sigue este interlocutor, que afirma que el sistema de construcción a través de contratos menores estaba generalizado en la región, y no fue de uso exclusivo con la compañía: “Hay 250 gabrieles [en referencia al empresario de Virelec]”.