La Fiscalía investiga al Gobierno de Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores para obras en ocho centros educativos

La Fiscalía ve “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: en lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec). Así consta en documentación a la que accedió EL PAÍS, y que detalla que por esta vía se gastaron más de tres millones en ocho centros, aunque la investigación sigue abierta, y hay sospechas sobre al menos otros cuatro. El caso arrancó con una denuncia de la propia Administración, adelantada por eldiario.es, y afecta a una época en la que Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, lideraba la cartera de Educación. La jueza que instruye el caso tras una denuncia de Podemos ve “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” en un modelo de gestión también denunciado por el PSOE y Más Madrid.

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

Ese supuesto beneficiado es precisamente quien dio la voz de alarma. Corre 2023 cuando el Gobierno regional recibe un burofax que causa un terremoto. La representación del grupo Virelec reclama el pago de 1,4 millones por unas obras realizadas, según se relata en documentación oficial. La Administración se pone a investigar. En la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figura ningún expediente de contratación de estos trabajos. En consecuencia, se solicita un informe de auditoría a la Intervención General, que acaba detectando “provisionalmente” hasta 3,9 millones en pagos solo a esta empresa. Todo acaba en una denuncia del Gobierno ante la Fiscalía regional por un posible caso de corrupción que afecta a Alfonso Mateos, que hasta febrero fue subdirector general de Centros de Formación Profesional, y dos funcionarios directores de centros educativos.

Durante la investigación, Mateos reconoció al declarar como testigo que conocía al empresario que está al frente del grupo Virelec, G. N., desde antes de llegar a ser alto cargo. Cuando Mateos era secretario del instituto Virgen de la Paloma, les presentó un profesor. Ahí llegó el primer contrato: un cambio de bombillas y farolas para el que se pidieron tres presupuestos, siendo el más económico el de este empresario, según la versión de Mateos. La relación se mantuvo luego “por cuestiones personales” que incluyeron encuentros y llamadas. Pero Mateos sostuvo en su declaración que “nunca” ordenó a los directores de los centros reformados pagos a favor del grupo Virelec. “Parece existir un vínculo personal”, concluyen los investigadores.

Estas son las posibles irregularidades contempladas en la ley de contratos del sector público que comunica la Administración: la posible contratación verbal (artículos 37 y 132), y la ausencia de un documento que plasme las condiciones de licitación (artículo 153) o fraccionamiento de la cuantía de los contratos para poder usar el contrato menor.

La Fiscalía divide sus pesquisas en tres bloques que tienen en común la existencia de “posibles irregularidades” pero están en diferente fase de investigación y constatación, entre otras cosas porque se sigue intentando desenredar la madeja de empresas vinculadas a Virelec que también habrían podido hacer obras.

El primero afecta a la denuncia original sobre el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar. “La Intervención General de la Comunidad de Madrid ya ha emitido informe constatando las irregularidades”, se señala sobre unas obras por las que el Grupo Virelec presupuestó 2.417.720,5 euros, y cobró 1.281.392,87, según la Intervención regional, y que habrían sido encargadas “de forma verbal, y sin que consten documentos de formal licitación, publicidad, adjudicación, control ni formalización”. Los pagos habrían sido realizados por los directores de los centros tras recibir ingresos extraordinarios de la Comunidad. Estos apuntaron ante la Comunidad a que cumplían órdenes de Mateos, “actuando la cuenta de gestión de los centros educativos con un mero carácter instrumental en la cadena de pagos”.

El segundo bloque comprende a centros en los que la Intervención regional también dice haber detectado irregularidades. Se trata de los IES Antonio Machado, Conservatorio profesional de música de Alcalá de Henares y Escuela de arte Alberto Corazón, “con pagos presuntamente efectuados con la misma mecánica, y sin proceso de contratación y fraccionamiento de contratos, por importe conjunto de 1.013.152,94 euros, con el mismo beneficiario en el entorno de Virelec”. Este bloque también incluye a los IES Virgen de la Paloma, Príncipe Felipe, Tetuán de las Victorias y Ciudad de los Poetas “con pagos por montante total de 904.801,35 euros, al parecer también a sociedades y personas vinculadas a Virelec; cifra de carácter provisional”.

El tercer bloque es el que estaba menos trabajado cuando se emitió el informe, en octubre, pues ni siquiera se había pronunciado la Intervención. Son la Escuela de Idiomas y el Centro territorial de innovación y formación sur; y los IES Carlos Busoña y Pío Baroja.

Enrique Ossorio

Los investigadores han identificado a tres personas “que habrían realizado el impulso para el pago de las diferentes cantidades con cargo indebido a ciertas partidas presupuestarias” en el caso de los centros del primer bloque. Se trata del subdirector General de Centros de Educación Secundaria; del director General de Centros de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; y del subdirector General de Centros Formación Profesional y Régimen Especial, Alfonso Mateos, a quien denunció la propia Comunidad.

Este exalto cargo declaró que “esta mecánica” de pagos se hacía ya antes de que él entrara en la subdirección. Que “se advertía que los centros tenían libertad de actuación siempre que no sobrepasara el importe de 40.000 euros establecido en la Ley de Contratos para obras у 15.000 en suministros”. Y que las memorias que él realizaba acababan siendo firmadas por el consejero de Educación (Ossorio) si el interventor delegado daba su visto bueno.

“En el presente caso, todos los informes coinciden en la infracción de distintos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la ausencia de tramitación por la Consejería, del expediente de contratación que correspondería atendiendo a la naturaleza e importe de los proyectos”, afea la Fiscalía a ese departamento del Gobierno de Ayuso. “En las obras del IES Ciudad Escolar y del IES Hotel Escuela, la Consejería, ante el importe del proyecto, debería haber elevado la autorización del gasto al Consejo de Gobierno, según señala el informe de Intervención”, añade. “En definitiva, una grosera y palmaria omisión del procedimiento”.

Frente a esta polémica que afecta a su etapa como consejero, y a la de la actual consejera de Hacienda, Rocío Albert, entonces viceconsejera, una fuente del máximo rango en el gobierno describió a ambos como “tranquilos”. El criterio oficial, según otro interlocutor, es que una cosa es autorizar un presupuesto, y otra cómo decidieran los centros ejecutarlo.